El Constitucional rechaza suspender la pena de prisión de los condenados por el ‘caso de los ERE’

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la medida cautelar solicitada por seis condenados del caso de los ERE de Andalucía para que se suspendieran las penas de prisión que les fueron impuestas mientras se estudia el fondo de su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo. De los 12 condenados en esta causa, la mitad están cumpliendo penas privativas de libertad desde finales del año pasado o principios del presente. Entre los que no han entrado en prisión está el expresidente andaluz José Antonio Griñán, quien, a pesar de haber sido condenado a seis años por malversación y prevaricación, nunca llegó a ingresar en la cárcel por razones de salud. La médica forense aconsejó que Griñán pudiese seguir en libertad para recibir el tratamiento del cáncer que padece y así lo decidió la Audiencia de Sevilla; por tanto, el expresidente retiró la petición de suspensión de la pena.

También fue condenado por malversación y prevaricación el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, en este caso a siete años de prisión. Viera, sin embargo, está en tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad. Se encuentra asimismo en tratamiento médico. Estuvo en la cárcel de enero a junio.

Los condenados en el caso de los ERE que tras dichas excarcelaciones permanecen en prisión ―y son, por tanto, los afectados por la denegación de la medida cautelar acordada por el Constitucional― son Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación), Jesús María Rodríguez (exviceconsejero del mismo departamento), Antonio Fernández (exconsejero de Empleo), Carmen Martínez Aguayo (extitular de Hacienda), Miguel Ángel Serrano (ex director general de la Agencia Idea) y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también alegó enfermedad pero entró en la cárcel en abril.

Contra el fondo del asunto, la sentencia del caso de los ERE, se interpusieron 12 recursos de amparo, por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Tales impugnaciones siguen su curso y se resolverán a lo largo de los próximos meses.

El rechazo de la medida cautelar pedida por parte de los condenados se ha basado en esencia en la doctrina del propio Constitucional, en el sentido de no suspender (salvo circunstancias excepcionales) el cumplimiento de las penas de prisión de más de cinco años.