Una comarca granadina en contra del expolio de su agua
El Valle de Lecrín se levanta contra una embotelladora que prevé extraer casi medio millón de litros al día para venderlos en los países árabes
La comarca granadina del Valle de Lecrín, a medio camino entre la capital y la Costa Tropical, está compuesta por 17 pueblos. No es fácil poner a tanta gente de acuerdo —aunque sea en contra de algo— sobre un asunto y, sin embargo, el 13 de julio pasado, un texto del Boletín Oficial del Estado (BOE) lo consiguió. Hay unanimidad en contra de la concesión que ese BOE otorga a la empresa Aguas Bellavista SL del aprovechamiento durante 25 años de las aguas subterráneas de un pozo originalmente destinado a regar almendros. En otras palabras, le concede la posibilidad de embotellar esa agua y comercializarla. La autorización permite extraer ocho litros por segundo, 28.800 litros por hora o 460.800 por las 16 horas diarias que la empresa concesionaria explotará el pozo. 460 metros cúbicos al día de agua durante 25 años que, en una época de escasez hídrica como la actual ponen en riesgo el agua de beber y regar de 17 pueblos. Por eso, el acuerdo es unánime: nadie quiere la embotelladora.
Rosa Fernández, portavoz de la Plataforma para la defensa del Agua del Valle de Lecrín y Sierra Nevada, entiende que poner en marcha esta embotelladora supondrá “la privatización de un recurso fundamental como es el agua”, dice. El Valle de Lecrín, comenta, “no es una comarca despoblada porque tiene opciones como la agricultura o el turismo, que lo mantienen vivo. Y siempre se ha hecho una gestión del agua justa. Pero si la venden a empresas, les están vendiendo nuestro futuro, porque sin ella no es posible vivir”. En cualquier caso, la autorización de hace dos meses no es el sí definitivo y aún parece haber espacio para recursos y trámites nuevos. Es el caso de Padul, el pueblo vecino. Aunque la embotelladora está situada en el término municipal vecino de Cozvíjar, perteneciente al Ayuntamiento de Villamena, el Ayuntamiento de Padul es el primero que ha presentado recurso contra esa autorización.
Celia Villena (IU), alcaldesa de Padul, explica que “hemos presentado recurso de alzada, un paso administrativo, pero si no lo paralizan, acudiremos al juzgado. No queremos la embotelladora”. Ese negocio, explica, se situará, si llega a término, a poco más de dos kilómetros de la Laguna de Padul, un humedal protegido que temen que se vea afectado por las extracciones de agua. En esa zona, dice José Manuel Enríquez, de la plataforma para la defensa del agua, “todos los acuíferos están conectados” y unos se recuperan a costa de otros. Además, mantiene, “son ya demasiadas extracciones industriales”. Se refiere a otra embotelladora que hay en la localidad cercana de Dúrcal, a apenas seis kilómetros en línea recta de la recientemente aprobada, que extrae 10 litros por segundo durante las 24 horas del día. La plataforma advierte contra la petición de una tercera empresa para abrir otra planta de extracción de agua cerca de allí. “Vamos a impedir a toda costa que se abran nuevas embotelladoras. No vamos a permitir una colonización energética”, dice Enríquez, que se refiere a la multiplicación de peticiones para implantar aerogeneradores, embotelladoras y huertos solares en la zona.
Aunque a efectos del posible expolio del recurso es indiferente, hay una circunstancia que incrementa en cierto modo la molestia de los lugareños y es el destino del agua. La empresa reconoce en su documentación que la localización del pozo es interesante por “su corta distancia y buena comunicación con el Puerto de Motril [a 44 kilómetros] con vista a la exportación a los países árabes, que cada día son más demandantes de las aguas españolas, principalmente las de Andalucía”. Y debe ser cierto ese interés por el agua foránea en Asia porque, explica Rosa Fernández, gran parte del agua que se embotella en la localidad vecina de Dúrcal viaja a China y los países árabes.
Aguas del Manar, como han denominado a lo que antes era el pozo para regar almendros, está en Cozvíjar. Su alcalde es Manuel Luis Vílchez (PSOE) y en este momento, dice, “no sé si la embotelladora se pondrá finalmente en marcha”. Vílchez se siente contra la espada y la pared. “Estoy en contra porque es cierto que a largo plazo puede quitar recursos hídricos, pero si me piden alguna licencia y la empresa cumple la legislación no me queda otra que dársela”. Vílchez, dice, ha consultado a la Junta y su única posibilidad de negarse es si “tenemos que dar una declaración de bien de interés social para esa actividad. En ese caso, pasaría por el pleno municipal y podríamos negarlo”.
El BOE concedió “el aprovechamiento” y, valga el juego de palabras, así será para la empresa que, llegado el caso, ponga en marcha la embotelladora. Más allá de los costes de instalación industrial, algo más de 3,6 millones de euros según la valoración de la empresa, el agua es gratis para la empresa, que no está obligada a pagar canon alguno por ella, que va de la profundidad de la tierra a la botella sin que la administración y los ciudadanos recauden nada. Curiosa exención al uso de esa agua común ya que ese mismo líquido, si se dedicara a riego agrícola habría que pagarlo. Según la comunidad de regantes que gestiona la zona, el agricultor pagará por litros consumidos o un canon fijo por hectárea o la medida de superficie propia del lugar. Un agua, por cierto, que es tratada como un elemento mineral —“como si fuera arena o cualquier materia prima mineral”, explica Rosa Fernández, de la plataforma para la defensa del agua— ya que este tipo de extracciones está regulada por la Ley de Minas de 1973, y no por ley de agua alguna. Como apostilla Fernández, “es una ley no solo preconstitucional sino que el escenario medioambiental ha cambiado muchísimo en estos 50 años”. En cuanto a los puestos de trabajo que se crean, tampoco es una industria que saque adelante a ninguna comarca. Serán 13 puestos de trabajo: un gerente, dos encargados electromecánicos, tres administrativos y responsables de ventas y ocho operarios de planta.
Juan de la Flor es el empresario que dirige Aguas de Bellavista y el previsible gerente de la explotación. Preguntado por este diario, De la Flor no ha querido comentar las molestias de los vecinos del Valle ni especificar cuándo comenzará la explotación. “Está todo escrito en el BOE. No importa mi opinión ni tengo por qué darla. Las opiniones no valen, lo que valen son los escritos”, contestó a una llamada telefónica de EL PAÍS.
Ya sea para exportación o para consumo en España, el negocio del agua embotellada va viento en popa. Según el Informe del Consumo de Alimentación en España 2022, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles beben 64,28 litros por persona y año, que suponen a un precio de 0,21 euros el litro, un gasto en agua de botella de 13,63 euros por persona. O en otra dimensión, casi 3.000 millones de litros en botellas que suponen un negocio de 630 millones de euros.
Otros riesgos para El Valle
La extracción masiva del agua no es el único riesgo que perciben los pobladores de los pueblos que componen el Valle de Lecrín. Los aerogeneradores se multiplican a ritmo rápido y algunos de ellos han provocado especial malestar en la ciudadanía. Es el caso de dos grandes molinos ya aprobados en la zona que hace un año –en la primera quincena de septiembre– ardieron más de 5.000 hectáreas de zona forestal. Y, en el horizonte, algunas peticiones ya de huertos solares. Es lo que José Manuel Enríquez denomina “colonización energética. Agua, viento y sol vendido a las empresas con más perjuicios que beneficios para la gente local”.
