El fiscal que acusa a los investigadores del ‘caso Cursach’: “Se animaban unos a otros y ninguno se atrevía a contrariar a juez y fiscal”

“La psicología de grupo permitió que actuaran todos como una unidad en la que se animaban unos a otros y ninguno de ellos se atrevía a contrariar a juez y fiscal a pesar de que tenían dudas”. Sobre esta idea ha pivotado el informe definitivo del fiscal Tomás Herranz, encargado de dirigir la acusación que sienta en el banquillo al exjuez Manuel Penalva, el fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional de Baleares en el juicio que se sigue desde el pasado mes de junio contra los seis funcionarios por presuntas irregularidades en la instrucción de la causa contra Bartolomé Cursach, el mayor empresario de ocio nocturno de Mallorca. Este martes el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones y mantiene su petición inicial de cárcel que suma más de 500 años para los seis acusados.

La fiscalía ha mantenido el grueso de sus acusaciones y apenas ha retirado algunos de los episodios de obstrucción a la justicia que imputaba a algunos de los acusados. El exjuez Manuel Penalva se enfrenta a una pena de 118 años de cárcel por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial, mientras que la fiscalía reclama para el exfiscal Miguel Ángel Subirán una condena de 121 años por los mismos delitos. Para los cuatro agentes de la Policía Nacional las penas solicitadas van de los 83 a los 110 años de cárcel por un rosario de delitos similares. Herranz ha explicado que en su escrito definitivo no ha retirado las acusaciones por presunta revelación de secretos, a pesar de que el tribunal anuló la inclusión de las conversaciones de WhatsApp en las que se basaban. “Para el caso de que no estuviéramos conformes con la sentencia que en su día se dicte, que no se achaque al fiscal que había retirado los hechos” ha señalado Herranz, quien ha insistido con su desacuerdo en la decisión.

Tras las conclusiones, el fiscal ha abierto el turno de exposición de informes finales, en el que ha acusado al juez Penalva de actuar “con sesgos y prejuicios” y de no haber decidido con “imparcialidad” en las decisiones que tomó a lo largo del proceso. “Tenían la conciencia negra” ha dicho sobre los seis procesados, a quienes ha acusado de actuar de forma conjunta y de animarse unos a otros guiados por los prejuicios. “Se atribuye a Sócrates la afirmación de las cuatro características que corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Miro a la sala y el tribunal está dotado de estas virtudes. Cuando giro la vista y veo el banquillo de los acusados, con una persona que en su momento era juez, veo que cuanto menos le falla eso de ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, porque no hacía ni lo uno ni lo otro”, ha arrancado Herranz en su discurso.

“Prejuicios y preferencias”

Durante más tres horas y media ha ido desgranando una a una las acusaciones plasmadas en su escrito y poniendo en tela de juicio las actuaciones, sobre todo, del juez instructor. Para Herranz, el magistrado tomaba las decisiones antes de que se produjeran las declaraciones, incluso con ausencia de indicios de delito, y no tomó ninguna medida “que impidiera que sus prejuicios y preferencias no tuvieran impacto en sus decisiones”. Herranz ha repasado las detenciones, a su juicio ilegales, que se practicaron durante la investigación del llamado caso ORA, que indagaba el supuesto amaño del concurso para la adjudicación del servicio de estacionamiento limitado de Palma. Un concurso que, ha recordado Herranz, “careció de cualquier irregularidad” y en el que no hubo indicio alguno de delito y por eso el caso se archivó.

Para el fiscal la investigación del caso ORA fue “prospectiva” y se inició con la declaración de un testigo que no aportó “fuente de prueba”. Para el fiscal causa “asombro” que se iniciara una causa con una declaración en la que “no hay nada, todo es especulación, todo es se comenta se dice” porque considera que en ese momento el juez tendría que haber dicho al declarante “vete y cuanto tengas alguna prueba, vuelves”. El Ministerio público cree que las detenciones practicadas a lo largo de la instrucción fueron delictivas porque “fueron arbitrarias y no estaban justificadas” y ha señalado que el objetivo de las detenciones de varios funcionarios era que éstos delataran a terceras personas, una actuación que el fiscal ha confesado que le “repugna”.

Han sido numerosos los momentos de su intervención en los que ha leído los mensajes que los acusados intercambiaron en un grupo de WhatsApp, cuya nulidad reclamaron los acusados al considerar que la información se había obtenido de forma ilícita mediante la intervención de los teléfonos móviles de dos periodistas que fue considerada ilegal en dos sentencias. El fiscal ha leído una serie de mensajes de Penalva en esos chats en los que decía que era una “putada” no poder “enchironar” a uno de los empresarios investigados por una nueva causa. “Es una putada, dice, vaya con la imparcialidad, vaya con la ponderación” ha dicho el fiscal con cierta sorna. Durante el final de su exposición, Herranz ha querido resumir el porqué de los hechos que cree que tienen una explicación en la psicología de masas. “Hay múltiples muestras de la alimentación de la psicología de grupo que permitió que actuaran todos como una unidad en la que se animaban unos a otros y ninguno de ellos se atrevía a contrariar al juez y el fiscal pese a tener dudas” ha subrayado Herranz, quien también ha citado a Sigmund Freud y Ortega y Gasset para teorizar sobre el “sesgo de grupo” que puede provocar en el juez una predeterminación hacia la culpabilidad alejada de lo que debe ser una valoración de los hechos al margen de la creencia de quien se somete a juicio.