La Fiscalía investigará la adjudicación a dedo de la Junta de Andalucía a una empresa para la reparación de carreteras

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias para investigar la adjudicación por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de dos contratos de obra por más de cuatro millones de euros. La empresa a la que se otorgaron los contratos por el procedimiento de urgencia, Obras Civiles y Edificación Barveal, S.L., no estaba inscrita ni en el registro de licitadores de la Junta y ni en el del Estado, requisito para optar a este tipo de contratos. También carecía de clasificación habilitante para la actividad para la que fue elegida por la administración regional y no tenía trabajadores. Barveal subcontrató los trabajos con otras empresas, pese a que el pliego lo prohibía expresamente.

La denuncia de la adjudicación fue interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía de Cádiz, puesto que la empresa tiene su sede en Jerez de la Frontera y las dos obras de las que fue beneficiaria se desarrollaron en carreteras de la provincia. Sin embargo, tal y como ha adelantado la Cadena Ser, que también fue quien primero informó de estas adjudicaciones, será la Fiscalía de Sevilla la que asuma la causa, porque la asignación del contrato se hizo por la Consejería de Fomento, ubicada la capital andaluza.

Los contratos se otorgaron entre 2021 y 2023, un período en el que la Consejería de Fomento firmó por la vía de urgencia, que no precisa concurrencia, hasta 30 acuerdos de este tipo, la mayoría destinados a la reparación de daños en el firme de carreteras autonómicas, por un total de 26 millones de euros. La empresa que obtuvo las obras con mayor volumen de negocio ―dos contratos por cuatro millones de euros en total― de todas las actuaciones tramitadas por la fórmula de emergencia fue Barveal.

La primera adjudicación se produjo el 29 de noviembre de 2021. El director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento contrató con Barveal, recién creada, la realización de obras para reparar hundimientos y deformaciones en la A-390 entre Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia, por un importe de 1.185.845,23 euros. La empresa, con sede en Jerez de la Frontera, no estaba dada de alta en el registro de licitadores y empresas calificadas en el sector público, como determina el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para las entidades adjudicatarias de contratos iguales o superiores a 500.000 euros. Esta inscripción es un requisito que busca acreditar la solvencia de los contratistas y que también requería por entonces la propia Junta en virtud de la Instrucción 1/2021 de la Dirección General de Contratación de 18 de junio de 2021 que obliga a dejar constancia en la formalización del contrato “que el adjudicatario reúne capacidad, solvencia económica y técnica que garantice la adecuada ejecución del encargo”. En el momento de la adjudicación, según la información presentada en el Registro Mercantil, la entidad jerezana tenía unas deudas de 8.597,66 euros.

El contrato establecía que no se admitía subcontratación ni Unión Temporal de Empresas (UTE) para la realización de los trabajos, pero la Consejería de Fomento se lo adjudicó a Barveal, pese a contar con un solo trabajador. Barveal, recién creada, con un capital social de 3.000 euros, no había participado hasta la fecha de la primera contratación por la vía de emergencia con la Consejería de Fomento en ninguna licitación por concurrencia de obras de la Junta o del Ayuntamiento de Jerez, donde se ubica su domicilio social.

El segundo contrato se adjudicó el 18 de enero para la reparación del hundimiento de la calzada derecha en la carretera A-480 entre Sanlúcar de Barrameda y Jerez por valor de 2.890.560,25 euros.

Barveal tiene como administradora única a Bárbara Veas, no tiene página web ni ningún teléfono o dirección de correo electrónico para contratar sus servicios. Su domicilio social está en la calle San Francisco, 29, en Guadalcacín (Jerez de la Frontera), una casa de dos plantas ―sin ningún distintivo que señale que allí hay una constructora―, en la que Veas vive de alquiler desde hace unos años, según confirmó su casero. En todo este tiempo, la Consejería de Fomento y la empresa han defendido que el procedimiento de adjudicación fue correcto y que las obras se ejecutaron en tiempo y forma.