PSOE y Sumar negocian permitir el uso de lenguas cooficiales en todos los actos del Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, reservó un párrafo del primer discurso dirigido a los diputados para proclamar solemnemente su “compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego”. “Quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva”. Su compromiso no pudo hacerse efectivo en ese momento y el nuevo bloque parlamentario (PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, BNG, Junts y ERC) que la aupó a la presidencia de la Cámara trabaja desde entonces en una reforma del Reglamento que lo haga posible.

Sumar ha redactado una propuesta que sirve de base para la negociación y que establece “el derecho de las diputadas y diputados del Congreso a que sus escritos, intervenciones y actuaciones parlamentarias, orales o escritas, en pleno, comisión o diputación permanente se realicen en cualquiera de las lenguas que tengan carácter en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”. Sumar detalla en su propuesta que los servicios de la Cámara “procederán a la interpretación simultánea en castellano de las intervenciones en pleno, comisión o diputación permanente que se desarrollen en una lengua oficial diferente del castellano”.

Los negociadores son conscientes de las complejidades que entraña hacer realidad el compromiso de Armengol. En sus conversaciones, han llegado ya al acuerdo de permitir el uso de las lenguas cooficiales en todos los plenos que celebre el Congreso, y extender esa práctica de manera progresiva al resto de las actividades parlamentarias del Congreso de los Diputados. El diálogo entre todos los grupos intenta resolver los problemas de funcionamiento que puede acarrear extender el uso de las lenguas cooficiales en plenos y comisiones a las iniciativas por escrito. El Congreso es una cámara que produce cada año decenas de leyes, en algunas de las cuales las discusiones más complejas tienen que ver con el significado de una palabra o el género de un adjetivo. Algunos de los negociadores entienden que incorporar el uso de las lenguas cooficiales a los escritos de las iniciativas parlamentarias puede complicar el trabajo legislativo. La propuesta de Sumar establece que los “documentos presentados en lengua oficial diferente al castellano serán traducidos al castellano por los servicios de la Cámara”.

Salvando este inconveniente, los legisladores de los partidos que votaron unidos a la presidenta Armengol pretenden aplicar en el Congreso de los Diputados un uso de las lenguas cooficiales mucho más extendido del que ahora está vigente en el Senado, la Cámara territorial.

Las elecciones del 23-J dejaron al PP con mayoría absoluta en el Senado. Este partido rechaza el uso de lenguas cooficiales en el Congreso con el siguiente argumento: “Poner traducción simultánea en una sala donde todos comparten una lengua, el castellano, no es de sentido común, supondrá un coste enorme y una gran ralentización del proceso”.

El Senado modificó en 2005 su reglamento, como ahora pretende hacer el Congreso, para permitir el uso de las lenguas cooficiales, pero solo en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que apenas se reúne, mediante traducción simultánea de catalán, valenciano, euskera y gallego. Cinco años después, el Senado volvió a reformar su reglamento para permitir el uso de esas lenguas durante el debate de las mociones en pleno, que se celebran los martes y los miércoles. Y se estableció la posibilidad de que las iniciativas se publicasen en castellano y en las lenguas cooficiales correspondientes. El Senado destinó 280.000 euros en su último presupuesto anual para garantizar el uso de las lenguas cooficiales conforme a las pautas anteriores.

Sumar fue el grupo parlamentario que adelantó esta iniciativa para el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Un año antes, su socio de Gobierno, el PSOE, rechazó junto a PP, Vox y Ciudadanos una iniciativa parecida que presentó Unidos Podemos y los aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición. El PSOE justificó entonces que las lenguas cooficiales solo deberían usarse en el Senado como cámara de representación territorial y que el castellano era la única lengua de entendimiento común que debía utilizarse en el Congreso.