Las ONG acusan a España de vulnerar la legislación internacional al llevar a Senegal a los 168 migrantes rescatados en el mar

Algunas ONG y asociaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes afirman que España ha vulnerado la legislación internacional al devolver a Senegal a las 168 personas rescatadas el pasado jueves por la Guardia Civil frente a las costas de Mauritania, después de que este país africano se negara a acogerlas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera que esta devolución, al tratarse de una devolución colectiva, vulnera los tratados internacionales firmados por España en materia de derechos humanos y no respeta el derecho de los migrantes a ser atendidos de forma individual, con ayuda de un intérprete, y solicitar asilo. El barco se dirige ya a Senegal y está previsto que llegue en la mañana de este miércoles, día 30.

“El Ministerio del Interior debe paralizar inmediatamente esta devolución”, sostiene Estrella Galán, directora de CEAR, que añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que “toda devolución se debe ofrecer un tratamiento individualizado y las personas deben ser informadas en su lengua materna contando con un intérprete y con asistencia legal”. Las organizaciones arguyen que no es creíble que España haya ofrecido a los migrantes la asistencia jurídica requerida en este caso en materia de derecho de asilo pues, en los cinco días que han pasado desde el rescate, la situación que se ha vivido en la cubierta ha sido de una gran tensión y los guardias han tenido que dedicarse a atender las necesidades más básicas de los migrantes y tratar de calmar sus ánimos.

Fuentes del Ministerio del Interior se han limitado a responder pidiendo “rigor y seriedad” e instando a no lanzar “mensajes irresponsables que pueden poner en peligro la vida de los rescatados”, informa Patricia Ortega Dolz. “La prioridad de la Guardia Civil, que rescató y salvó la vida en el mar de 168 migrantes, y que está realizando un enorme esfuerzo, es resolver una situación complicada a llevar a puerto seguro a los migrantes”, remarcan estas fuentes, que aseguran que “se ha cumplido en todo momento con la legalidad”, aunque no aclaran si se garantizó el derecho de estas personas a solicitar asilo.

Fuentes del operativo de rescate remarcan que “no se trata de una devolución sino de una operación de salvamento”. “Hay una Ley del Mar que está por encima de todo y que impone un rescate/salvamento en el momento en el que hay riesgo vital para las personas. En este caso se rescató a 168 en una patrullera en la que literalmente no caben, y que navega a cuatro nudos en unas condiciones del mar complicadas. Había que buscar el puerto más cercano para asumir el menor riesgo posible de naufragio. Se intentó en Noadibú, pero no se pudo. Y después en Saint Louis, Senegal, donde sí aceptarón. Si hubiese sido más seguro ir a Canarias se habría ido a Canarias”, afirman estas fuentes. Fuentes de Interior afirmaron, no obstante, el primer día que llevar a los migrantes a Canarias no era una opción que estuviera sobre la mesa.

El patrullero de la Guardia Civil Río Tajo, en el que además de las 168 personas rescatadas hay una treintena de guardias civiles, lleva ya cinco días en alta mar y se calcula que llegará en la madrugada del día 30 a Saint Louis, al noroeste de Senegal, un país fronterizo con Mauritania. Durante estos días, las condiciones de las personas embarcadas, entre las que había menores, han sido extremas, teniendo que defecar en cubos y con serios problemas de alimentación, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Para CEAR, la resolución definitiva de devolver a los migrantes a Senegal, desde donde se estima que salió el cayuco que los transportaba, es un error. Fuentes de esta ONG alertan de que Senegal no es un país seguro por la inestabilidad que vive, y que miles de personas han sido detenidas allí en los últimos meses por manifestarse contra el Gobierno. El principal líder de la oposición, Ousmane Sonko, se encuentra en la cárcel desde finales de julio, acusado de llamamiento a la insurrección y complot contra el Estado, y su partido, Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), ha sido disuelto por el Gobierno. “Devolver a personas senegalesas o de otras nacionalidades a este país podría ser una vulneración grave”, afirma Galán.

En esta misma línea se ha pronunciado también Extranjeristas en Red, una asociación que agrupa a abogados de extranjería y que ha cargado toda la responsabilidad en el Ministerio del Interior y, en especial, en su titular, Fernando Grande-Marlaska. En un comunicado, la asociación califica todo el proceso como “una página más de la historia de infamias en la gestión migratoria” por parte de Grande-Marlaska, y lamenta que, “una vez más, ha privado el interés en devolver y expulsar” por encima del de “cumplir la ley y los derechos humanos”.

La negativa de Mauritania a recibir a los migrantes se ha producido a pesar de que este país recibe de España desde 2009 más de 10 millones de euros al año para que colabore en el control de la inmigración irregular. Ambos países son socios en materia migratoria desde 2006 y han firmado varios convenios de colaboración. El Gobierno español sostiene que este rechazo del país africano entra en las “diferencias puntuales de procedimiento” que “no enturbian las relaciones y la cooperación” que mantiene España con Mauritania, según ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa este martes.

Según CEAR, no obstante, este caso “es un nuevo ejemplo” del “riesgo” que supone para los derechos humanos la política de externalización de fronteras y de llegar a acuerdos con terceros países para frenar los flujos migratorios. “Mauritania se ha convertido en los últimos años en un socio estratégico para frenar las llegadas de personas migrantes a España y Europa, a costa de los derechos humanos”, asevera CEAR. La organización ha pedido que se modifique la política migratoria habilitando vías legales y seguras.