Diputados de ida y vuelta en el Congreso para crear grupos parlamentarios

ERC y Junts per Catalunya tendrán en esta legislatura grupo propio en el Congreso —con los beneficios económicos y las ventajas parlamentarias que eso supone— gracias al PSOE y a Sumar. A los dos partidos del Gobierno en funciones les interesa ahora ayudar a ambas formaciones independentistas catalanas, porque necesitan su voto para revalidar el Ejecutivo. Por eso, este jueves han permitido que ERC y Junts registrasen la petición de disponer de grupo propio en la Cámara baja con el préstamo por unos días de cuatro parlamentarios socialistas y dos de Sumar.

El PSOE cederá a Junts sus dos parlamentarios logrados tanto en Girona como en Tarragona. Sumar hará lo mismo con sus dos escaños para ERC en esas mismas circunscripciones. Con ese ardid parlamentario, ambas formaciones superarán el tope del 15% del voto en toda Cataluña, y el Gobierno sostiene que de esa manera se respeta lo recogido por el Reglamento del Congreso.

PSOE y Sumar confían en que la Mesa de la Cámara permita esta solución el lunes y que los letrados hagan de nuevo la vista gorda con el incumplimiento o retorcimiento del reglamento, como ha ocurrido en otras ocasiones. Expertos en Derecho Constitucional apuestan por modificar las reglas que rigen el funcionamiento de las Cortes para aclarar “el confuso espectáculo de los diputados de ida y vuelta”. En otros mandatos esas ayudas las han facilitado el PSOE a CiU, PNV y Coalición Canaria; el PP a UPN; el PNV a CC; CC al PAR; UPyD a Foro Asturias o el BNG a ERC e IU. En mayo de 2019, la Mesa del Congreso decidió por unanimidad impedir que Junts tuviera grupo propio, con entonces también siete escaños y varias ofertas de cesiones, porque no cumplía ninguno de los requisitos del artículo y entendían que permitirlo podría suponer “un fraude de ley”.

La literalidad del artículo 23.1 del Reglamento del Congreso establece las condiciones necesarias para poder disfrutar de un grupo propio: “Los Diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a 5 y, al menos, el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la Nación”.

La redacción de ese artículo podría parecer clara, pero no lo es, a juicio de los múltiples recursos planteados por todo tipo de partidos en esta etapa democrática para solicitar reinterpretaciones favorables a sus intereses a los letrados del Congreso, a la Mesa y en ocasiones al Tribunal Constitucional. Ese órgano ha sido especialmente flexible en varias sentencias, al validar una posición aclaratoria sobre este embrollo en 1995 de la propia Secretaría General del Congreso: “El 15% de los votos no ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones en que presenta una candidatura una entidad política, sino en el conjunto de las circunscripciones, conclusión a la que se llega no solamente desde la interpretación literal del precepto sino también desde la analógica a tenor de lo establecido en el supuesto anterior: el 5% del conjunto nacional, y no en cada una de las circunscripciones de la nación”. Esa interpretación protegería la solución adoptada en este caso para que Junts y ERC tengan grupo propio.

ERC y Junts lograron siete escaños cada uno el 23-J, pero no superaron el 15% en dos de las provincias catalanas donde se presentaron. Esquerra no lo consiguió en Barcelona (12,33%) ni en Girona (14,74%). A Junts le ocurrió lo mismo en Barcelona (9,68%) y en Tarragona (11,08%). Tener grupo propio conlleva ventajas políticas, parlamentarias, económicas y de diferentes recursos en el día a día de los trabajos en la Cámara.

La coalición progresista en el Gobierno quiere ahora que ERC, que fue un aliado habitual en la anterior legislatura, y Junts, que en ese mandato se destacó por la dureza de sus invectivas contra el Ejecutivo, tengan esa posición privilegiada porque ambas formaciones son imprescindibles para que Sánchez pueda tener opciones de ser investido presidente. Con los partidos que ya se han decantado más los votos de ERC y Junts, el líder socialista está en disposición de recibir hasta 178 apoyos, seis más de los que aglutina por ahora el popular Alberto Núñez Feijóo.

Este jueves los partidos registraron en la Cámara la solicitud de tener grupo, antes de que acabe el plazo formal este viernes, y la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, lo refrendará en una reunión el lunes. Eso es lo que esperan esos dos partidos, según fuentes de su dirección parlamentaria, una vez encontrada la fórmula que le aconsejaron los propios letrados de las Cortes en la línea de ceder temporalmente a esas dos formaciones los suficientes diputados “para arrastrar su porcentaje de voto por encima del 15% en el cómputo medio de todo su territorio”, es decir, contando el voto cosechado en toda Cataluña y no individualmente en cada una de sus cuatro circunscripciones.

Tanto desde Sumar como desde el PSOE aseguran que de esta manera cumplen reglamentariamente con los precedentes comprobados en anteriores ocasiones similares en el Congreso. “Lo que los letrados no querían ni iban a permitir de ninguna manera es que se dividiera en una misma circunscripción el número de escaños y, por tanto, de votos en diferentes partidos y por eso Sumar da todos sus diputados (dos) en Tarragona y Girona y el PSOE hace lo mismo (cuatro en total)”, explican varios de los negociadores. Es decir, todos los que obtuvieron el 23-J en esas provincias.

El PSOE se tropezó en esa negociación con algunos problemas logísticos, como que en Lleida no podían prestarse a esa operación porque una de sus diputadas allí es la nueva secretaria general del grupo y debe, por tanto, permanecer en él y en Barcelona obtuvieron 12 escaños, muchos más de los necesarios para ser prestados y que no se podían dividir, además de estar en esa lista varios ministros del Gobierno.

Expertos en Derecho Constitucional como David Delgado Ramos, que ha estudiado los numerosos precedentes de este tipo de concesiones entre partidos tanto en el Congreso como incluso aún más en el Senado, entienden que es imprescindible abordar una reforma del Reglamento de la Cámara para dejar más nítidas y “menos confusas o interpretables” las actuales exigencias.