La alerta ignorada del mayor almacén clandestino de litio de Europa: “Podría haber explotado”

Un trajín de camiones descargaba palés ante un chalet de Otero de Herreros (Segovia, 900 habitantes). Allí vivía un hombre de unos 40 años, militar en activo, receptor de los pedidos que inquietaban a los vecinos. Descubrieron que recibía un sinfín de baterías de coche eléctrico usadas, compuestas por litio, un material peligroso por su capacidad explosiva o contaminante. La comunidad de vecinos de la urbanización alertó en verano de 2021 al Ayuntamiento de la acumulación y tratamiento irregular de ese material y este consultó por escrito al sospechoso sobre esas posibles actividades ilícitas. El hombre lo negó y lo atribuyó a un “bricolaje doméstico”. Acaba de ser detenido con 45 toneladas de este residuo valoradas en 1,5 millones de euros.

Un enorme dispositivo de la Guardia Civil se desplegó el 27 de julio en la urbanización Canalejas del pueblo, llamada así por José Canalejas, expresidente del Gobierno y exministro en tiempos de Alfonso XIII y la regente María Cristina, veraneante en la localidad antes de ser asesinado en 1912. Esas viviendas unifamiliares se encuentran especialmente ocupadas en vacaciones, pero algunas tienen habitantes todo el año. La Guardia Civil informó este lunes de la intervención con miembros de la jefatura de información UCE 3 (Unidad Central Especial), cuerpo de élite para misiones complejas, e integrantes de la comandancia de Segovia junto al equipo especialista de medio ambiente del Seprona y el servicio cinológico, perros adiestrados para “seguridad y rescate, detectores de explosivos y detectores de drogas”, según la Guardia Civil.

Fuentes del organismo indican que el arrestado es militar en activo y que el Ministerio de Defensa abrió los movimientos sobre él. Además, destacan que la UCE 3 participó “por la gran cantidad de litio como posible explosivo, no como potencial caso terrorista”. Las baterías de litio son susceptibles de explosión, como ocurre en los teléfonos móviles con altas temperaturas, y requieren condiciones rigurosas de almacenaje por su peligro para las personas y el medio ambiente.

Estas precauciones, según las autoridades, no se mantenían en ese domicilio de Otero de Herreros, donde el individuo había ampliado el sótano para acumular las 45 toneladas del residuo, el mayor alijo jamás hallado en Europa, y efectuar sus trabajos irregulares por los que podría haber obtenido 1,5 millones de euros en el mercado negro mediante los foros de mensajería instantánea que frecuentaba. La Guardia Civil le atribuye delitos de riesgo provocado por explosión y otros agentes, delito contra los recursos naturales y medio ambiente, contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social. Asimismo, el arrestado tampoco avisaba a los camiones que le traían la mercancía sobre la peligrosidad de la misma.

La comunidad de vecinos avisó hace dos años del posible problema. Un documento remitido al Ayuntamiento y en poder de este diario alertaba de que en la calle del Hombre, 23 “se está desarrollando una actividad consistente en la manipulación de baterías observada durante varios días”. El escrito incluía fotografías de seis palés de baterías de coches eléctricos, equivalente a 36 unidades, y mostraban también una furgoneta como vehículo de transporte. La queja documentaba la legislación sobre el tratamiento de este residuo, pues las baterías de litio ya habían terminado su vida útil, ante su peligrosidad y toxicidad. La comunidad de vecinos solicitaba al primer edil comprobar si la actividad se efectuaba con autorización y si los usos urbanísticos de Canalejas eran compatibles con “la gestión de residuos y el almacenaje y manipulación de residuos de baterías”. En caso contrario, instaban a impedir esa “actividad peligrosa por el riesgo de contaminación y de incendio”.

Del “bricolaje doméstico” al contrabando

El alcalde, Meinardo Sanz (PP), respondió afirmando que se había escrito con el vecino señalado y que este negó cualquier “tipo de actividad con dicho producto, tratándose de algún tipo de bricolaje doméstico”. El regidor añadió haber consultado “a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, en este caso la Guardia Civil, “manifestando [la Guardia Civil] que no existen indicios de actividad que puedan ser objeto de investigación”. Sin embargo, fuentes de la comandancia de Segovia aseguran que no les constan advertencias del regidor, atribuyen la actuación a “quejas de vecinos e investigación de la Guardia Civil” e indican que “la fachada [del chalet] no era normal, tenía un contenedor asomando”. Según el comunicado difundido este lunes, la denominada Operación Canaleja empezó en enero, cuando los uniformados constataron los frecuentes palés trasladados a la vivienda intervenida.

El alcalde de Otero de Herreros afirma, en conversación telefónica con EL PAÍS, que el hombre llevaba allí “unos 15 o 20 años”. Sanz recuerda que la comunidad de vecinos avisó al Ayuntamiento y asegura que dieron cuenta a la Guardia Civil porque el posteriormente arrestado “causaba molestias a los vecinos”. El regidor señala que “subió el arquitecto de la comunidad al chalet y vio que había material no compatible con el uso residencial”. La administradora de esa comunidad, Esther Lázaro, explica así la secuencia: “El alcalde avisó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que reaccionó rápido, pero no sabemos si la investigación de la Guardia Civil se inició con esa intervención del Seprona o si fue después”. Lázaro evita hablar del propietario al tratarse de un proceso judicializado.

Uno de los vecinos de Otero de Herreros, Javier Monjas, cree que el material “podría haber explotado o contaminado filtrándose a los acuíferos ante la pasividad del Ayuntamiento que conocía el tema y no avisó a los vecinos” y tilda de “inconmensurable estupidez escribir a un delincuente para ver si cometía ilegalidades”. El pueblo, tras el susto, ha vuelto a la calma y las fiestas patronales se han celebrado con relativa normalidad, bajo el recuerdo de la inédita redada en una urbanización normalmente sosegada.