Guerra abierta en el Poder Judicial por los cambios en su órgano ejecutivo

En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vive una situación de gran tensión tras el acceso a la presidencia del abogado y catedrático de derecho civil Vicente Guilarte y los cambios que ha propuesto y conseguido en la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces. Seis vocales sostienen que los relevos son ilegales y creen que pueden deberse al propósito de efectuar algunos nombramientos de magistrados del Supremo, a pesar de que sigue en vigor la ley que los prohibió mientras el Consejo siga en funciones, tras haber caducado su mandato en 2018. Tales designaciones, afirman fuentes del grupo de vocales disidentes, podrían ser las de candidatos que ya hubieran iniciado el proceso para ser nombrados antes de entrar en vigor dicha prohibición.

Por otra parte, ha generado desconcierto el hecho de que Guilarte haya tardado en iniciar los trámites de renuncia a las actividades profesionales que ha venido desarrollando como letrado en ejercicio y como docente universitario, sabiendo que a fecha fija —el pasado día 19— iba a asumir la presidencia del Consejo como presidente suplente, al jubilarse su antecesor, Rafael Mozo. Entre los vocales del grupo disidente se especula con la posibilidad de que una vez producidos los cambios en la comisión permanente —órgano ejecutivo del Poder Judicial—, Guilarte pudiera no seguir. Esta interpretación de los pasos que ha realizado se ha visto alimentada por el hecho de que su designación como presidente de dicha permanente haya sido diferida al próximo día 1 de septiembre, mientras todos los demás cambios de destino de los vocales surtirán efectos desde este 1 de agosto.

Los cambios producidos han supuesto que la comisión permanente se altere por primera vez desde la dimisión del anterior presidente del Supremo, Carlos Lesmes, causada por la falta de renovación del Consejo. El primer presidente suplente, Rafael Mozo, desechó la posibilidad de modificar los equilibrios internos. Ahora figurarán en la permanente cuatro vocales conservadores —Carmen Llombart, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y el presidente, Vicente Guilarte— y tres progresistas, Pilar Sepúlveda, Roser Bach y Mar Cabrejas.

Pero en los dos grupos se han producido fracturas, porque los ingresos han supuesto salidas de dicha comisión correspondientes a ambos sectores. Así, Álvaro Cuesta —progresista—, y Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya —conservadores— han tenido que dejar sus puestos en la permanente. Estos ceses se han producido precisamente después de que los relevados hubieran firmado una solicitud para que el nuevo presidente suplente diera explicaciones al pleno del Consejo “acerca de las condiciones para el desempeño de la presidencia de este órgano constitucional por sustitución”. De lo que se trataba, en suma, era de que Guilarte diera garantías de que iba a presidir la institución respetando el régimen de incompatibilidades previsto para quien desempeñe el cargo, que exige dedicación exclusiva.

Para los seis vocales críticos con las decisiones del presidente —Clara Martínez de Careaga, Nuria Abad y Pilar Sepúlveda, más los tres últimos mencionados y descabalgados de la permanente— es ilegal haber designado para formar parte del “núcleo duro” del Consejo a vocales procedentes de su comisión disciplinaria. La razón es que está previsto que quienes componen esta comisión lo hagan durante toda la duración del mandato del órgano de gobierno de los jueces. Esa duración teórica terminó hace más de cuatro años y medio, pero el hecho es que el Consejo sigue en funciones. De ahí que este grupo de vocales estime que la recomposición de la permanente pueda obedecer a propósitos nada claros, por la simple razón de que no se han llegado a exponer.

Entre los nueve vocales que votaron a favor de los cambios se cree, en cambio, que la resistencia ante la llegada de Guilarte a la presidencia y sus primeras propuestas y decisiones se debe al apego al cargo de algunos de los anteriores integrantes de la permanente. Hay que tener en cuenta que el sueldo de un vocal de dicha comisión ronda los 130.000 euros brutos al año, mientras que el puesto del resto de componentes de otras comisiones es compatible con su tarea profesional habitual en el ámbito jurídico precisamente porque se cobran cantidades muy inferiores por otros conceptos tasados, como asistencia a reuniones, dietas o desplazamientos. La mayor incompatibilidad es la que rige para el presidente, que no puede tener ninguna actividad ajena al desempeño de su cargo.