Guilarte inicia los trámites para mantenerse al frente del Consejo General del Poder Judicial

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha hecho público este martes que ha tomado la decisión definitiva de asumir este cargo y, por tanto, ha iniciado “los trámites para cesar en las actividades académicas y profesionales” que venía desarrollando hasta ahora en paralelo a su pertenencia a este órgano como vocal de la comisión disciplinaria. Guilarte cerró así una semana de dudas e incertidumbre sobre su efectiva aceptación de la presidencia del Consejo, sobre cuya renovación sigue sin existir indicio alguno tras elecciones del pasado día 23.

En paralelo, Guilarte ha conseguido el aval del pleno —que discurrió con momentos muy tensos— para modificar la comisión permanente sin alterar los equilibrios internos, ya que seguirá habiendo cuatro vocales conservadores y tres progresistas. Estos cambios, sin embargo, contaron con el rechazo frontal de seis vocales, que formularon un voto particular en contra, por considerarlos manifiestamente ilegales, y uno en blanco, de Wenceslao Olea. El motivo es que una parte de los relevos han llevado a la permanente a vocales que hasta ahora estaban con Guilarte en la comisión disciplinaria. El grupo discrepante, en el que hay conservadores y progresistas y se define como “bloque por la legalidad”, estima que esta comisión no debe cambiar de composición, porque así está legalmente previsto. Se pidió que la decisión se aplazara a septiembre y el presidente lo denegó.

Pilar Sepúlveda, Roser Bach y Mar Cabrejas son las vocales de la permanente procedentes del grupo progresista. Los conservadores, a su vez, son Carmen Llombart , María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, y el presidente, Vicente Guilarte. La incorporación de Guilarte a la permanente surtirá efectos el 1 de septiembre, cuando haya completado los trámites de su renuncia a otras actividades. El resto de cambios surten efectos el 1 de agosto.

Salen de la permanente los vocales Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. El voto discrepante, finalmente, procede de estos tres últimos, más Nuria Abad, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Fuentes del Consejo estiman que con estos alineamientos se rompe hasta cierto punto la dinámica de los grupos conservador y progresista, ya que hay vocales de ambos bloques a favor y en contra, respectivamente, de las decisiones tomadas por Guilarte.

Para asumir el cargo, Guilarte ha tenido que poner fin a sus actividades como abogado y al ejercicio de la docencia, en tanto que catedrático de derecho civil de la Universidad de Valladolid. En el pleno que el Consejo celebró el pasado día 19, el nuevo presidente suplente manifestó su voluntad de dejar las tareas profesionales que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos nueve años de forma paralela a su pertenencia al órgano de gobierno de los jueces. La presidencia del Poder Judicial implica un régimen de incompatibilidades que exige la dedicación exclusiva al cargo.

Vicente Guilarte sucede en el cargo a Rafael Mozo, quien desde octubre pasado ejercía a su vez la presidencia del Consejo como suplente tras sustituir a Carlos Lesmes, el anterior presidente del Supremo, quien dimitió cuando estaba a punto de cumplirse el cuarto año de funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado. Mozo —magistrado progresista— cesó al jubilarse, y el acceso de Guilarte —jurista conservador— se produjo de forma automática —previo compromiso de asumir el citado régimen de incompatibilidades—, al ser el vocal de mayor edad.

En medios del sector progresista del Consejo se temió que a la hora de la verdad Guilarte pudiera rechazar el cargo, por la relevancia de sus tareas paralelas y la incertidumbre sobre la duración de su período de presidencia. De hecho, el pasado lunes aún no había presentado acreditación alguna ante el Poder Judicial de su renuncia a las tareas que ha venido desempeñando como abogado del Colegio de Registradores o como docente en la citada universidad. Finalmente, este martes, horas antes de que se reuniera el pleno del Consejo, presentó la documentación acreditativa de dicho cese de actividades paralelas.

En puertas del pleno del Consejo, por tanto, Guilarte puso fin a los días de especulaciones y rumores con la pública manifestación de que una vez solicitada su baja como letrado en ejercicio del Colegio de Abogados de Valladolid, y su pase a la situación de servicios especiales en la universidad vallisoletana, “continuaré todas las gestiones necesarias para dar pleno cumplimiento a la legislación de incompatibilidades que espero concluir a la mayor brevedad posible”. El definitivo relevo de Mozo por Guilarte supone que la presidencia del Consejo queda en manos de un jurista conservador, tras haber sido desempañad por un magistrado del sector progresista.