La jubilación del presidente suplente del CGPJ abre una nueva guerra por su sustitución

El estado de descomposición en el que está el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, vivirá esta semana un nuevo capítulo que, según miembros del órgano, va a agravar irremediablemente la situación. El presidente suplente, Rafael Mozo, designado por el pleno para sustituir a Carlos Lesmes tras la dimisión de este, cumple 72 años y entra en situación de jubilación forzosa, por lo que hay que nombrar a un sustituto. El acuerdo alcanzado por los consejeros para aquel relevo sigue vigente para este, según coinciden los vocales: la presidencia corresponde al vocal de más edad, en este caso, Vicente Guilarte, de 70 años, miembro del sector conservador. El problema es que Guilarte es abogado y profesor y no tiene dedicación exclusiva para el CGPJ, una circunstancia que, según parte del pleno, lo inhabilita como presidente suplente.

La situación de Guilarte lleva meses sobrevolando el CGPJ, pero los vocales han ido dejando pasar el tiempo sin abordarla de forma directa. Hasta ahora. Mozo ha convocado su último pleno para el próximo miércoles 19 de julio, día en que cumple 72 años, y se supone que de ahí debe salir su sustituto, aunque algunos consejeros abogan por dejar esa decisión para una sesión posterior en la que ya no esté el presidente saliente. En cualquier caso, el CGPJ se queda sin presidente suplente, el título que se le dio a Mozo, quien solo fue designado para cubrir las funciones indispensables y presidir el pleno porque el órgano no puede elegir presidente teniendo el mandato cumplido. Pero, ¿aunque no ejerza la presidencia completa podría Guilarte compatibilizar esa función con su trabajo como profesor y abogado? La mayoría de miembros consultados piensan que no y el asunto ya ha abierto una nueva brecha interna entre los vocales.

En un órgano en el que casi todas las posicione se dividen por bloques ideológicos (conservador y progresista), las dudas sobre el relevo de Mozo alcanzan a consejeros de ambos sectores. Seis de ellos presentaron el pasado viernes un escrito dirigido al presidente suplente, en el que reclaman que el pleno del miércoles declare para ejercer la presidencia del Consejo General del Poder Judicial por sustitución se exige dedicación exclusiva y el pase a la situación administrativa de servicios especiales. Lo firman los progresistas Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda; y los conservadores Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz.

El embrollo nace de que el actual CGPJ, constituido en 2013, se rige por una versión de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su momento aprobó el PP y ya está derogada, que contemplaba que solo siete miembros del órgano ―los de la comisión permanente― tienen dedicación exclusiva y cobran un sueldo íntegro del CGPJ, mientras que el resto solo ingresa dietas por asistencia a plenos y reuniones de comisiones. Esto ha llevado a que haya vocales que compatibilizan su trabajo de juez o jurista ―mayoritariamente abogado y letrado de la Administración de Justicia― con la pertenencia al Consejo, desde el que tienen poder de decisión sobre asuntos que pueden beneficiar o perjudicar al tribunal al que pertenecen o al se enfrentan como abogados.

Guilarte no es miembro de la permanente y, por tanto, hasta ahora compatibiliza su trabajo en un despacho de abogados con el de vocal, pero si es elegido presidente suplente pasaría a presidir esa comisión. Y eso es lo que esgrimen los consejeros que se oponen a que acceda a la presidencia sin dejar su actividad profesional. Miembros del órgano señalan que el vocal se ha mostrado dispuesto a quedarse con dedicación exclusiva. Pero, por ahora, no ha dado el paso y las alarmas han saltado.

“Yo no creo que, con la ley en la mano, sea irregular; lo que estoy seguro es de que no es conveniente que compatibilice ambos cargos, no podemos permitir que se dañe más la imagen del Consejo”, señala un consejero conservador que no ha firmado el escrito de sus compañeros. “Prefiero dejar que sea Guilarte el que nos explique lo que pretende hacer, y, entonces, debatirlo”, explica. Otro miembro del órgano, progresista, se pronuncia en el mismo sentido: “No sé si es irregular, pero desde luego sería extraño, no parece ético”.

Quienes defienden que sí es legal que Guilarte acceda al cargo argumentan que, una vez que Lesmes se fue, la presidencia del CGPJ está vacante y así va a seguir hasta que el órgano se renueve. Cuando el Consejo está en funciones no puede elegir presidente, por lo que solo se designa a un vocal para sustituir a Lesmes en las funciones esenciales y ninguna ley establece que ese cargo requiera dedicación exclusiva. Y añaden que la comisión permanente ya fue presidida en alguna ocasión por un vocal (Rafael Fernández Valverde, ya jubilado), que no era miembro de esa comisión, pero que se puso al frente ante la ausencia del presidente por ser el de más edad. “Ahora sería lo mismo, pero prolongado en el tiempo”, señala un vocal que, con todo, entiende que, aunque puede haber dudas legales, hay que frenar, por razones “éticas y de lógica”, el acceso de Guilarte al cargo si no deja su actividad laboral.

La designación de Mozo fue un acuerdo de consenso entre los vocales conservadores y progresista pensado para muy corto plazo. Tras la dimisión de Lesmes, el PSOE y el PP se sentaron a negociar la renovación del CGPJ y todo apuntaba a que iban a llegar a un acuerdo. Pero el PP se bajó de nuevo del tren en el último minuto tras el anuncio, por parte del Gobierno, de que se iba a derogar el delito de sedición. Y la presidencia de Mozo se alargó en el tiempo y ha acabado llegando antes su edad de jubilación que la renovación del Consejo.

La situación ahora para su sustituto es distinta: le faltan dos años para cumplir los 72 y nada indica que vaya a haber un CGPJ renovado a corto plazo, ya que primero tiene que formarse un nuevo Gobierno y después, previsiblemente, llegar a un acuerdo entre el PSOE y el PP, porque el desbloqueo del órgano exige tres quintos de apoyos del Congreso y del Senado. El escenario apunta así a la posibilidad de que el actual CGPJ y el nuevo presidente suplente se mantengan bastantes meses. Y en el caso de que Alberto Núñez Feijóo consiga gobernar, una de sus primeras medidas, según ha anunciado, sería devolverle al órgano la competencia para nombrar cargos discrecionales que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos le retiró en marzo de 2021. Desde entonces, se han acumulado más de 70 vacantes en la cúpula judicial, que podrían ser asignadas por un CGPJ cada vez más mermado (tras la salida de Mozo, ya solo lo compondrán 16 vocales, frente a los 20 más el presidente que dicta la ley) y con una arrolladora mayoría conservadora (diez vocales frente a seis).