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Archivada la causa contra cuatro policías que mataron a tiros al hombre que atacó con un cuchillo a uno de ellos

La jueza considera que los agentes actuaron en legítima defensa y su respuesta fue “racional y proporcional a la agresión recibida”

Óscar López-Fonseca
Varios policías nacionales recogen pruebas a pocos metros del cuerpo del hombre abatido en Madrid en noviembre de 2021.
Varios policías nacionales recogen pruebas a pocos metros del cuerpo del hombre abatido en Madrid en noviembre de 2021.Cézaro De Luca (Europa Press)

La titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, ha dictado un auto por el que acuerda el archivo de la causa que se seguía por homicidio contra los cuatro policías que, el 5 de noviembre de 2021, abatieron a tiros a un Issa M., un hombre de 44 años que iba por las calles del distrito madrileño de Villaverde con un cuchillo y que hirió a uno de los agentes cuando le instaron a que depusiera su actitud. El hombre murió a causa de los disparos.

En su resolución, la magistrada señala que, si bien la muerte del hombre tiene la calificación jurídica de homicidio, exime a los funcionarios policiales de cualquier responsabilidad penal al considerar que actuaron “en legitima defensa”, ya que existió “un riesgo objetivo para la integridad física y la vida” para uno de los agentes. Por todo ello, concluye que la actuación de los cuatro fue “racional y proporcional a la agresión recibida” y, en línea con lo que había pedido la Fiscalía, ordena el sobreseimiento de la causa para todos ellos. La resolución judicial, fechada el miércoles y dada a conocer este viernes, aún no es firme y puede ser recurrida.

El auto detalla que aquel día, el 091 de la Policía Nacional recibió poco antes de las 10 de la mañana un aviso de que había un hombre en la avenida Andalucía, en las inmediaciones de un centro de salud, que portaba “un cuchillo de grandes dimensiones”, por lo que acudieron al lugar cuatro agentes en dos coches patrulla. Los agentes localizaron a Issa M. en la calle Rocafort, donde los policías le “requirieron en varias ocasiones para que soltara el cuchillo y depusiera su actitud violenta”. Este, en lugar de hacerlo, corrió hacia uno de los funcionarios con el arma blanca en la mano, lo que llevó a este a desenfundar su pistola y apuntarle “diciéndole que soltara el cuchillo”.

“Al no hacerlo, se abalanzó sobre el agente intentando clavarle el cuchillo, haciéndolo hasta en dos ocasiones, por lo que el agente efectuó un disparo”, describe la magistrada en su auto. “A pesar de ello, se volvió a abalanzar contra él, por lo que los otros agentes de Policía efectuaron varios disparos. Como consecuencia de ello se produjo el fallecimiento de Issa M”. Según se conoció entonces, cuatro balas impactaron en el fallecido y otros proyectiles quedaron incrustados en dos vehículos y un contenedor de residuos cercano. La jueza concluye que “la acción de los agentes de Policía Nacional se encontraba justificada ante el ataque” y que la reacción de los compañeros de funcionario herido de disparar al atacante tenía como única intención “la defensa” de este último.

Tras producirse el tiroteo, se difundió en redes sociales un vídeo del suceso captado por un vecino desde un balcón, pero la grabación comenzaba en el momento del último disparo, por lo que no captó los momentos del ataque previo. Entonces se destacó que el fallecido, que vivía en la indigencia, tenía problemas mentales y acumulaba antecedentes por cuatro atentados contra agentes de la autoridad en los últimos dos años. La asociación SOS Racismo Madrid difundió tres días después del suceso un comunicado en el que consideraba que la policía había actuado de modo desproporcionado porque Issa M, que era ghanés, era una persona negra. La organización se personó como acusación popular en la causa ahora archivada.

Este martes, tras conocerse la decisión judicial, Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes y que ha llevado la defensa jurídica de los policías imputados) ha hecho público un comunicado en el que, además de mostrar su satisfacción por el archivo de la causa, reclamaba al Ministerio del Interior “la urgente necesidad de actualizar el Plan de Tiro Nacional” por el que los agentes se adiestran en el uso de sus armas reglamentarias. También ha lamentado que la Dirección General de la Policía no haya distribuido aún las 1.000 pistolas eléctricas ―más conocidas por su nombre comercial, Taser― que adquirió hace más dos años. “No entendemos que frena u obstaculiza la distribución de las mismas”, critica el sindicato.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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