El presidente de la Junta Electoral Central: “No hay ningún indicio para dudar de Correos en el voto por correo”

Miguel Colmenero (Madrid, 72 años) es el máximo responsable de que los procesos electorales en España, y en concreto las elecciones generales del 23-J, se celebren con las mayores garantías democráticas como presidente toda esta legislatura de la Junta Electoral Central (JEC). Hace dos meses que se jubiló como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, tras 47 años de carrera judicial. Fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y, en su momento, crítico con actuaciones de los gobiernos del PP y del PSOE. No tiene dudas sobre lo impecable del sistema electoral español y ve imposible y negativo cuestionarlo o hablar de alguna opción real de pucherazo.

Pregunta. ¿El sistema electoral español es fiable, seguro y neutral?

Respuesta. Absolutamente. Se puede decir que no hay ningún agujero en el sistema que permita poner en duda que los resultados que después se manejan son el reflejo de la voluntad de los electores.

P. ¿Qué fallas se podrían mejorar en la ley electoral a estas alturas de la democracia?

R. La ley electoral funciona bien. A pesar del tiempo que tiene, nos ha permitido a todas las juntas anteriores funcionar correctamente. Pero hay algunas cosas que son mejorables. El tema del régimen sancionador es en cierto modo deficiente, porque es una previsión muy general y sería probablemente mejorable. Y hay otros temas de interés, que son muy difíciles de regular, pero que no podemos tampoco olvidar, como la influencia que tienen por ejemplo las redes sociales en el funcionamiento de las campañas electorales. No hay ninguna referencia en la ley a lo que podría ser competencia de las juntas, es decir, de la Administración electoral, y sería conveniente estudiarlo para incorporarlo con más claridad.

P. Respecto al voto por correo y a lo que reveló el caso de las supuestas compras que están siendo investigadas en Melilla, ¿cómo es posible que la ley no se haya reformado para exigir obligatoriamente el DNI o documento análogo para emitir el voto por correo?

R. Sí, es cierto que para mucha gente esa es una exigencia que debería estar claramente establecida en la ley. En realidad, el texto literal de la ley parece indicar que debe ser el propio elector el que remita su voto por correo certificado. Es verdad que eso se puede hacer directamente o por medio de otra persona. En cualquier caso, el voto por correo con ese sistema no había planteado problemas serios y ha sido en estas últimas elecciones en las que, como consecuencia de investigaciones policiales y judiciales, se puso de manifiesto que esas deficiencias podrían afectar al concepto que la ciudadanía pueda tener de la seguridad del sistema.

P. ¿Será a partir de ahora ya una exigencia generalizada para siempre?

R. Habrá que reconsiderarlo en el momento en que se convoquen unas elecciones que no tengan las características de estas, que es evidente que están en una fecha en pleno verano y con calor que puede complicar la vida a muchas personas. Probablemente haya que volver a pensarlo si la ley no cambia.

P. ¿Ha habido quien con todo esto, y teniendo en cuenta que en la presidencia de Correos está el exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno, ha puesto en duda el comportamiento que pudiera tener la compañía en este proceso?

R. No hay ningún indicio objetivo que permita poner en duda el comportamiento de Correos como empresa que gestiona y custodia el voto por correo concretamente, y tampoco respecto de ninguna persona concreta que haya intervenido. Estamos convencidos de que adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la responsabilidad que tienen en esa labor que les encomienda el sistema.

P. Hay una queja ahora de muchos ciudadanos que saldrán de España de vacaciones entre el 1 y el 23 de julio y que no podrán votar. ¿Aún se puede hacer algo para corregir ese problema?

R. Veo muy difícil modificar ahora los plazos regulados. Esos casos concretos efectivamente se van a dar porque el mes de julio además es muy proclive a que haya mucha gente haciendo estancias fuera, incluso en el ámbito académico.

P. Acaban de advertir de nuevo a un miembro del Gobierno, el ministro Félix Bolaños, por hacer declaraciones políticas en precampaña desde la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. No es el primer caso y no solo de este Gobierno. ¿No son suficientes ese tipo de advertencias?

R. Hay que valorar qué significado tiene lo que dice la Junta. Y lo primero que dice es que se ha vulnerado lo que dice la ley. Esto es lo verdaderamente relevante, lo que importa o lo que debe importar. Después, es verdad que el sancionador prevé unas sanciones económicas de muy poca cuantía. Tampoco tengo la absoluta seguridad de que, aumentando la cuantía de las sanciones, consiguiéramos un efecto.

P. ¿Eso suena a admonición política, moral o ética sin consecuencias?

R. Estoy de acuerdo. Ahí deberemos tender a mejorar, sin duda ninguna, pero creo que la constatación de la infracción y la vulneración de las obligaciones del comportamiento legal que los parlamentarios han decidido en la ley es muy importante.

P. Parece que en campaña se puede decir cualquier cosa, por falsa que sea. Una presidenta autonómica ha acusado al presidente del Gobierno de tener interés en un posible pucherazo sin prueba alguna, y sobre eso la JEC no ha dicho nada.

R. Yo no puedo juzgar ahora lo que ha dicho cualquier político en los medios de comunicación. La Junta funciona sobre la base de denuncias, las examina y toma la decisión que considera pertinente. Sí aprovecho para decir que me parece que está absolutamente descartada la posibilidad de lo que llaman un pucherazo. El sistema español es extraordinariamente fiable. Los escrutinios se hacen en cada mesa electoral. El acta se comunica a todos los que están presentes, es decir a los apoderados e interventores que están ahí. Después todo eso lo gestionan algunas empresas, pero los resultados los conocen los partidos prácticamente al mismo tiempo que se están manejando. Por lo tanto, pensar que ahí se puede hacer un pucherazo es prácticamente aludir a una posibilidad inexistente.

P. Como presidente de un órgano institucional nombrado por diferentes partidos en el Congreso, ¿le parece lógico que el gobierno de los jueces lleve cuatro años prorrogado?

R. No voy a entrar en eso. Los miembros de la Junta Electoral son elegidos ocho entre magistrados del Tribunal Supremo por sorteo. Y luego es verdad que hay cinco catedráticos propuestos por los partidos. Por lo tanto, es una composición muy equilibrada.

P. ¿Pero el modelo, desde el punto de la legitimidad, no es muy diferente a la elección de ocho expertos por el Congreso para el Poder Judicial?

R. Lo que es cierto es que la Constitución dice que los ocho juristas del Consejo los eligen cuatro el Senado y cuatro el Congreso. Es evidente que eso supone una presencia de personas elegidas con criterios que pueden ser perfectamente políticos. Por lo tanto, hay una composición equilibrada de ocho juristas elegidos con criterios políticos y 12 que son jueces. Y sobre la polémica del sistema para elegir esos 12 hay razones a favor y en contra.

P. La JEC, que ha sido nombrada en el Congreso con pactos por los principales partidos, ¿es un órgano que funciona por cuotas ideológicas o es independiente?

R. En general tengo que decir que muchos acuerdos los tomamos por unanimidad y unas veces benefician a unos partidos y otras perjudican a esos mismos partidos. La Junta tiene una cosa que es importante y es que funciona mucho sobre la base de los precedentes asentados y eso incorpora mucha seguridad a las decisiones que se toman y probablemente desanime a las discrepancias.