El ‘piso piloto’ del PP y Vox en Castilla y León anticipa la nueva era de pactos entre Feijóo y Abascal

El “piso piloto“ —como lo llamó Santiago Abascal— que empezaron a construirse PP y Vox en 2022 ha tardado un año en convertirse en urbanización. Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox), uno como presidente y el otro como vicepresidente de Castilla y León, han habitado la primera casa compartida entre estos partidos. Ambos abrieron la puerta a los pactos previsibles en las múltiples regiones y Ayuntamientos donde sus formaciones pueden gobernar juntas. La coalición castellana y leonesa ha exhibido las coincidencias de las derechas, con bajadas de impuestos y el antisanchismo en mira nacional, y el sello ultra: recortes a los sindicatos y el impulso de una ley de violencia intrafamiliar. Bajo el tejado de la Junta también se han vivido discusiones, pues Gallardo protagoniza frecuentes polémicas que Mañueco regatea con un mantra: son dos “partidos distintos” unidos por un proyecto político.

El líder de Vox, Abascal, definió como “piso piloto” el acuerdo al que empujaban los números tras el 13 de febrero de 2022. Mañueco había roto con Ciudadanos y aspiraba a mandar en solitario, pero sus 31 procuradores no bastaron y necesitó los 13 de la extrema derecha. El apretón de manos llegó apurando plazos tras semanas de mensajes cruzados y supuso una primera cesión del PP, que pasó de su aspiración inicial a gobernar en solitario a ceder en todo lo que pidieron sus socios: presidir las Cortes, una vicepresidencia y tres consejerías. Vox no iba de farol. Su presidente, al conocer el resultado de este domingo, insiste: no darán “regalos” ni acatarán “chantajes”.

El programa de Gobierno compartido en 2022, con 11 “ejes” y 32 “acciones”, se cimentó sobre el “compromiso con el mundo rural o el “impulso de todas las capacidades productivas” pero incorporó el marchamo ultra al incluir un decreto de “concordia” contra el de Memoria Histórica, aprobado por el propio PP en 2017, o una ley contra la “violencia intrafamiliar”. También aludió a combatir el “adoctrinamiento en las aulas” o gestionar una “inmigración ordenada” en una autonomía despoblada y con bajos índices de extranjeros.

El acuerdo abogaba por “fomentar la natalidad” y Vox empleó ese argumento para impulsar un protocolo antiabortista el pasado enero. El vicepresidente anunció para las embarazadas nuevas medidas “provida”, término usado por la extrema derecha para intentar evitar interrupciones voluntarias del embarazo, tales como la escucha del latido fetal, una radiografía del feto en 4D o atención psicológica para las mujeres. Los médicos, añadió, estarían obligados a ofrecerlo. Todo, en una comunidad con una alta objeción de conciencia de los sanitarios para permitir abortos, un “drama” y “tragedia social” según el alto cargo. El Gobierno mandó varios requerimientos pidiendo impedir ese recorte en el derecho al aborto, Mañueco sostuvo que no había “protocolo” y que no se forzaría a los doctores a plantearlo, mientras Gallardo insistió que se impulsaría. De momento a los hospitales no ha llegado nada.

Peso verbal

Ese ambicioso programa de 2022 ha tenido más peso verbal que en tinta y papel. Gallardo reitera un discurso ideológico, niega la violencia de género y el cambio climático, pide a los jóvenes meditar sobre si la Segunda República era un “régimen democrático”, critica la “hipersexualización” social como causante de la despoblación, propugna que “el medio rural necesita mujeres que asienten población” y ha tildado a los sindicatos de “vendeobreros”, entre muchos otros líos. Estos excesos verbales no se han plasmado en legislación. La criticada “ley contra la violencia intrafamiliar” tampoco ha avanzado. Las Cortes han aprobado seis decretos ley, la mayoría en cuestiones administrativas y uno de ellos en materia de incendios tras los graves fuegos del pasado verano y la escasez de medios, y tres leyes. Uno de los momentos clave del mandato llegó con la Ley de Presupuestos, pues PP y Vox la ratificaron, pero se equivocaron al votar la Ley de medidas tributarias y financieras que los sustenta, que recogía bajadas fiscales. La normativa volvió a elaborarse y, esta vez sin errores, salió adelante. Castilla y León ha reducido del 9,5% al 9% el tramo más bajo del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). Otras tres leyes (sobre Juego, Patrimonio y Derechos de final de vida, esta última muy atascada) se hallan en tramitación.

El tono de la política autonómica también ha apreciado los nuevos tiempos. El Parlamento ha vivido insultos, con Gallardo llamando “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea (Ciudadanos), y burlándose de Noelia Frutos, procuradora socialista con discapacidad, espetándole que le respondería “como si fuese una persona como todas las demás”. La crispación ha saltado hasta el Diálogo Social, históricamente engrasado entre la patronal, la Junta y los sindicatos, pero la animadversión de Vox hacia estos colectivos ha propiciado recortes en su financiación, traducidos en reducir prevención de riesgos laborales y ayudas a mujeres, y otro requerimiento del Ejecutivo por suprimir los fondos para la mediación laboral, finalmente recuperados parcialmente. El consejero de Empleo, de Vox, les llama “sindicatos comegambas” y hace unos meses aseguró en el Parlamento que en el territorio no faltaban trabajadores, sino “ganas de trabajar”, ganándose la única regañina de Mañueco durante este año más allá del “somos partidos diferentes”.

El acuerdo suscrito entre las formaciones reivindicaba asimismo la “reducción significativa del gasto institucional superfluo” y lo esgrimieron para menguar la aportación a los grupos parlamentarios, perjudicando especialmente a los pequeños (Ciudadanos y Podemos). Por contra, los Presupuestos reflejan que la coalición gasta un 12,5% más en altos cargos que la previa del PP con Ciudadanos. Gallardo cobra 80.000 euros anuales, no dirige ninguna consejería y su vicepresidencia destina 1,2 millones de euros a gestionar 200.000 euros.