El bloque conservador del Poder Judicial se rompe en dos por el acuerdo de subida salarial firmado por el Gobierno y los jueces

La brecha interna que había dejado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pleno para analizar la subida salarial de llos jueces se ha extendido este jueves al bloque conservador. El grupo de vocales propuestos por el PP en 2013 para formar parte del órgano se ha roto en dos al votar sobre qué respuesta dar al pacto firmado por el Ejecutivo y seis asociaciones judiciales para incrementar los sueldos entre 440 y 450 euros al mes. La valoración del CGPJ no era necesaria porque el acuerdo ya está firmado y ni el Gobierno ni las asociaciones han pedido su opinión al órgano de gobierno de los jueces, pero un grupo de vocales ha insistido en dar una respuesta y desde el sector conservador se han planteado dos opciones. Ninguna ha obtenido los votos necesarios para salir adelante porque los vocales de ese grupo han votado divididos. Durante la sesión, señalan miembros del órgano, varios consejeros han reprochado al presidente suplente, Rafael Mozo, su gestión en torno a este pleno y, al menos dos consejeros le han sugerido que dimitiera. Mozo lo ha rechazado apoyado por varios vocales progresistas, que han salido en su defensa.

El CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018 y no se ha podido renovar por el rechazo del PP a llegar a un pacto con el PSOE, es el protagonista de una de las crisis institucionales más serias que ha vivido el país en la etapa reciente; durante casi cuatro años, los vocales han intentado aguantar impasibles ante la anómala situación, insistiendo en que ellos hacían su trabajo como el primer día. Pero la dimisión en octubre pasado del presidente, Carlos Lesmes, ha dejado al CGPJ a la deriva. Mozo, elegido suplente de Lesmes por ser el vocal de más edad, no ha sabido hacerse con el timón del Consejo y el órgano se desangra poco a poco entre riñas internas, dimisiones o jubilaciones de vocales y trifulcas que manchan más, si cabe, la imagen de un Consejo cuya legitimidad ha puesto ya en cuestión hasta el Tribunal Supremo.

El pleno de este jueves llegaba precedido por una fuerte discusión interna después de que Mozo no convocase a los vocales a una sesión extraordinaria el pasado lunes para analizar el acuerdo salarial antes de que el Gobierno y los jueces lo firmaran, como le habían pedido cinco consejeros. Varios vocales criticaron a Mozo en un chat interno y le acusaron de estar “escondido” y no querer dar la cara. La bronca se ha trasladado a la sesión de este jueves, señalan miembros del órgano. Los más duros han sido los vocales Enrique Lucas (propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista) y José María Macías (propuesto por el PP), que le han acusado de incumplir la ley al no convocar el pleno para el lunes y han llegado a pedir su dimisión, señalan las fuentes. Mozo se ha defendido en solitario y ha acabado por decretar un receso para intentar que os conservadores elaboraran sus propuestas y se calmaran las aguas. Tras el mismo, casi todo el grupo progresista ha salido en defensa del presidente (miembro de este sector) y la discusión se ha zanjado, aunque la tensión ha sobrevolado ya el resto del debate, según señalan varios vocales.

La discusión se ha centrado luego en cómo responder al acuerdo salarial. El orden del día del pleno no preveía que el órgano se pronunciara, sino solo que los tres vocales que han asistido a las negociaciones entre el Gobierno y los jueces -los conservadores Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero- dieran cuenta del pacto. Pero Martínez Tristán han presentado una propuesta para pedir la nulidad del acuerdo retributivo porque el CGPJ no fue invitado a la rúbrica.

La ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal fija que tanto el CGPJ como la Fiscalía General forman parte de la mesa en la que se deben revisar los salarios de ambos cuerpos. Pero su papel, admiten fuentes del grupo conservador, es más de “observadores” y el protagonismo se les deja a las asociaciones y a los ministerios de Justicia y Hacienda. No obstante, el texto presentado por Martínez Tristán exponía que en la medida en que el CGPJ no fue convocado al acto de firma del pacto, ese acto “no se ajustó a lo dispuesto en la ley, lo que constituye un vicio esencial”. Por esta razón, el vocal pedía que no se refrendara el acuerdo. Su propuesta solo ha conseguido la adhesión de cuatro vocales de su grupo (Macías, Ballestero, Carmen Llombart y Ángeles Carmona), mientras que otros cuatro conservadores -Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz y Vicente Guilarte- han votado en contra y un quinto -Wenceslao Olea- en banco. El bloque progresista ha rechazado unánimemente la propuesta, salvo Lucas, que ha votado en blanco.

Guilarte presentó otra propuesta distinta destinada a que el CGPJ no considerara nulo el acuerdo, pero sí que se quejara formalmente por no haber sido convocado a la firma (”Habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la Mesa de retribuciones, entendemos que debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo”, señalaba el texto). Ha obtenido ocho votos —los conservadores Carmona, Macías, Martínez Tristán, Ballestero, Llombart, Olea y Guilarte; y el progresista Lucas— y siete en contra —los conservadores Díaz, Martínez Moya y Fernández; y los progresistas Mozo, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta—. Las también progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas han votado en blanco.