La policía sospecha que los votos por correo no emitidos en Melilla han sido destruidos

La Policía Nacional se afana en recopilar nuevas pruebas contra los presuntos integrantes de la trama de fraude electoral desmantelada este martes en Melilla tras la detención de 10 implicados, entre ellos un consejero del Gobierno local perteneciente a Coalición por Melilla (CpM), la formación salpicada por el escándalo. Con el amaño frustrado, al menos, en buena parte, los agentes de la Brigada Provincial de Información centran sus esfuerzos en analizar tanto la documentación como el contenido de los dispositivos, pero también en localizar los votos por correo que supuestamente la red había conseguido comprar. Según los últimos datos, de las 11.707 solicitudes de voto realizadas en la ciudad autónoma, hasta la tarde de este miércoles solo se habían presentado 2.572 (el 21,9%). Los investigadores manejan la hipótesis de que buena parte de los más de 9.000 restantes habían sido comprados por la trama y los buscan, pese a sospechar que pueden haber sido destruidos.

Durante la decena de registros efectuados este martes, la Policía solo ha conseguido recuperar un centenar de esos votos que no llegaron a ser entregados en Correos, según detallan las fuentes consultadas. Estas muestran su temor a que gran parte del resto fuera destruido por la trama incluso antes de las detenciones. Las medidas de control que adoptaron tanto la jueza que dirige la causa —que dio instrucciones a la Policía de identificar a todos aquellos que acudieran a la oficina de Correos con más de un voto— como por la Junta Electoral de Zona (JEZ) —que determinó la obligación de presentar el DNI para entregar el sufragio, cuando antes no era necesario— convertían las papeletas en inútiles pese al supuesto desembolso hecho para conseguirlos por la trama, que pagaba entre 50 y 200 euros por cada una.

La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de extender la exigencia de mostrar la documentación cuando se presentaba un voto para Melilla en cualquier otra oficina de Correos de España terminó por cegar la otra vía que supuestamente utilizaba la trama, que presuntamente hacía llegar los votos a la Península a través de Marruecos. De los 2.572 votos por correo presentadas en Melilla, solo 761 fueron antes de que los filtros hicieran fracasar el objetivo de la trama. El resto se ha hecho ya con la obligación de mostrar el DNI. Por ello, las fuentes policiales consultadas consideran que se ha conseguido frustrar buena parte del amaño.

Mientras tanto, por las calles de Melilla el trasiego de efectivos de Policía Nacional es constante. También las conversaciones de los vecinos, sobre dónde podrían estar esos votos. Este jueves es el último día para acudir a la única Oficina de Correos, casualmente ubicada justo en frente de la sede de CpM. Las dudas entre los melillenses, y los temores, residen en qué pueda pasar el próximo domingo, durante las elecciones, en los colegios electorales ubicados en los barrios desfavorecidos de la ciudad, donde CpM tiene mucha influencia. La intención del partido localista es que se suspendan antes de celebrarse, o impugnarlas tras el resultado. Su presidente, Mustafa Aberchán, está inhabilitado tras ser condenado por comprar votos por correo en 2018. Sin embargo, esta pena, que le ha impedido presentarse a los comicios de este domingo, acaba el próximo agosto.

El peso del voto por correo en este 28-M es tal que hay más sufragios solicitados por vía postal que los que CpM llegó a aglutinar en las urnas hace cuatro años. Con el añadido de que todo parece indicar que varios escaños quedarán en el aire si los votos por correo no llegan a materializarse. A la tensión política en la ciudad se suma además que la JEC ha confirmado este miércoles la decisión de la JEZ de Melilla y no anulará los 761 votos depositados en Correos antes de que se impusiera la obligatoriedad de entregarlos en persona por el votante y con el DNI.

La JEC desestima así la petición de CpM al considerar que eliminar esos votos supondría “privar del derecho de sufragio a quienes lo ejercieron legalmente hasta el 10 de mayo” porque ya están fuera de plazo para volver a solicitarlo. Añade el organismo público que tampoco se justifica “una medida de esta naturaleza” por el “número limitado de votos emitidos hasta la fecha considerada”. Este factor echa más leña al fuego para una eventual impugnación de las elecciones por parte de CpM tras el 28 de mayo.

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