La convocatoria de un pleno para valorar la subida salarial a jueces y fiscales dispara la división interna en el Consejo del Poder Judicial

La convocatoria de un pleno para valorar la subida salarial pactada entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales ha derivado en una nueva situación casi esperpéntica en el Consejo General del Poder Judical (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018. El presidente del órgano, el progresista Rafael Mozo, ha convocado la sesión forzado por la petición registrada por cinco vocales conservadores, que instaron a analizar en pleno el acuerdo salarial. El Consejo tenía previsto un pleno ordinario este jueves, pero Mozo estaba obligado a atender la solicitud de los vocales en el plazo de 72 horas y ha optado por adelantar al miércoles esa sesión. Tras enterarse de la decisión, los consejeros que demandaron el pleno extraordinario han pedido que se desconvoque alegando que la sesión tenía que celebrarse antes de este martes, cuando el Gobierno y las asociaciones tienen previsto firmar el acuerdo salarial.

La valoración por parte del CGPJ del pacto del Ejecutivo con los jueces y fiscales no va a tener ninguna repercusión práctica, pero como casi todo lo que ocurre en el Consejo revela el estado de descomposición interna de un órgano que tenía que haberse renovado hace más de cuatro años. El CGPJ ha estado representado por tres vocales en la mesa de retribuciones en la que se ha debatido y cerrado el pacto. Los tres, del sector conservador (José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán) han ido informando al resto del órgano las propuestas del Gobierno, pero no han sometido la oferta a un debate conjunto.

El viernes por la tarde, 24 horas después de que el Gobierno y las asociaciones hicieran público el pacto, cinco vocales del CGPJ pidieron al presidente que convocara un pleno extraordinario para valorar el acuerdo. La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, instaba a fijarlo para este lunes 22 de mayo. La solicitud está suscrita por dos de los vocales que han asistido a la mesa de retribuciones (Ballestero y Martínez Tristán) y otros tres consejeros: José María Macías, Carmen Llombart y Enrique Lucas. Todos menos Lucas (propuesto por el PNV) fueron propuestos por el PP en 2013 para formar parte del CGPJ y dos de ellos (Ballestero y Llombart) pertenecen a de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la que representa al ala más conservadora de la carrera y la única de las siete asociaciones de jueces y fiscales que se ha desmarcado del acuerdo de subida salarial.

Uno de los firmantes, preguntado por EL PAÍS, sostiene que el acuerdo retributivo debe recibir el visto bueno del órgano antes de firmarse, y como el acto de la firma se ha fijado para este martes, el pleno debería haberse celebrado este lunes. Sobre por qué no se ha pedido la convocatoria del pleno para la semana pasada, cuando el acuerdo estaba aún discutiéndose y era susceptible de ser modificado, este consejero señala. “Nosotros lo que tenemos que ver es que eso que se ha cerrado es correcto; pero necesitamos el acuerdo cerrado porque no somos parte de él, somos observadores. No podemos sentarnos y dar una opinión sobre una propuesta”.

La petición para convocar pleno extraordinario dejaba atado de manos al presidente Mozo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el presidente tiene que convocar la sesión si lo piden por escrito cinco o más vocales. La norma dicta también que ese pleno tiene que celebrarse “dentro de los tres días siguientes” a la presentación de la solicitud y, aunque los firmantes sostenían que ese plazo vencía el lunes, Mozo ha interpretado que el fin de semana es inhábil y ha fijado la sesión para el miércoles.

Vocales consultados ven en la petición de los cinco vocales un nuevo ejemplo del pulso que mantiene la mayoría conservadora del pleno con el presidente suplente del órgano, del sector progresista. Uno de los vocales firmantes de la petición no esconde su enfado con el presidente por haber convocado el pleno para un día después de que se firme el acuerdo salarial. “Hay un periodo máximo legal para convocar el pleno que a lo mejor acaba el miércoles, pero hay uno sensato que es convocarlo cuando tiene sentido. Convocarlo para el día después es un insulto”, señala. Los vocales que suscribieron la petición del pleno han suscrito otra pidiendo que se desconvoque, pero el presidente, de momento, no lo ha hecho.

Cierre de filas

Tras la crisis institucional generada por la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que precipitó la dimisión del presidente Carlos Lesmes, se escenificó un aparente cierre de filas en torno a la figura de Mozo que se ha ido diluyendo poco a poco. El clima, señalan varios vocales, se ha ido enrareciendo a medida que el suplente de Lesmes ha intentado desempeñar su cargo con más autonomía de la que el sector conservador pretendía que tuviera. “Hay tensión y cada vez va a más”, señala un vocal progresista. “Mozo tenía que haber sido más proactivo, no se ha pronunciado durante el fin de semana, a pesar de que todos le preguntaban si iba a convocar. Eso ha generado mucho enfado”, advierte este consejero.

El presidente alega que tras la decisión de unir el pleno extraordinario y el ordinario en una sola sesión está la intención de evitar tener que abonar a los vocales dietas por asistencia a una sesión que iba a tener escasas o nulas consecuencias prácticas. En el CGPJ actual, debido a un cambio de modelo aprobado por el PP durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que ya está derogado para el próximo Consejo, solo siete consejeros tienen dedicación exclusiva y cobran el sueldo íntegro por parte del órgano de gobierno de los jueces. El resto mantiene su dedicación habitual (juez o jurista) y percibe una dieta por asistencia a los plenos (975 euros) o las comisiones legales (312 euros). Celebrar dos plenos la misma semana habría duplicado el gasto para el CGPJ y las retribuciones para los vocales.