Todas las asociaciones de jueces que convocaron la huelga contra el Gobierno la dejan en suspenso tras la última oferta de subida salarial

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han accedido a aplazar la huelga tras la última oferta de subida salarial presentada por el Gobierno. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM, 1.340 afiliados), la mayoritaria y más conservadora, se ha resistido hasta la tarde de este jueves, pero finalmente, y tras una reunión de su junta directiva, ha acordado posponer el paro indefinido que estaba convocado a partir del próximo martes 16 de mayo. Los ministerios de Justicia y de Hacienda, que negocian con jueces y fiscales un incremento de sus retribuciones, se han comprometido a entregarles ese día un documento con su oferta detallada y a poner sobre la mesa nuevas mejoras en aspectos como la cuantía que perciben ambas carreras por las guardias, trienios y otros complementos.

En una nota difundida a última hora de este jueves, la APM defiende que se ha mantenido “siempre firme en la defensa de las reivindicaciones profesionales de la carrera judicial”, y que la convocatoria de una huelga indefinida “fue una decisión difícil y muy meditada”. “Siempre hemos sido conscientes de la importancia de nuestra función constitucional, sabedores, también, de las graves consecuencias que una huelga puede tener para la tutela y salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para el normal funcionamiento de la Administración de Justicia”, asegura la asociación. No obstante, y aunque considera que la oferta del Gobierno “sigue siendo insuficiente”, ha optado por suspender el paro “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.

El aplazamiento del paro permite al Gobierno ganar tiempo para apuntalar su propuesta y convencer el próximo martes a las asociaciones para que la acepten. Si no lo consigue, aunque la huelga de jueces y fiscales ha quedado fuera de la primera semana de campaña electoral, se colaría en la recta final del camino hacia las urnas. En ese caso, se abrirían dos posibles escenarios: que el Gobierno cierre el acuerdo de subida salarial solo con algunas asociaciones y suba el sueldo a los jueces aunque mantengan la huelga, lo que podría complicar el mensaje de estas de cara a la opinión pública; o que, por el contrario, el Ejecutivo decida retirar la propuesta si la mayoría de las asociaciones la rechaza.

La APM, que aglutina al ala más conservadora de la carrera y que tradicionalmente ha acaparado más poder en la cúpula judicial, ha sido la última en sumarse al aplazamiento de la huelga. Ese paso ya lo dieron en la noche del miércoles las dos asociaciones de fiscales que secundaban el paro —la Asociación de Fiscales (AF, con alrededor de 600 asociados) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF, con algo más de 40)—, también de tendencia conservadora, así como Foro Judicial Independiente (339 asociados). Las asociaciones progresistas —Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, con 441 afiliados, y la Unión Progresista de Fiscales, 242 asociados— habían decidido ya antes aceptar la propuesta del Gobierno y no sumarse a las movilizaciones, mientras que la Francisco de Vitoria (AJFV, 846 socios) decidió en la mañana de este jueves posponer la huelga hasta el 22 de mayo.

“Después de analizar la situación existente, hemos decidido atender a la petición del Ministerio de Justicia”, ha señalado la asociación en un comunicado, en el que constatan que, aunque las negociaciones en la mesa de retribuciones “no han dado sus frutos”, ya se han celebrado tres encuentros “de un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década”. “Hay además una propuesta sobre la mesa para sistematizar el calendario de trabajo técnico de la mesa para el próximo ciclo de negociación —que es quinquenal—”, añade la AJFV, que defiende que ha mantenido una actitud “constructiva” a lo largo de la negociación “con una secuencia lógica de propuestas que revelan un verdadero espíritu negociador”. “Desde la responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio. Confiamos en que este margen adicional no se desperdicie”, concluye el comunicado difundido este jueves.

La progresista JJPD ha difundido también una nota en la que confirma que considera “razonable” la propuesta del Gobierno, por lo que sus responsables han decidido aceptarla y emplazarse a la reunión prevista el día 16, en la que el Gobierno detallará las mejoras que propone en aspectos como la remuneración de trienios, cargas de trabajo, guardias y otras retribuciones variables, además de en aspectos de salud laboral y carrera profesional. Estas mejoras se sumarían a la subida salarial ya propuesta para adecuar los salarios de jueces y fiscales a las nuevas leyes de eficiencia, y que implica incrementos de hasta 490 euros al mes. La subida se aplicaría en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos hasta 46,7 millones de euros más que ahora.

El Ejecutivo ofreció que esta cuantía se reparta con la fórmula que elijan las asociaciones: repercutiendo en mayor medida en los jueces y fiscales de más categoría o en los de categorías inferiores. En cualquier caso, los incrementos oscilarían entre los 440 y 490 euros al mes para los jueces, y los 350 y 490 euros al mes para todos los fiscales, y en alguna de las opciones todos los jueces y fiscales verían incrementado su sueldo entre 440 y 460 euros mensuales, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia, con un aumento medio de 431 euros, y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo y precipitó que los jueces y fiscales se movilizaran para conseguir un pacto similar.