Jueces y fiscales en huelga: oportunidad para una reforma profunda

Nos encontramos ante una situación insólita: los jueces y fiscales españoles, o al menos una sustancial mayoría, se van a declarar en huelga. Lo han hecho a través de sus asociaciones, habiéndose mostrado más enérgicas las que la prensa suele vincular con una ideología conservadora, siendo más prudentes, pero no reticentes, las que representan (siempre según la prensa) las posiciones más progresistas. En estas condiciones, leer estos posicionamientos en clave electoral es extraordinariamente fácil, con las municipales encima y las generales en muy pocos meses. Hay que recordar a renglón seguido que no todo el colectivo forma parte de una asociación, sino sólo algo más de la mitad.

Sin embargo, pese a lo que sienta ideológicamente cada juez o grupo de jueces o la ilusión, más íntima o más manifiesta, que pueda hacerles poner en aprietos al Gobierno de coalición, entiendo que no es momento de simplismos políticos, sino de ver en esta huelga una oportunidad. Y que no se convierta, como la anterior de Letrados de la Administración de Justicia, en una oportunidad perdida, casi diría dilapidada, de llevar adelante una reforma realmente transformadora de nuestra justicia para poner solución a sus muchos problemas de los que ya les hablé hace muy poco, y me quedé extraordinariamente corto.

Es decir, esta huelga no se puede resolver con una especie de subasta sobre cuánto les subimos el sueldo a los jueces y a los fiscales, que es en lo que se acabó convirtiendo finalmente la negociación para el fin de la huelga de letrados. Al contrario, aquella huelga debió servir para replantearse el actual papel en el proceso judicial de dichos Letrados, valorando si su función, tal y como está concebida, aún tiene auténtico sentido en nuestra sociedad tecnológica actual, que no lo tiene. Pero ni siquiera se pensó en ello, sino sólo en sus sueldos. Ahora mismo, la huelga de jueces y fiscales debería servir para que todos ellos acaben teniendo una carga razonable de trabajo, porque no la que tienen y es inabarcable. La realidad es que sólo la cubren aparentemente trampeando una y otra vez para evitar sanciones, o precisamente para no acabar en la situación abierta ahora: la huelga.

Al contrario, es tiempo de pensar en reformas ambiciosas que deben modificar, no tanto los procedimientos (que también) sino prioritariamente la forma de abordar los litigios, que es muy diferente. Explicado de forma muy simplista, no es razonable que un solo juez deba dictar más de unas 300 sentencias al año, y ya son muchas, considerando que el año tiene 365 días y hay fines de semana, fiestas y vacaciones. Y es que, ¿cómo se le puede dispensar la debida atención a 300 procesos diferentes, valorando racionalmente toda su prueba, reflexionando sobre el derecho aplicable y tener todo ello seriamente en mente cuando se dicta sentencia? Pues bien, deben saber que un juez de primera instancia atiende, aproximadamente, no 300, sino unos 1.000 asuntos al año. Con eso está dicho todo.

Sin embargo, desde hace décadas, algún siglo incluso, los jueces se han acostumbrado a trabajar así. Sufriendo grandes retrasos, con plantillas o modelos de resolución, con superficialidad para no perder tiempo y delegando la redacción de muchísimas resoluciones sencillas en el personal de su juzgado, que no tiene ni la más mínima competencia para dictar autos y sentencias. Y es que la realidad es que en un juzgado, todos sus integrantes acaban haciendo casi de todo, dividiéndose el trabajo en función de su mayor o menor complejidad. Es un tradicional funcionamiento absurdo que sólo aguanta por la fuerza de la costumbre, y hasta ahora por la prudencia para no plantarse y convocar una huelga como esta.

¿Cómo hemos podido aguantar los ciudadanos que nuestras demandas o denuncias sean presentadas, y no obtengamos al menos una primera respuesta (ni siquiera una solución definitiva) hasta al cabo de semanas o meses? También nos hemos acostumbrado a que los deudores paguen con retraso, o a que las compañías aéreas y otras grandes empresas abusen de nosotros o, por poner otro ejemplo (hay decenas), a que nos roben nuestro teléfono móvil, el mismo envíe su posición, acudamos a la policía denunciando que sabemos dónde está y que nadie haga nada para recuperarlo, pues harían falta órdenes judiciales (insisto, judiciales) de entrada y registro que es imposible obtener en tan poco plazo… sólo por un teléfono móvil.

Dicho en otras palabras. Lo que denuncia (o debiera denunciar) esta huelga no se resuelve pagando un poco más a jueces y fiscales. Ese sería (tal vez será) un parche indigno que dejará todo como estaba. Los perjudicados por la nefasta situación de la justicia española no son sólo los jueces y los fiscales, sino principalmente la ciudadanía en su conjunto, que no va a ver cómo su pesadilla al entrar en contacto con la Justicia se resuelve porque aumente la remuneración de jueces y fiscales. Sin descartar esas subidas de sueldo –ciertamente, los sueldos son bajos, y no solamente los suyos–, hay que modificar completamente el conjunto de la arquitectura procesal, es decir, todo el modelo, para que los ciudadanos se vean atendidos en cuestión de horas en casos urgentes, y en no más de unas pocas semanas en casos más complejos.

Y es perfectamente posible que suceda si se emprenden las reformas debidas, para las que ahora mismo ya no hay tiempo en esta legislatura, no hay que engañarse. Pero solamente hace falta un poco de creatividad para esa futura reforma, a la vez que renunciar por completo y de una vez al tradicionalismo. No se puede continuar como hasta ahora, porque nada cambiará entonces.