El laberinto judicial de Leticia: 21 años atrapada en un pleito

Leticia García tenía 32 años cuando se metió en el pleito que ha ocupado casi la mitad de su vida. Era febrero de 2002, vivía de alquiler en un piso en Madrid y ganaba poco porque estaba aún comenzando su carrera laboral tras estudiar económicas. Le había tocado un premio que en apariencia le iba a ayudar a tener una vida más desahogada: la herencia de su abuela, compartida junto con otros 15 familiares. Eran tres edificios habitados por inquilinos cerca del parque del Retiro de Madrid, un lugar privilegiado. Los inmuebles eran bonitos por fuera, pero muy viejos por dentro, sin aire acondicionado ni calefacción. Hacía falta una costosa reforma, pero las circunstancias de cada copropietario eran distintas y no se ponían de acuerdo. Lo mejor era dividir la comunidad: registrar las viviendas a nombre de unos herederos y compensar económicamente a los otros. Sin imaginarlo, se adentraban en un laberinto judicial del que aún no han podido salir, 21 años después.

Hoy, Leticia tiene 53 años y accede a contar su historia porque quiere que los responsables del sistema tomen conciencia del daño que supone a los ciudadanos una justicia ineficaz. “Me indigna que los gobiernos, este y los anteriores, tengan a la gente abandonada”, dice por videoconferencia desde el Puerto de Santa María, en Cádiz, donde se encuentra temporalmente. El retraso le ha afectado económica y emocionalmente. No ha podido vender ni hipotecar su parte, los dos pisos que le corresponden, y se ha gastado “una fortuna” en abogados, impuestos y una reforma que finalmente tuvieron que acometer años más tarde porque el edificio se venía abajo.

La demora también ha afectado a las relaciones entre familiares, que se han deteriorado a causa del conflicto prolongado. Por el camino, han muerto varios de los herederos, entre ellos la madre de Leticia. Ella está deseando salir de este enredo, pero no termina de ver la luz. “Lo que quiero es vender esos pisos porque estoy con el agua al cuello por las cosas que tengo que pagar. Estar 21 años sin poder disponer de mi propiedad no es justicia”.

El caso ha pasado por tres peldaños. Primero residió 14 años y dos meses en un juzgado de primera instancia —de asuntos civiles—, que tuvo la causa paralizada entre 2007 y 2015 porque una de las partes cuestionaba el reparto de la herencia. Una vez resuelto ese asunto, el juez dictó sentencia el 12 de abril de 2016, especificando qué propiedad correspondía a cada parte. Disconformes, varios copropietarios recurrieron a la Audiencia Provincial, que dictó su sentencia el 23 de enero de 2018; luego, tres de las partes presentaron recurso de casación ante el Supremo, que lo inadmitió el 28 de abril de 2021.

El día que recibió la notificación, Leticia dio botes de alegría. Parecía el final del entuerto y las partes fueron al notario con esa idea, pero uno de los copropietarios no se presentó. Les tocaba pedir la ejecución de la sentencia ante el juzgado de primera instancia y en esas se encuentran hoy, esperando un correo electrónico o una llamada de sus abogados con una buena noticia que nunca llega.

“Una maldición”

Los abogados consideran los litigios de división de la cosa común como uno de los más enrevesados. “Si alguna vez quieres echarle una maldición a alguien, métele en uno de estos casos”, dice el letrado madrileño Gerardo Viada. “Son procesos largos en los que lo normal es que la cuestión se retrase por múltiples tasaciones de peritos. Es el peor tipo de pleito en mi opinión, pero, eso sí, nunca he visto que lleguen a más de 20 años”.

La última etapa, desde que solicitaron la ejecución de la sentencia, ha sido el colmo para Leticia. Las partes que se quedan sin pisos por tener un porcentaje insuficiente en la herencia deben recibir una compensación económica y el juez pidió esos depósitos a los herederos mayores en junio del año pasado. Desde entonces, cuenta Leticia, tienen retenidos en el juzgado más de 200.000 euros, que algunos de los afectados han tenido que poner pidiendo préstamos personales con altos intereses.

“Lo están pasando mal porque pensaban que era una cuestión que iba a resolverse en un mes y no ha sido así. Son gente normal, jóvenes con niños, y esto les está estrangulando económicamente”. Las huelgas en la justicia, que empezaron en enero, han hecho que pierda las esperanzas: “Jamás pensé en que iba a llegar a los 53 años sin salir de este asunto y ya es que no sé a qué edad voy a llegar”.

El conflicto ha sido un lastre que ha condicionado su vida. “A causa de los gastos en el edificio no he podido ahorrar todo lo que hubiera querido y no he podido comprarme una casa propia hasta hace cinco años con una hipoteca enorme, pensando en que iba a poder amortizarla cuando se resolviera todo. La gente puede pensar que soy millonaria por tener esos dos pisos, pero no puedo ni pagar mi hipoteca”. Ha intentado vender su parte en la comunidad de propietarios, pero el valor de mercado es muy inferior al que tendrán los pisos a su nombre una vez que los pueda inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad.

“Yo llevo 21 años con esto, pero es que nos estamos tomando como algo normal que te lleves 10 años en los juzgados”, dice Leticia. “Esto tiene consecuencias en la vida de la gente”.

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