El Ayuntamiento de Motril acusa a la mitad de sus policías de poner en riesgo la seguridad con una huelga encubierta

El Ayuntamiento de Motril ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Granada contra 56 policías locales a los que acusa de organizar o participar en abandonos colectivos e ilegales del trabajo que, además y por su naturaleza, está considerado un servicio público. Según detalla en su denuncia, que expone numerosos días y momentos puntuales, desde julio del 2022 a la actualidad, en los que presuntamente hubo faltas masivas, los agentes seleccionaron “las fechas y turnos en las que el abandono del servicio podría generar un mayor impacto, eligiendo a tal efecto los días de verano con más afluencia de visitantes, la Carrera de San Silvestre y algunos actos navideños, así como las procesiones de Semana Santa”. El objetivo de esos abandonos fue solicitar medidas salariales. Aunque los sindicatos niegan estos abandonos, sí admiten que ha habido un periodo de demanda activa de mejoras laborales. La Fiscalía tendrá ahora que decidir si acepta a trámite la denuncia o la archiva.

La plantilla de la Policía Local de Motril (Granada, 58.798 habitantes) está formada por 95 agentes según el Ayuntamiento, que son 89 según Daniel Ortega, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) en Motril, si bien este señala que “según la población, deberían ser 130 agentes”. Ortega niega la acusación y critica al consistorio motrileño. “Nos hemos enterado de esta denuncia cuando ha saltado a la prensa. Es curioso que nadie nos haya informado, ni a los sindicatos, ni exista ningún expediente informativo previo u otro indicio que nos permitiera saber que iban a hacer esto”, explica. Y, “por supuesto, negamos que haya habido ningún abandono organizado y colectivo del trabajo”, añade, aunque admite faltas al trabajo justificadas por enfermedad.

La denuncia del Ayuntamiento —en manos del PP y que ha contratado un despacho de abogados de la capital para esto— reproduce, por otro lado, publicaciones de redes sociales o transcripciones de mensajes telefónicos en los que responsables sindicales parecen sugerir opciones de enfermedad. Así, la transcripción de un mensaje de WhatsApp previo a la última Semana Santa concluye, en negrita y subrayada la segunda parte de la frase: “…aunque esperamos que esta información no sea necesaria para la mayoría, sí es verdad que estamos en un periodo complicado de cambios de temperaturas y alergias”.

La reciente Semana Santa ha colmado la paciencia del Ayuntamiento. Las ausencias al trabajo, según detalla en la denuncia el despacho de abogados, han sido casi totales desde el 1 al 7 de abril, Viernes Santo. En los turnos de tarde y noche de ese periodo, la ausencia por indisposición médica ha fluctuado presuntamente entre el 90% y el 100% de los efectivos que debían trabajar. En la práctica, apenas había policía local en la calle y el Ayuntamiento recurrió —porque estaba advertido— a “una empresa de señalización y voluntarios” para gestionar las procesiones en la parte responsabilidad de la policía local. Esto, por otro lado, está siendo objeto de estudio por los sindicatos policiales que valoran acusar al consistorio de usurpación de funciones.

Daniel Ortega admite que ha habido un periodo de demanda de mejoras laborales y que, de hecho, se consiguieron. “Vox las llevó a pleno en marzo y fueron apoyadas por todos los grupos con el único voto en contra del PP [el grupo mayoritario de los tres que conforman el equipo de gobierno], que se vio superado. Y por eso, la alcaldesa [Luisa María García Chamorro] se empeña en no llevar a la práctica esas mejoras”, termina el policía local, que enumera las cifras de su servicio: “De los 89 policías, 17 están en segunda actividad y no patrullan y 10 están en oficinas, cinco de ellos porque son superiores. Desde 2010 se han jubilado o marchado 31 agentes y solo han venido 5 nuevos. Y esto es para Motril y cinco núcleos anejos”. El Ayuntamiento ha declinado ofrecer cifras concretas de la dotación que destina a cada turno.

La pena para los organizadores promotores del abandono de un servicio público de modo ilegal puede fluctuar de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, mientras que para quienes solamente formen parte de ese abandono, si el servicio público “es esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad”, es una multa de ocho a doce meses. La multa, a su vez, fluctúa de dos euros diarios hasta los 400.