La Policía Local de Málaga interviene 8.500 vapeadores que se vendían de forma clandestina

La Policía Local de Málaga ha intervenido esta semana casi 8.500 vapeadores en un establecimiento donde se vendían de manera ilegal a la clientela, entre la que se encontraban menores de edad, según ha dado a conocer este martes las autoridades policiales. Durante la inspección en un polígono industrial a las afueras de la ciudad, los agentes pudieron comprobar que entre los dispositivos electrónicos que se ofrecían en un negocio había muchos sin autorización para su comercio en España y otros llevaban en sus cajas una pegatina que indicaba que estaban libres de nicotina, cuando en las especificaciones del producto —siempre en inglés— indicaban que sí llevaban esta sustancia. Ante estas y otras irregularidades, decidieron inmovilizar y precintar 8.385 unidades de estos cigarrillos electrónicos. Según el Ministerio de Sanidad, este producto es consumido en su mayoría por personas de menos de 35 años y tienen efectos negativos en la salud.

La actuación ha sido desarrollada por miembros del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local malagueña, quienes han inspeccionado durante las últimas semanas varias empresas y establecimientos abiertos al público para comprobar el uso y las condiciones de seguridad de estos dispositivos. En uno de ellos, ubicado en una nave industrial del polígono del Guadalhorce, al oeste de la capital, los efectivos policiales comprobaron durante una de sus vigilancias la venta de vapeadores a menores de edad, cuando la edad mínima para adquirirlos es 18 años. Los responsables del local lo hacían sin solicitar la documentación a los clientes e indicándoles, además, que los dispositivos no tenían nicotina. Cuando la policía solicitó al encargado, un hombre de 20 años, la documentación, aseguró que no la tenía y que toda estaba en manos del gestor.

Durante su actuación, los policías comprobaron que parte de las cajas llevaban superpuesta una pegatina plateada con el lema “0%”, a pesar de que en las especificaciones del producto, escritas en inglés, indicaban que sí llevaba nicotina. Los agentes encontraron miles de unidades distribuidas por el recinto, tanto a la vista como en un almacén anexo al mostrador, e incluso hallaron 20 cajas en un cubo de basura. La venta de estos productos, según comprobaron desde la Policía Local, tampoco estaba autorizada en España porque incumplían diferentes normativas: desde la no comunicación de la comercialización del producto a la dirección de salud pública a existir indicios racionales de que el producto pueda contener nicotina y las cajas estar modificadas o la existencia de depósitos con capacidad superior a 2 mililitros, el límite legal según el Ministerio de Sanidad.

Los efectivos del GIP levantaron finalmente varias actas al comercio por la infracción sobre la normativa sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo por la venta a menores, la no presentación de la documentación o por la existencia de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina intervenidos, además de la incautación e inmovilización por los dispositivos localizados que no cumplían las diferentes especificaciones.

Según el informe sobre los cigarrillos electrónicos publicado en 2022 por la Dirección General de Salud Pública, estos dispositivos se publicitan habitualmente como inocuos, pero “suponen un riesgo para la salud, asociado tanto al uso como a la exposición al aerosol que emiten” porque se han encontrado “sustancias cancerígenas en líquidos y aerosol” y se han descrito “numerosas intoxicaciones”. Entre sus principales efectos se encuentran problemas en las vías respiratorias similares a los asociados al humo del tabaco. El trabajo del Ministerio de Sanidad concluye que “los cigarrillos electrónicos no son seguros para el consumidor”.