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El Congreso aprueba en comisión la reforma socialista del ‘solo sí es sí’ con los votos del PP, el PNV, CS y Junts, y el no de Podemos

El PSOE asegura que “la humillación era la de las víctimas” ante las rebajas de sus condenas, tras asegurar Irene Montero que el PP humillaba al PSOE con el acuerdo para modificar la norma

El presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia (tercero por la izquierda) y el letrado de las Cortes Fernando Castillo López (izquierda) observan la conversación mantenida por las letradas de las Cortes Piedad García-Escudero (segunda por la izquierda) e Isabel Revuelta (tercera por la derecha), y la diputada Laura Berja (segunda por la derecha).Foto: ZIPI (EFE) | Vídeo: EPV
El País

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes, tras un encendido debate, el informe de ponencia de la reforma a la ley del solo sí es sí impulsada por el PSOE, pero rechazada por Podemos y la mayoría de los socios del Gobierno. El texto ha contado con el apoyo de PP, PNV y Junts. Unidas Podemos, ERC y Bildu se han posicionado en contra, mientras que Vox ha decidido no votar. La ponencia ha salido adelante en medio de reproches al PSOE de su aliado gubernamental, Podemos, y de la mayoría de los socios parlamentarios que han sostenido a Pedro Sánchez durante esta legislatura. La ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora de la ley, pero también de mantenerla sin modificar pese a las rebajas de penas a agresores sexuales, ha advertido a los socialistas del “enorme coste para las mujeres” que tendrá el hecho de reformar “una ley feminista con la derecha”.

El texto, que será ratificado el jueves en el Pleno de la Cámara baja, se ha aprobado finalmente con varias modificaciones, principalmente técnicas, que los socialistas han acordado con el PP. Entre ellas, destaca la que corrige la destipificación que la ley hace por error de la “distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, incitar o fomentar la comisión de delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años”.

El portavoz parlamentario de los socialistas se ha referido, sin citarla, la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, que este lunes aseguró, en referencia al acuerdo alcanzado entre el socio mayoritario del Gobienro y los populares: “El PP ha humillado al Partido Socialista haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, el de la violencia y la intimidación”. “Algunos llegan a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha”, ha señalado Patxi López. “La humillación era la de las víctimas, que estaban viendo cómo a los agresores se les estaban bajando las condenas. Nosotros lo que hemos querido es acabar con esa humillación”, ha enfatizado.”Nos vamos a quedar muy a gusto cambiando una ley para que siga siendo una buena ley y tenga el respaldo del conjunto de la ciudadanía, especialmente el de las mujeres”.

El hecho de que Vox haya decidido no votar ha evitado que lo hicieran en el mismo sentido el partido de Santiago Abascal, el de Ione Belarra (Unidas Podemos) y el resto de los partidos que han conformado hasta ahora el grueso de los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha censurado la aprobación de la reforma socialista de la Ley de Libertad Sexual que impulsó su departamento y ha avisado al PSOE de que “cambiar una ley feminista con la derecha y la extrema derecha tendrá un enorme coste”.

La diputada del PSOE Laura Berja ha señalado que esta reforma era “necesaria” pese a que la ley del solo sí es sí es “muy buena” y supone un cambio de paradigma “del que el PSOE no se ha movido ni una coma”. Fuentes del PP también han celebrado que “el objetivo esencial de la reforma se cumple”. La diputada María Jesús Moro ha reconocido que el texto de la ley del solo sí es sí “se podría haber mejorado más” y ha manifestado que con su apoyo a la propuesta socialista, los populares han actuado como “un partido de Estado”. Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde ha pedido al PSOE que reflexione y ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo antes del pleno del jueves para evitar una reforma que va a propiciar una “vuelta a la legislación anterior”.

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Desde ERC, Pilar Vallugera ha calificado esta reforma de “irresponsable” por no esperar a la instrucción de la Fiscalía General del Estado y ha lamentado que la mayoría feminista del Congreso había conseguido sacar adelante una ley que cambiaba el paradigma de lo que se consideraba una agresión sexual. También la diputada de EH-Bildu Isabel Pozueta ha criticado la posición del PSOE, a quien ha acusado de “dar la espalda al bloque de investidura” y le ha pedido dar “marcha atrás” para “salvar el paradigma del consentimiento”.

La proposición de ley impulsada por los socialistas aboga por crear un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación, algo que rechazan la mayoría de los socios de investidura del Gobierno por considerar que desplaza la centralidad del consentimiento. El PP sí apoya el texto, que logró ser tomado en consideración en la Cámara Baja gracias a los votos favorables de los populares, que previsiblemente volverán a respaldar la reforma en la Comisión de este martes y en el pleno del jueves. Por el momento, el PSOE ha aceptado cinco enmiendas del PP, entre las que destacan el castigo a la distribución de contenidos que inciten a cometer agresiones sexuales a menores de 16 años, que había quedado destipificada.

El debate y la aprobación esta semana de esos cambios en la ley del solo sí es sí llegan en plena refriega electoral y tras conocerse la semana pasada el segundo balance oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de las rebajas de penas a agresores sexuales desde la entrada en vigor de esa norma, el 7 de octubre. En ese cómputo se sitúa en 978 las condenas reducidas, de las que 104 han supuesto también la excarcelación del agresor.

La cifra es algo superior a la que se filtró el miércoles (943 rebajas y 103 excarcelaciones) porque en ese momento faltaba incorporar la información de varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. El fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó incluso a pedir perdón a las víctimas de delitos sexuales en una entrevista con los diarios del grupo Vocento, en un plan diseñado desde La Moncloa para volver a reconciliarlo con el importante electorado femenino.

El Congreso corrige un error en la ley de protección de la infancia frente a la violencia 

Entre las enmiendas que ha aprobado la Comisión de Justicia del Congreso figura una que corrige un error de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como ley Rhodes. La norma, que fue aprobada en 2021, amplió la protección de los menores en situaciones de violencia y, entre otros puntos, modificó el Código Penal para elevar los plazos de prescripción de delitos, entre ellos, los abusos sexuales. Para ello, se modificó el artículo 132 del Código Penal. El problema afectó únicamente a los delitos contra la libertad de los niños y adolescentes (como secuestros o matrimonios forzados): en un párrafo se estableció que el plazo de prescripción comenzaría a contar cuando la víctima cumpliera 35 años. En otro párrafo seguía estableciéndose que sería cuando cumpliera 18. 

Esta laguna trascendió el pasado febrero, cuando Miguel Hurtado, víctima de pederastia en el Monasterio de Montserrat, activista y miembro fundador de la asociación internacional Ending Clery Abuse, se dio cuenta de ello e Infolibre lo hizo público. Entonces, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo atribuyó a un “error de redacción” y explicó que cuando se ampliaron los plazos de prescripción hasta los 35 años en esa ley su intención no era incluir los delitos contra la libertad, sino aquellos “más graves” contra la infancia, como los abusos sexuales, cuyas víctimas suelen tardar años en procesar lo ocurrido y en denunciar. El departamento que dirige Ione Belarra se comprometió a corregir la “errata” lo antes posible, “incluyendo una disposición en la próxima ley orgánica que se lleve al Congreso”. Ahora se corrige el fallo a través de una enmienda transaccional presentada por Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts per Catalunya y Más País. Ha sido apoyada por todos los partidos a excepción de Vox.

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