Asturias solicitará la declaración como zona catastrófica tras los incendios que asolaron 32.000 hectáreas
La Fiscalía tramita ya 15 denuncias contra incendiarios. Se otorgará a los agentes forestales categoría de investigadores
El Gobierno regional solicitará la declaración de Asturias como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la denominación actual de zona catastrófica, tras los graves incendios que han arrasado con 32.000 hectáreas. Para ello, ha iniciado un procedimiento de recogida de información sobre todos los bienes afectados que estará abierto hasta el 30 de abril. Además, el Principado incluirá cambios en la regulación actual, que incidirán tanto sobre la vigilancia como en la prevención y extinción de incendios. La Ley de Montes pasará a llamarse Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales.
Son las primeras consecuencias administrativas después de que el fuego arrasase en las últimas semanas más de 32.000 hectáreas, generando unos daños económicos valorados por encima de los cien millones de euros. Unos incendios mayoritariamente intencionados y sobre los que la Fiscalía ya tramita quince denuncias contra presuntos autores del fuego.
El Ejecutivo asturiano compromete, con carácter inmediato, una nueva resolución de prevención de incendios. Este texto concederá especial atención al terreno cercano a las poblaciones, donde existen más riesgos para las vidas, las casas y las propiedades. También prevé políticas de autoprotección de los pueblos a través de la mejora de la gestión de los recursos forestales o la formación de los vecinos y la coordinación de dispositivos de protección civil.
El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, detalló que se van a revisar todos los aspectos relacionados con la interfaz urbana forestal, donde existen más riesgos para las vidas, las casas y las propiedades. “En las zonas de transición vamos a plantear el uso de especies autóctonas o frondosas con franjas limitadas para mejorar la defensa contra los fuegos. También se reforestará con especies que tienen capacidad de alta regeneración”.
Respecto a la vigilancia y control, la consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Rita Camblor, ha anunciado la pretensión de que los agentes de las Brigadas Forestales pasen a tener la categoría de investigadores. Estas brigadas han remitido a la Fiscalía entre 2019 y 2022 111 expedientes para la apertura de diligencias y, en estos momentos, hay 65 investigaciones en curso.
Plan de ayudas
El Gobierno de Asturias dispondrá en las próximas semanas de ayudas para ordenación y desarrollo de los bosques, destinadas tanto a particulares como a entidades locales, que permitirán la reforestación de todas las zonas afectadas con una subvención del 100%. La línea para particulares 2023 estará dotada con 4 millones que podrán ampliarse hasta los 5,5. Para las entidades locales está prevista una convocatoria de 700.000 euros, ampliable a su vez hasta 850.000. Adicionalmente, se contará con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que permitirá completar todas las necesidades de reforestación precisas.
El Principado ya ha puesto a disposición de los ayuntamientos y entidades locales 2,4 millones a través de las ayudas para prevención de incendios y activará en mayo el nuevo fondo de prevención, recogido en los presupuestos de este año, que suma 4,5 millones y permitirá duplicar los recursos facilitados a los ayuntamientos para este fin. Este nuevo fondo, que incluye un sistema de gestión más ágil que el actual, tiene carácter plurianual (2023-2025) y alcanza una dotación de 13,5 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que se “agilizará al máximo la concesión de las ayudas y se pondrán todos los recursos que sean necesarios para abordar la reconstrucción de Asturias”. La intención confirmada por el Gobierno asturiano es que las ayudas directas de entre 500 y 1.200 euros por hectárea aprobadas para los propietarios de los montes arrasados, ya sean particulares o los propios ayuntamientos, puedan comenzar a abonarse entre los meses de mayo y junio.
