Defensa reconoce 83 militares muertos por exposición al amianto

El Ministerio de Defensa ha reconocido en las últimas dos décadas la muerte en acto de servicio de 83 militares por exposición al amianto, según datos oficiales recabados por EL PAÍS. La cifra de fallecidos es, al menos, seis veces superior a la registrada en el Metro de Madrid, donde sindicatos y trabajadores han peleado durante años para que se reconocieran como enfermedades profesionales las derivadas de la inhalación de fibras de asbesto o amianto. El contacto con este mineral puede producir asbestosis (fibrosis pulmonar), mesotelioma pleural y cáncer de pulmón, entre otras afecciones mortales.

Defensa ha reconocido una media de entre cuatro y cinco muertes anuales por exposición al amianto, aunque la fecha no corresponde al año de fallecimiento, sino al de conclusión del expediente. El principal foco de la enfermedad en las Fuerzas Armadas admite pocas dudas: el 98,8% de los fallecidos (82) pertenecían a la Armada, por solo uno del Ejército del Aire y ninguno de Tierra. Entre los casos más conocidos, por tratarse de altos mandos, figuran el general José Manuel Bernal Sierra, inspector de Máquinas de la Armada, y el almirante Francisco Javier González-Huix, exjefe del Estado Mayor Conjunto. Este último fue reconocido por Defensa como muerto en acto de servicio en agosto, pese a que falleció en diciembre de 2020, cuando ya estaba en la reserva.

Por sus cualidades aislantes e ignífugas, el amianto se empleaba profusamente en la construcción de buques, especialmente en calderas, turbinas, tuberías e incluso en conductos de aire acondicionado y camarotes. Los buques de guerra que el presidente estadounidense Dwight Eisenhower entregó a Franco, en el marco del acuerdo militar de 1953, venían cargados de amianto y también, al igual que los que el astillero público Bazán empezó a construir copiando el modelo estadounidense. El desgaste producido por las altas temperaturas y la climatología marina acababan por degradar las fibras de amianto, que se esparcían en partículas microscópicas en los recintos cerrados del buque.

En España se prohibió la comercialización y uso del asbesto en 2002, pero Navantia, empresa heredera de Bazán, asegura que a partir de 1982 se aplicó una “política sistemática” de eliminación de este material cancerígeno en todos los buques de nueva construcción, aunque se siguió empleando para el mantenimiento de los más antiguos. La vida media de los buques es de unos 30-40 años, pero la Armada española todavía tiene en servicio barcos que fueron construidos después de 1982, como el transporte ligero Contramaestre Casado o el patrullero Infanta Cristina. El problema es que las enfermedades derivadas del contacto con el amianto tienen décadas de latencia y pueden aflorar muchos años después de la exposición al mismo.

Fuera de los buques más antiguos, el asbesto también está presente en muchas instalaciones militares, igual que en las civiles. El caso más espectacular es el de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde más de 50 kilómetros de tuberías de agua caliente estaban recubiertas con este material. Después de que el tema saliera a la luz, el Ejército del Aire contrató por 970.000 euros la retirada de todo el amianto de la base partir de septiembre del año pasado.

El reconocimiento de la muerte en acto de servicio no solo da lugar a una pensión extraordinaria (doble de la ordinaria), sino también al pago de una indemnización, más allá del seguro de vida con que cuentan todos los militares, si se considera que el Estado tiene responsabilidad en la muerte o enfermedad profesional. La mayoría de los que han sido reconocidos por Defensa han cobrado entre 100.000 y 120.000 euros, en el caso de las viudas, y 10.000 euros por hijo, muy lejos de las indemnizaciones millonarias que la Navy ha pagado por los marineros estadounidenses que se envenenaron en buques similares. El problema radica en que no es fácil demostrar la relación causa-efecto entre una enfermedad y el amianto. Defensa se remite a los informes del Consejo de Estado para calificar o no la muerte como “en acto de servicio”.

La Unión de Militares de Tropa (UMT) denuncia que 80 de los 113 expedientes abiertos por Defensa, muchos aún pendientes de resolución, corresponden a oficiales y otros 33 a suboficiales, pero ninguno a soldados ni marineros. “¿No había tropa, incluso de mili obligatoria, junto a los mandos que enfermaron?”, se pregunta la asociación. La UMT ha contactado con un despacho de abogados para canalizar las demandas de las víctimas del asbesto en los ejércitos. Aunque Defensa lo está quitando de muchas instalaciones, además de Torrejón, la asociación se queja de que, cuando en 2021 planteó el problema a la cúpula del Ministerio, se le respondió que no había ningún plan para retirarlo.

El viernes falleció a los 62 años el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Martorell, víctima de un agresivo cáncer de pulmón diagnosticado solo 10 meses antes. Aunque se desconoce el origen de su enfermedad, Martorell fue comandante del dragraminas Miño, uno de los buques que Eisenhower entregó a Franco.