Llop, a Podemos sobre la ‘ley del solo sí es sí’: “Hablen con las víctimas de a quienes se le ha bajado la pena”

La ley de libertad sexual ha vuelto a ser este jueves motivo de enfrentamiento entre los socios de Gobierno en el Congreso. Aunque con un tono menos áspero que el escuchado en sesiones de las últimas semanas, PSOE y Unidas Podemos (UP) se han intercambiado reproches durante una comparecencia de la ministra Pilar Llop en la comisión de Justicia. Llop no ha hecho referencia a la ley del solo sí es sí durante su primera intervención, pero sus socios sí la han introducido en el debate exigiendo una “respuesta feminista” por parte del Gobierno y pidiendo al PSOE que no impulse la reforma de la ley hasta que el Tribunal Supremo no resuelva algunos de los recursos que ya ha presentado la Fiscalía sobre las más de 750 revisiones de sentencias firmes decretadas desde noviembre por los tribunales. La ministra ha insistido en que el PSOE trata de dar una “solución técnica” para evitar que conductas más graves (con violencia o intimidación) reciban castigos leves. “Hablen con las víctimas o con los padres de los niños agredidos por a quienes se les ha bajado la pena. Y luego si quieren podemos también hablar nosotros”, ha señalado la ministra dirigiéndose a la representante de Unidas Podemos en la comisión, la diputada Martina Velarde.

La propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí inició su andadura parlamentaria la semana pasada gracias a los votos a favor del PP, Ciudadanos y algunos aliados minoritarios, y con la oposición de UP, ERC y Bildu. Tanto la ministra como la diputada de Unidas Podemos se han mostrado dispuestas este jueves a volver a intentar un acuerdo para sacar adelante un texto consensuado, pero, más allá de la intención enunciada, sus intervenciones no invitan a creer que pueda haber un acuerdo. Podemos sigue considerando que el texto impulsado por el PSOE, que agrava las penas para las agresiones cometidas con violencia o intimidación, es “una vuelta al Código Penal de la Manada”, en referencia a la ley anterior, por la que los violadores de una joven durante los Sanfermines de 2016 fueron condenados en primera instancia por un delito de abuso en vez de por agresión sexual, lo que les supuso una pena más baja (nueve años, que el Supremo elevó luego a 15 al considerar que sí hubo agresión). “Aunque no se vuelva al término abuso la violencia determinará que tipo de agresión hay, eliminando la centralidad del consentimiento”, sostuvo Velarde.

Unidas Podemos, que en las semanas previas a que el PSOE presentara su propuesta de reforma había accedido a cambiar la ley y se sentó con los socialistas para intentar pactar un texto, cree ahora que sería mejor esperar a que el Tribunal Supremo resuelva alguno de los alrededor de los recursos que ya ha presentado la Fiscalía contra rebajas de penas hechas por las audiencias provinciales o los tribunales superiores de justicia en aplicación de la ley. El alto tribunal ya ha recibido casi un centenar de recursos y prevé deliberar en mayo los primeros. “¿No ve problema en legislar antes de que el Supremo se haya pronunciado?”, preguntó Velarde, para quien poner sobre la mesa “un tercer Código Penal en tan pocos meses” puede tener “efectos” nefastos.

Llop rebatió durante su turno de réplica este argumento y defendió que lo que pretenden los socialistas es “reparar en la medida de lo posible a las víctimas”. “Son ustedes quienes lo tienen en sus manos. Esta propuesta es una solución técnica y no vuelve al modelo anterior, el consentimiento se mantiene íntegro”, ha insistido la ministra.

Los grupos piden una solución a la huelga de letrados

Más allá de la reforma de la ley de libertad sexual, la comisión abordó también el conflicto del Gobierno con los letrados de la Administración de Justicia, que están en huelga indefinida desde el 24 de enero Entre los diputados miembros de la comisión que intervinieron hay algún letrado en excedencia (el diputado de Vox Eduardo Ruiz) y otros que admitieron que el asunto les toca de cerca por tener a familiares, cónyuges o conocidos implicados en el conflicto, y apremiaron a Llop a buscar una solución cuanto antes. Los letrados reclaman cobrar el 85% de lo que cobran los jueces, pero el Gobierno, que en abril de 2022 se comprometió a impulsar esa propuesta, insiste ahora en que es imposible.

La ministra defendió que ya se les ha incrementado el salario en un 14,5 % (un 5,26% para compensar las nuevas funciones que asumieron en 2009 y el 9,5% de incremento de todos los funcionarios), y criticó que los letrados que se sitúen en “posiciones maximalistas”, un reproche que no gustó a la oposición. “Me pongo en la piel de unos funcionarios del grupo A1 que convocan una huelga indefinida y la están manteniendo a pesar de la perdida de retribuciones y pienso ¿cómo deben estar de hartos de este Ministerio de Justicia? Y viene usted y nos dice que la única posibilidad de salir de la huelga es que ellos se rindan porque sus peticiones son maximalistas?, preguntó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, cuya esposa pertenece a este cuerpo. En la misma línea, todos los partidos, desde Unidas Podemos, ERC y el PNV al PP y Vox reclamaron al Gobierno una solución para el conflicto con los letradosPor otra parte,respecto a la huelga de los letrados la Junta Electoral Central ha levantado este jueves la amenaza que se cernía sobre las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El órgano electoral ha dictaminado que los letrados participan en la jornada electoral jornada electora “en cumplimiento de un deber público esencial establecido por la ley electoral, con lo que resulta inconcebible un posible ejercicio del derecho constitucional de huelga que pueda eximir a quienes lo ejerzan en cumplimiento de dicho deber”.

La Junta Electoral Central responde así a la consulta realizada desde el Ministerio de Justicia ante la posibilidad de que los letrados no acudiesen a la convocatoria para constituir las distintas juntas electorales el próximo 7 de abril, en el caso de que la huelga continuase en esa fecha. En el escrito la Junta Electoral se deja claro que “ninguna ley establece la posibilidad del ejercicio del derecho de huelga por las personas que desarrollan tareas en la Administración electoral”. Aclara que tampoco prohíbe ese derecho, “aunque resulta fácil colegir las dificultades que comportaría tratar de sustanciar un proceso electoral en el que, por citar un ejemplo, decidiesen iniciar una huelga los miles de vocales de las mesas electorales”.