El Congreso deriva la investigación de los casos ‘Mediador’ y ‘Cuarteles’ a una comisión al uso
La derecha parlamentaria acusa al PSOE, el Gobierno y sus socios de ocultar el escándalo del exdiputado socialista Tito Berni
No habrá una comisión de investigación especial en el Congreso del caso Mediador, la trama de corrupción centrada, entre otros protagonistas, en el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido mediáticamente como Tito Berni. Tampoco la habrá, por ahora, del caso Cuarteles de la Guardia Civil, sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de obras en instalaciones del instituto armado por toda España. El PSOE ha logrado este martes el apoyo de sus socios habituales para incluir esos asuntos polémicos y de actualidad en las comisiones ordinarias ya establecidas en la Cámara, como la de Interior y la de Calidad Democrática, frente a la comisión especial que exigían la derecha y algunos aliados recurrentes, como EH Bildu y ERC, que finalmente han cedido sobre esa posición.
El PP había llevado este martes a la Junta de Portavoces una petición para formar una nueva comisión de investigación sobre lo que denominan caso Tito Berni. No prosperó. Solo la apoyó la derecha, con Vox y Ciudadanos. El PSOE la rechaza con el argumento de que ahora no procede ese tipo de indagaciones parlamentarias con un procedimiento judicial en marcha, porque supondría demorar su calendario varias semanas hasta poder acordar su constitución. Y, aunque no lo reconoce públicamente, porque no le conviene remover más ese escándalo cuando cree que ha cogido mucha mayor trascendencia, en paralelo, el caso de la posible corrupción en adjudicaciones de casi 200 obras y reformas en cuarteles de la Guardia Civil.
Varios socios habituales del Gobierno, como ERC, EH Bildu y Más País, habían avanzado antes de la celebración semanal de la Junta de Portavoces que apoyarían una comisión de investigación del caso Mediador, porque siempre defienden conformar este tipo de órganos ante cualquier escándalo político. La portavoz de EH Bildu, Metxe Aizpurua, anticipó incluso, antes del encuentro de la Junta, que su formación y ERC habían llegado a un acuerdo con el PSOE. Aizpurua lo justificó así: “Nuestra posición es clara y nítida en contra de la corrupción, la impunidad y de generar espacios de opacidad. Creemos que se debe arrojar luz y llegar hasta el final en todos los casos de corrupción, se vista de la sigla que se vista”. Eso sí, arremetió contra el PP, al que acusó de arrogarse “hipócritamente” el papel de “adalid” de la lucha contra la corrupción con el pasado que tiene.
El acuerdo adelantado en teoría por EH Bildu y ERC no lo refrendaron más tarde los socialistas. Ni mucho menos. El PSOE defiende ahora que las comisiones de investigación parlamentarias con un procedimiento judicial abierto no tienen ni mucho sentido ni, sobre todo, mucha utilidad, porque, como argumentó su portavoz, Patxi López, muchos comparecientes que tienen la obligación de acudir a la misma pueden acogerse a su derecho a no declarar. El PSOE precisó más tarde que ese criterio no rige para impulsar y aprobar la reedición de nuevas comisiones de investigación sobre el caso Kitchen o la Operación Cataluña, que afectan a actuaciones irregulares de gobiernos del PP en el pasado reciente, porque en esos casos hasta los jueces han detectado que se podrían producir destrucciones u ocultaciones de pruebas.
Las comisiones de investigación tienen un rango especial en el Congreso, las comparecencias son obligadas frente a las tradicionales, pero su formación, calendario y organización del trabajo suelen demorarse semanas. También reciben normalmente más atención mediática.
Gabriel Rufián, de ERC, concedió antes de la cita de portavoces que a su grupo le “chirriaba” respaldar nada con el PP, pero indicó que habían negociado con el Gobierno que algo había que hacer e investigar sobre esos casos. Luego ERC como los otros socios aceptaron la alternativa que ofreció el PSOE y López presumió de que habría sido porque lograron ser “convincentes”.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, socio y aliado relevante del Gobierno en todo este mandato, admitió tras la reunión que no le habían convencido mucho ni “quedado claro” o despejado sus “dudas” los argumentos del PSOE para descartar esa comisión de investigación. Esteban reconoció, eso sí, la gravedad de lo que se está publicando sobre las obras y mordidas en cuarteles de la Guardia Civil, y pidió ahí algo de autocrítica sobre los cuerpos de seguridad que siempre reciben loas y alabanzas.
“Cuanto antes, mejor”
Patxi López aclaró que a su formación le parece “más ágil y eficaz” llevar las futuras peticiones de comparecencias del caso Mediador y del caso Cuarteles a una comisión de las ya establecidas en la Cámara para poder requerir las presencias y explicaciones de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en dos o tres semanas. “Cuanto antes, mejor”, dijo López, para señalar que en esas comisiones ya formadas de Interior y Calidad Democrática se puede “arrojar luz” de esos asuntos que etiquetó como “turbios”. Y a continuación arremetió contra el PP y casos de imputaciones como las que acechan al exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, o a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Ninguno de esos argumentos convenció, sin embargo, ni a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ni a la exlíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que coincidieron en atacar duramente las intenciones del PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios por “ocultar” el escándalo del Tito Berni. Gamarra aprovechó para cuestionar la inacción también de la Presidencia de la Cámara, porque insistió en que ha mirado para otro lado en un caso que le afectaba al situar el PP al Congreso “como el centro de operaciones” del exdiputado Fuentes Curbelo, al que se ubica como “cabecilla” de esa trama Mediador. La dirigente del PP relacionó el rechazo a su comisión de investigación por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo en un intercambio de intereses: “Impunidad con impunidad se paga”. Y conectó ese caso con los indultos a dirigentes independentistas en Cataluña, “la ley del silencio” y con las “mentiras y discursos fake [’falsos’ en inglés]” de Sánchez en su investidura contra la corrupción.
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