Fracasa un nuevo intento para pactar la reforma de la ‘ley mordaza’

El futuro de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, sigue en el aire. Los recientes movimientos entre bambalinas parlamentarias de los seis partidos favorables a modificar la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 solo han servido para confirmar que el acuerdo aún está lejos a solo unos días de que la Comisión de Interior del Congreso aborde la reforma, previsiblemente la próxima semana. El último encuentro de trabajo entre estas seis formaciones ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts―, celebrado este martes y que duró poco más de media hora, finalizó con las posiciones igual de enconadas, pese a que los tres primeros partidos presentaron sendos textos alternativos para los cuatro artículos que tienen encallada la negociación. La propuesta fue rechazada por las otras tres, según coinciden varias fuentes conocedoras del encuentro.

El artículo en el que las posiciones están más distantes sigue siendo el referido al uso del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad para hacer frente a los altercados callejeros. El PSOE y el PNV quieren mantenerlas; ERC, EH Bildu y Junts exigen prohibirlas; y Unidas Podemos ha buscado posiciones intermedias para llegar a un acuerdo. Al cerrase la ponencia, los socialistas se abrieron por primera vez a introducir una disposición adicional sobre “gestión policial y material antidisturbios” que recogiera que el Ministerio del Interior debía elaborar “un estudio sobre el empleo del material antidisturbios”, sin citar expresamente estos proyectiles ni mucho menos una futura sustitución de los mismos por proyectiles de espuma ―conocidos como foam― supuestamente menos lesivos y que ya usan los Mossos d’Esquadra en Cataluña (donde son los únicos que pueden emplear) y la Ertzaintza en el País Vasco.

Según confirman a EL PAÍS fuentes parlamentarias, la nueva propuesta presentada este martes se mantiene en esa línea, aunque con pequeñas modificaciones. Así, plantea introducir en la exposición de motivos de la futura ley una alusión al material antidisturbios junto a una disposición adicional en el que se detalle que en la elaboración de los protocolos para su uso, además de Interior, participarían “expertos” y organizaciones de lo que el texto denomina “sociedad civil”. Precisamente, en las últimas semanas representantes de estos partidos han mantenido encuentros con Amnistía Internacional para recoger sus sugerencias, según confirman fuentes de esta organización. Además, la propuesta incluye la instauración de mecanismos para permitir identificar a los agentes antidisturbios que utilicen este material. La propuesta ha sido rechazada por los tres partidos que siguen reclamando la prohibición de las pelotas de goma. ERC incluso lo planteó este martes como exigencia para seguir negociando su apoyo a la reforma. Sus votos en el pleno son claves para que salga adelante.

Tampoco ha convencido el texto alternativo que buscaba superar el escollo de las devoluciones en caliente, en el que se proponía remitir la reforma de esta polémica figura a la ley de extranjería. El texto plantea, en concreto, incorporar un añadido a este último texto legal para que el Gobierno elabore en el plazo de un año la normativa que desarrollará la exigencia ya existente en la misma de que en estos rechazos en frontera, como los denomina formalmente, se respeten los derechos humanos y los convenios firmados por España para la protección internacional. De nuevo, ERC, EH Bildu y Junts han rechazado la propuesta que, como el resto, no se llegó a debatir en el encuentro del martes.

En el caso del artículo 37.4, que fija como infracción leve ―sancionada con multas de 100 a 600 euros― “las faltas de respeto y consideración” a los policías, uno de los más utilizados por las fuerzas de seguridad para sancionar desde que entró en vigor la norma, los socialistas y los otros dos partidos proponían hasta ahora detallar como sancionables las “expresiones o actos humillantes, despectivas u ofensivas” dirigidas a los miembros de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de las funciones que “representan”. El nuevo texto que han presentado ahora las tres formaciones plantea ahora que esas expresiones tienen que estar dirigidas a “un” agente, y no al conjunto del colectivo, y a las funciones que “realizan” para que sean sancionables.

“Desobediencia”

Algo similar ocurre con el artículo 36.6, que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”. En este punto ya hubo un principio de acuerdo entre cinco de las seis fuerzas políticas ―todas menos ERC―, para que solo se castigara la desobediencia a la policía si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”, pero los socialistas dieron posteriormente marcha atrás. Desde entonces, ha habido dos textos sobre la mesa. Uno, el planteado hace un mes por el PSOE, Unidas Podemos y PNV, que fijaba sancionar la desobediencia cuando esta fuese “manifiesta” ―algunos grupos reclamaban que fuera “reiterada”― y con “oposición corporal”. El segundo, el puesto sobre la mesa este martes, añade que la desobediencia, además de “manifiesta” debe ser “clara”. También, propone que la infracción consistente en alegar datos falsos o inexactos en una identificación deje de considerarse falta grave y pase a ser considerada leve, con la consiguiente reducción de la cuantía de la multa. ERC, EH Bildu y Junts evitaron entrar a debatirlo a la espera de salvar primero las diferencias en el uso de las pelotas de goma y en las devoluciones en caliente.