El PSOE acepta estudiar el “empleo” de las pelotas de goma para salvar la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha superado este miércoles su primer trámite parlamentario, pero está lejos aún de tener asegurada su aprobación. Las diferencias entre los seis partidos favorables a cambiar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts― se mantienen en cuatro artículos, pese a un último intento este miércoles de llegar a un acuerdo. Este intento se ha concretado en la presentación conjunta por parte de socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos de sendas enmiendas a tres de estos puntos en fricción, que, sin embargo, no han convencido a los otras tres formaciones, que los siguen considerando insuficientes, como ha reiterado sus representantes al terminar la reunión de la ponencia de la ley. Este abierto rechazo obligará a seguir negociando enmiendas para recabar apoyos suficientes, aunque el escenario cambiará. Ya no será en la ponencia sino en la Comisión de Interior gracias a que ERC ha votado a favor de superar el primer trámite parlamentario justo después de que el PSC decidiera en Cataluña apoyar los presupuestos del Govern.

Una de las enmiendas intentaba superar las discrepancias en el uso del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma, que el Gobierno quiere mantener, mientras que ERC, EH Bildu y Junts exigen prohibir. En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas se abren a introducir una disposición adicional sobre “gestión policial y material antidisturbios” que determina que el Ministerio del Interior elaborará “un estudio sobre el empleo del material antidisturbios”. En ningún momento se cita expresamente estos proyectiles ni se apunta a que eso derive, ni mucho menos, en una futura sustitución de los mismos por otros de un material, los proyectiles de espuma, supuestamente menos lesivos y que ya usan los Mossos d’Esquadra en Cataluña (donde son los únicos que pueden emplear) y la Ertzaintza en el País Vasco.

El texto apunta que dicho estudio se utilizará únicamente para que “las autoridades competentes” elaboren “protocolos específicos, de acuerdo a estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestantes y reuniones” en los que se aborde “la utilización de la fuerza y material antidisturbios”. El protocolo deberá recoger también “los mecanismos para la adecuada identificación de los agentes” que lo usen, así como “técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas.”

Con este texto, el PSOE da un tímido paso en un punto en el que, hasta ahora, no se había mostrado dispuesto a ir más allá de la enmienda que presentó al inicio de los trabajos para la reforma y que firmaba con Unidas Podemos. En aquel escrito ya se hablaba de “protocolos específicos” y “estándares internacionales”, pero no se mencionaba ningún estudio. De hecho, hasta ahora los socialistas habían rechazado las propuestas de los otros dos partidos con los que ahora firma esta enmienda. En concreto, Unidas Podemos propuso la creación, en el plazo de seis meses, de una comisión presidida por el Defensor del Pueblo que estudiase “la transición y sustitución” de las pelotas de goma por otro material menos lesivo. Fuentes del PSOE insisten en que la rechazaron y la volverían a rechazar si se vuelve a plantear porque consideran que “el defensor no tiene que tener un papel a priori sobre lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, el PNV abogaba por el modelo implantado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en Euskadi y que restringe el uso de este material por parte de la Ertzaintza a casos muy excepcionales, tanto que en los últimos diez años no ha disparado ninguna, según confirmaron fuentes del gobierno vasco. Para el PSOE, sin embargo, este modelo no mejora lo que existe en la Policía y Guardia Civil en la actualidad. Finalmente, los socialistas han rechazado una última propuesta, en este caso de EH Bildu, que planteaba que el Gobierno hiciese un pronunciamiento público en el que se comprometiera a estudiar su futura sustitución y la elaboración de un protocolo que especifique estrictamente en qué circunstancias se podría utilizar mientras tanto, sin necesidad de plasmarlo en el texto legal. Los socialistas reconocen ahora que desconfiaban de que eso sirviera para lograr el apoyo de este partido al futuro texto.

Algo similar ha ocurrido con el artículo que fija como infracción leve ―sancionada con multas de 100 a 600 euros― “las faltas de respeto y consideración” a los policías. Este punto es uno de los más esgrimidos por las fuerzas de seguridad para sancionar desde que entró en vigor la norma. Los socialistas habían rechazado la propuesta planteada hasta ahora por Unidas Podemos, que quería limitar estas sanciones a los “insultos o injurias”, como ya recogía en las enmiendas que presentó en solitario cuando se inició el debate. Finalmente, el PSOE ha aceptado otra, en este caso del PNV, que propone penalizar “expresiones o actos humillantes, despectivas u ofensivas que desacrediten objetivamente” el ejercicio de la función de los agentes. Los socialistas defendían hasta ahora mantener el texto actual, aunque finalmente han decidido apoyar esta propuesta de los nacionalistas vascos al considerar que no afectará “a la seguridad jurídica” de los agentes.

El PSOE también ha firmado una tercera enmienda en la que se planteaba una modificación del artículo 36.6, que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que ha sido rechazada al no contar con el apoyo de ERC, EH Bildu y Junts. En este punto ya hubo un principio de acuerdo entre cinco de las seis fuerzas políticas ―todas menos ERC―, para que solo se castigara la desobediencia a la policía si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”, pero los socialistas dieron marcha atrás. El nuevo texto que ahora sí ha firmado el PSOE, junto a Unidas Podemos y PNV, fija que se sancione cuando la desobediencia sea “manifiesta” ―algunos grupos reclamaban que fuera “reiterada”― y con “oposición corporal”. Los otros tres partidos creen que estas matizaciones desvirtúan el acuerdo anterior y lo rechazan.

Durante la sesión también ha habido un intento de salvar el cuarto escollo que empantana la reforma, el referido a las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, un tema sobre el que han planeado los sucesos de junio en la valla de Melilla en el que, además de morir al menos 23 refugiados, se rechazó en frontera a 470 que habían conseguido cruzar a territorio español. El PSOE ha rechazado en este caso firmar la propuesta de Unidas Podemos y PNV para incluir al texto de la ley un segundo apartado en el que se especificara que estas devoluciones se hicieran siguiendo “la normativa internacional de respeto de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. El PSOE insiste en que su objetivo es sacar este punto de la ley mordaza y llevarlo a la de extranjería, aunque en privado admiten que ya no da tiempo antes de que termine la legislatura.