El silencio impera en el pueblo de Cecilio Lera, el alcalde condenado por abusos a menores

La escena que puede verse en Castroverde de Campos (Zamora, 300 habitantes) un día cualquiera de inicios de marzo es habitual en muchos otros pueblos pequeños. Un grupo de hombres juega al tute en el bar mientras el alcalde se toma un vino y comenta la partida. Pero ese regidor, que lleva más de cuatro décadas en el cargo, se llama Cecilio Lera y la Fiscalía pide para él 10 años de cárcel por inducir a la prostitución a dos menores, hijas de inmigrantes que trabajan en la localidad, y abusar de una de ellas; además, hace tres meses fue condenado a dos años de prisión por un caso similar: ofreció dinero a otra menor, hija de uno de sus concejales, para tener sexo con ella. Lera, expulsado del PSOE en 2020 tras ser condenado por violencia machista, gobierna Castroverde desde 1979 y solo la justicia, al inhabilitarlo, ha impedido que concurra de nuevo en los comicios del próximo 28 de mayo. Hasta entonces, sigue en el cargo. Los vecinos con los que ha hablado este diario mantienen una actitud casi unánime: encogerse de hombros, evitar posicionarse y alabar la labor consistorial del alcalde.

El Ayuntamiento de Castroverde se encuentra en la plaza de la Inmaculada, junto a la calle de la Amargura. Al frente del gobierno local permanece Lera, un excocinero de 69 años que llegó a tener fama por sus guisos y por hacer hijo adoptivo del pueblo al expresidente estadounidense Barack Obama, hasta que sus escándalos le hicieron salir en las noticias por motivos muy distintos. En el Consistorio trabajaban este viernes dos empleados que zanjaban con un “pues ahí estamos” la pregunta sobre cómo se administra un municipio con semejante situación. Ninguno quiere dar su nombre, y con un “estamos para trabajar, no para hacer declaraciones” vuelven a sus cosas.

Cecilio Lera —que gobierna con mayoría y como independiente desde que fue expulsado del PSOE— aceptó una pena de dos años de prisión el pasado diciembre tras ser condenado por ofrecer 300 euros a una chica del pueblo, de 15 años, a cambio de sexo en 2021. La menor grabó al alcalde ofreciéndole el trato e informó a sus padres. Él llegó a pasar unos meses en prisión preventiva. La condena —de conformidad, lo que le ahorró la cárcel— incluyó la inhabilitación para concurrir a las elecciones, pero no la pérdida automática del cargo. Ya en ese momento Lera estaba siendo investigado en una segunda causa por ofrecer dinero a otras dos menores de la localidad (de 14 y 16 años) a cambio de que le hicieran masajes y una felación, según el relato de la Fiscalía, y esa causa es la que ahora ha dado lugar a la petición de 10 años de cárcel por parte del ministerio público. Se le imputan delitos de abuso sexual a una menor, favorecimiento e inducción a la prostitución de dos menores, exhibicionismo y difusión de pornografía. El juicio será en abril.

Dos obreros charlan ante uno de los bares del pueblo y, al consultarles, tuercen el gesto. Cuando hablan de la nueva causa judicial del alcalde, en la que las víctimas son las hijas de una pareja de inmigrantes, se indignan: “Seguro que no lo habría hecho con las hijas de alguien importante”, dicen. “La gente no dice nada y él saldría reelegido si se pudiese presentar”, augura uno de estos hombres, crítico con la indiferencia de los vecinos. EL PAÍS ha intentado, en vano, recabar la versión de Lera. Más de una decena de personas consultadas en el pueblo responden con ambigüedades, justificaciones y comentarios como “los habrá mejores y peores” o “los problemas de él serán de él”.

Lera también fue denunciado por su pareja por violencia machista, pero la resolución judicial conmutó la pena por un tratamiento de desintoxicación, pues fuentes de su entorno afirman que ha tenido siempre una importante adicción al alcohol y otras drogas. Ese tratamiento conllevaba que no pudiera beber alcohol. La orden ya ha vencido y Lera puede beber sin problema penal.

Las víctimas de los abusos que se juzgarán en la Audiencia de Zamora el próximo abril son las hijas de unos ganaderos. El padre, Hassan, de 39 años, abandonó el pueblo con su esposa y sus cinco hijos al saber lo ocurrido. Ahora viven en un barrio humilde de Valladolid. Él dice que las chicas, hoy de 15 y 18 años, no se atreven a contarle nada, “por vergüenza o miedo”, y que los agentes examinaron sus móviles para recabar pruebas. Las jóvenes se encuentran en el instituto durante este diálogo. “Yo no sabía nada, iba de la nave a casa y de casa a la nave”, describe el ganadero, triste, que añade que fueron otros vecinos quienes avisaron a la Guardia Civil al ver las frecuentes visitas de las hermanas a casa del alcalde. “Tiene perras y poder”, dice Hassan en un perfecto español. “Es lo que hay. Duele mucho, pero ¿qué hago? Tengo que cuidar de mi familia”.

—Le piden 10 años de cárcel.

—Mejor toda la vida.