Extremadura legisla para esquivar al Supremo y no derribar el ‘resort’ de lujo Valdecañas

La urbanización de lujo Valdecañas, construida en una zona protegida al noreste de Cáceres, tiene en la Junta de Extremadura (PSOE) su mayor aliado. A pesar de que el Tribunal Supremo ordenó demolerla hace un año, su sentencia firme sigue en el aire y ahora la Asamblea autonómica legisla para blindar los 185 exclusivos chalés y así esquivar al alto tribunal. Aprobar una ley para sortear un fallo del Supremo tiene precedentes como el de la Junta de Castilla y León, que quiso levantar la estación de esquí de San Glorio en pleno parque natural, una construcción que fue tumbada en 2015 por el Tribunal Constitucional.

El PSOE extremeño presentó el pasado 3 de enero en la Cámara regional una propuesta de ley por vía de urgencia para eludir el mandato de los magistrados del Supremo, que hacían prevalecer el medio ambiente sobre el coste socioeconómico del derribo del resort, de 135 hectáreas y construido en una isla no urbanizable y protegida del embalse de Valdecañas. Antes del fin de la legislatura con las próximas elecciones de mayo, los socialistas prevén aprobar la norma gracias a su mayoría absoluta (34 diputados de 65). El objetivo es declarar “de forma expresa” 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), entre las que sobresale Valdecañas, y así considerar que estas áreas carecían de protección hasta ahora, pese a que la Unión Europea las reconoció ya en 2003 y 2004.

La clave es que cuando surgió la protección de las zonas sensibles para aves por parte de la Comisión Europea hace dos décadas, el Ministerio de Medio Ambiente consultó a las autonomías y estas remitieron un listado que fue enviado a Bruselas, sin que en cada comunidad se aprobaran normas, ya que la protección correspondía a la Unión Europea. Los socialistas se agarran ahora a esa falta de normativa autonómica para defender que es necesaria, lo que supondría afirmar que durante dos décadas la protección ambiental no ha estado vigente.

“No hay argucia para evitar procedimientos judiciales, la transparencia es marca de la casa y no es nada malo ni antidemocrático (…) Las 55 ZEPAS hay que declararlas de forma expresa para proteger el medio ambiente”, alega en su despacho de Mérida la portavoz parlamentaria socialista extremeña, Lara Garlito, que insiste en que la ley busca proteger jurídicamente las 55 áreas protegidas y no surgió para salvar a Valdecañas. Sin embargo, fuentes de la Junta extremeña sí reconocen que la norma, que cita 17 veces a Valdecañas, acude al rescate del resort: “Esta ley hace dos cosas: clasifica las ZEPAS e intenta legalizar urbanísticamente Valdecañas. Aún hay margen, tenemos el derecho constitucional y el derecho europeo (…) Lo hemos hablado con Ferraz y a algunos no les gusta, pero no somos unos locos que nos tiramos sin paracaídas”.

La oposición en bloque califica de “chapuza jurídica” la propuesta de ley, a la que han presentado tres enmiendas a la totalidad y que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Europea, organismo que concedió la protección a las zonas sensibles para las aves acuáticas. Las críticas vienen incluso del PP y Ciudadanos, a pesar de que la derecha apoya mantener en pie las villas turísticas, a menos de dos horas en coche desde Madrid, un precio que ronda los 500.000 euros y con famosos propietarios como el cantante Carlos Baute y un hijo del expresidente José María Aznar.

Los socialistas mantienen viva la polémica y esta ley será un impedimento más que dilatará el derribo, tasado en 145 millones y que la Junta llevará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Constitucional rechaza el recurso de amparo que ahora estudia, avanzan fuentes del Ejecutivo extremeño. Consultados Transición Ecológica y el PSOE federal al respecto, ambos han declinado valorar la iniciativa parlamentaria.

El laberinto judicial iniciado en 2009 por esta urbanización en un espacio protegido de la Red Natura 2000 de la UE está lejos de acabar. Mientras, las villas siguen habitadas junto a un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, piscinas y playa artificial, 76 atraques de barcos y pistas polideportivas.

Con el procedimiento de urgencia para la propuesta de ley en la Asamblea extremeña, el PSOE evita el informe del Consejo de Estado, que habría sido contrario a la norma, critica la oposición. Las fuentes de la Junta citadas defienden que el Tribunal Superior de Extremadura -encargado de ejecutar el derribo ordenado por el Supremo- incidió en un auto del pasado mayo que “sería preciso un acto administrativo expreso que regularizase la situación absolutamente ilegal actualmente existente de todo lo edificado”, lo que justificaría la nueva ley sobre las 55 zonas protegidas, del total de 71 con que cuenta la región.

Una veintena de expertos acudieron la semana pasada a la Cámara extremeña para criticar con dureza la norma, entre ellos Abel La Calle, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería. “La ley es inaceptable porque procura incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, incluidas tres directivas, y las normas de trasposición nacional y autonómica”, censuró.

El PSOE evitó presentar a expertos juristas y solo defendió su propuesta con el profesor de Microbiología de la Universidad de Extremadura Cipriano Hurtado, que defendió que la biodiversidad de la isla ha mejorado con los edificios. “Con las medidas correctoras, Valdecañas ha mejorado ambientalmente de forma considerable”, dijo. Sin embargo, los científicos de la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC), que hace un lustro estudiaron el humedal como peritos judiciales hasta configurar un informe de 1.212 páginas, discrepan: “La construcción del complejo ha supuesto una pérdida de biodiversidad, se erradicaron miles de plantas leñosas de especies nativas, incluyendo algunas protegidas como el enebro. El impacto ambiental no fue despreciable, sino sustancial y causó una pérdida de hábitats para un tercio de las especies de aves terrestres invernantes registradas en la ZEPA y para la mitad de las reproductoras”, reza el estudio.

Las zonas protegidas de Extremadura rondan el 33% del territorio, cuando la media nacional es del 28%. A pesar de la sentencia del Supremo para el derribo total de las construcciones y restaurar su estado inicial de hace dos décadas, el debate sigue vivo y al lado de la Junta se posicionan los propietarios y los alcaldes de Berrocalejo y El Gordo, que defienden que ha contribuido a bajar el paro y frenado la despoblación de su comarca, el Campo Arañuelo.

Los opositores al resort fueron Adenex y Ecologistas en Acción, que ganaron los recursos ante el Supremo para lograr el derribo. Esta última asociación ha avanzado que interpondrá una querella por prevaricación contra cada uno de los 34 diputados socialistas. Su coordinador extremeño, Ángel García, censura: “Es una aberración jurídica clamorosa y ningún jurista se atrevería a defenderla porque invade competencias ajenas. Es como si Extremadura dijera ‘voy a legislar sobre la luna’ y hubiera que explicarle que no tiene competencias”. El PSOE ya intentó modificar la Ley del Suelo, pero el Constitucional dictaminó en 2019 que invadía competencias del Estado y de la UE al declarar la clasificación de entornos protegidos.

La propuesta de ley de los socialistas extremeños recuerda a la presentada por la derecha andaluza justo un año antes para ampliar los regadíos junto a Doñana, y que tras las amenazas de la Comisión Europea y el adelanto de las elecciones, decayó por falta de tiempo para culminarse. Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, concluye: “Es un sainete lamentable e infumable jurídicamente, pero sobre todo es sumamente peligroso asumir que las ZEPAS son un obstáculo al desarrollo”. Viviano Serrano, del PP, añade: “Siempre hemos apoyado todas las acciones para salvar Valdecañas, pero la ley es una chapuza que agravará el problema”.

Si la norma se aprueba, los juristas avisan de una avalancha de procedimientos de responsabilidad patrimonial por todas las actividades de proyectos denegados durante estas dos décadas gracias a la protección vigente. Es decir, los ganaderos y agricultores multados por edificaciones irregulares, reclamarán su dinero en los tribunales, puesto que la Junta dice ahora que esas zonas no estaban formalmente protegidas, tal y como ha avisado la asociación agraria Asaja.

En paralelo, los expertos advierten de que España se enfrenta a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, al descuidar la protección de las 55 zonas que blindó Bruselas para salvaguardar las aves y haber recibido fondos europeos para su conservación. La multa seguiría el camino de la que abona España por la falta de depuración, que ya supera los 74 millones.