El ‘caso Almería’: una disculpa del Estado que llega con cuatro décadas de retraso

Francisco Mañas lleva casi 42 años carcomido por la culpa desde que el 10 de mayo de 1981, con ocho años, hiciera su primera comunión. Su hermano mayor, Juan, y dos amigos suyos de Santander, Luis Cobo y Luis Montero, habían venido desde la capital cántabra hasta su pueblo, Pechina (Almería), para asistir a la ceremonia. Nunca llegaron a hacerlo. Agentes de la Guardia Civil los detuvieron un día antes en Roquetas de Mar y, después de torturarlos, los asesinaron, quemaron sus cadáveres y los tiraron junto con el coche en una curva, a la altura del kilómetro 8,4 de la carretera comarcal de Gérgal. Primero aseguraron que se trataba de los tres etarras que dos días antes habían atentado contra el teniente general Joaquín Valenzuela; luego sostuvieron que eran tres delincuentes comunes; por último, confesaron que los confundieron con los terroristas y afirmaron que los mataron cuando intentaban huir.

Ese crimen, plagado de encubrimientos, ocultaciones y obstrucciones a una justicia que acabó condenando por homicidio, y no por asesinato, a tres de los 11 guardias civiles que intervinieron en los hechos, ha pasado a la historia como el caso Almería y como uno de los episodios más turbios de la Transición. Los familiares de las víctimas han carecido durante más de cuatro décadas del más mínimo amparo por parte del Estado. El pasado 20 de enero, el Gobierno trató de resarcir ese daño indeleble con un acto de reparación celebrado en la subdelegación del Gobierno de Almería, al que asistieron la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado para la Memoria Histórica, Fernando Martínez. “No cabe justificación”, dijo Gámez.

Unas disculpas simbólicas que las familias agradecen, pero que no sacian su necesidad de que se esclarezca lo que verdaderamente ocurrió y el porqué. “Es un primer paso muy importante y también necesario”, reconoce Francisco Mañas en videoconferencia desde Andorra, donde se encuentra trabajando temporalmente. “Queda mucho por hacer, pero es un avance porque hasta este momento hemos tenido a todos los gobiernos enfrente, ausentes, y ahora nos hemos encontrado”, abunda desde Muriedas (Cantabria) Javier Montero, sobrino de Luis Montero, otro de los tres asesinados. “Seguramente que para mi abuela, mi madre o mi tía no sea muy significativo, pero para mí, que no había nacido cuando ocurrieron los hechos, significa mucho. Es muy significativo que la directora general de la Guardia Civil estuviera allí y reconociera la responsabilidad de manera tan rotunda”, opina desde Santander Lola Liquete Cobo, de 38 años y sobrina de Luis Cobo, el tercer fallecido.

Todos coinciden en que este es un comienzo para “seguir trabajando para buscar la verdad del caso Almería, para que se pueda hacer justicia”.

Varias versiones

El caso Almería comenzó en Santander el 7 de mayo de 1981. Esa tarde tres trabajadores —Luis Montero, de 33 años y natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca); Luis Cobo, de 29, nacido en Santander; y Juan Mañas, de 24, de Pechina (Almería)— salieron de la capital cántabra en un Seat 127. Iban al pueblo de Mañas para asistir a la primera comunión de su hermano Paco. Ese mismo día, en Madrid, un comando de ETA atentó con un coche bomba contra el teniente general Joaquín Valenzuela. Las fotos de los terroristas fueron difundidas por todo el país de inmediato.

El vehículo de los tres jóvenes se averió a la altura de El Provencio (Cuenca) y, después de tomar un tren, en Manzanares (Ciudad Real) alquilaron un Ford Fiesta. La premura con la que pidieron el nuevo coche despertó las sospechas del responsable de la empresa, que alertó a las autoridades. Continuaron viaje hasta que, a las dos de la madrugada del sábado 9, llegaron a Pechina. Ese día Mañas llevó a sus compañeros a conocer la capital de la provincia y, después de comer en su casa familiar, salieron por la tarde hacia Roquetas, donde pensaban pasar la tarde previa a la comunión. Allí fueron detenidos por la Guardia Civil.

Los tres jóvenes fueron interrogados y torturados en un cuartel abandonado cerca de Cabo de Gata. Luego los agentes los introdujeron en el mismo Ford Fiesta que habían alquilado y, escoltados por otros dos vehículos del instituto armado, los condujeron hasta el kilómetro 8,4 de la carretera de Gérgal, donde dispararon contra ellos y prendieron fuego al coche.

A las siete de la mañana del domingo 10 de mayo, Paco fue a la habitación de su hermano, emocionado, porque era el día de su comunión. “No estaban. Se lo comenté a mi madre y empezamos a buscarlos, en los hospitales, por todas partes. Preguntamos a la policía y a la Guardia Civil que, aunque sabían lo que había pasado, no nos dijo nada”, recuerda ahora Francisco Mañas. Él fue a hacer la comunión acompañado de sus otros hermanos, mientras su padre y un tío seguían buscando. “En las peticiones yo pedí por que aparecieran mi hermano y sus amigos y eso despertó la preocupación del cura, porque no era lo que tenía que decir”.

En el telediario del mediodía escucharon que habían aparecido los cuerpos carbonizados de tres etarras en la carretera de Gérgal. “Mi padre se temió lo peor, porque no tenía mucho sentido”, prosigue Mañas. A esa misma hora, Javier Montero y su padre estaban escuchando la misma información a 976 kilómetros de distancia, en Muriedas. “Contaban que los llevaban de vuelta a Madrid y que trataron de escapar y que en el forcejeo con los guardias el coche dio un bandazo y cayó por un barranco y que tuvieron que dispararles y que se prendió fuego el vehículo… Era todo bastante inverosímil. Yo le dije a mi padre que se habían cargado a los etarras”, relata Montero, que entonces tenía 13 años. Aquella fue la primera versión oficial que se ofreció de lo sucedido. “Al día siguiente, en el parte de las dos de RNE ya dijeron que no eran etarras, sino delincuentes comunes, y creo que fue entonces cuando dieron sus nombres”, rememora.

Esa misma tarde se presentaron en casa de los padres de Luis Montero dos agentes de la Guardia Civil para confirmarles que uno de los fallecidos de Almería era su hijo. También ese lunes acudieron a casa de Mañas. “Desde el minuto uno supimos que estaban encubriéndolo todo, gracias sobre todo a la información de cuatro periodistas valientes que desafiaron la oficialidad”, abunda Montero. En un primer momento no les permitieron abrir el ataúd, pero gracias a la insistencia de su abogado, Darío Fernández, comprobaron cómo les faltaban los brazos y las piernas. Todos murieron a causa de disparos “en zonas vitales y no vitales, pues se trata de ráfagas”, señalaron en el juicio los médicos forenses. Mañas tenía cinco orificios en el corazón.

La versión oficial definitiva fue que se había confundido a los tres hombres con los etarras y que, cuando los llevaban esposados en la parte trasera del Ford Fiesta, trataron de huir, el coche volcó y, para defenderse ante el riesgo de ser agredidos, los guardias civiles abrieron fuego. “Siempre se ha dicho que fue un error, pero no pudo haber error ninguno, porque cuando alquilaron el coche dieron su documentación, sabían que no eran terroristas”, defiende Mañas. “Cuando los detuvieron preguntaron en el cuartel de Santander, sabían perfectamente quiénes eran”, añade Montero.

Pedro Manuel de la Cruz, actual director de La Voz de Almería, era entonces el corresponsal de EL PAÍS en esa provincia. Fue uno de esos “cuatro periodistas” que desde el primer momento cuestionó la versión oficial. De la Cruz cree que los guardias civiles estaban convencidos de que los detenidos eran los etarras. Y que sus respuestas en los interrogatorios, insistiendo en una coartada aparentemente tan perfecta como que iban a asistir a una comunión, en lugar de sacarlos de su empecinamiento los hicieron convencerse más de que mentían. “Y eso pese a que en otras comandancias les decían que eran ‘desconocidos en base”, subraya el periodista, que añade: “Creo que al teniente coronel Carlos Castillo Quero [el jefe del operativo] se le fue la mano con Mañas, que tenía cinco balazos en el corazón, y es cuando decidió matar a los demás”.

Condenados por homicidio

A la versión oficial se fueron incorporando nuevas aportaciones plagadas de incoherencias, contradicciones y falsedades que las defensas de los acusados reprodujeron durante el juicio para justificar los hechos. El juez se negó a practicar pruebas para esclarecer si hubo torturas. “A mis padres los tuvieron que obligar a abandonar la sala en varias ocasiones por su reacción ante el cúmulo de mentiras que estaban escuchando. Fue un momento muy doloroso”, recuerda Francisco Mañas.

Si el encubrimiento inmediato por parte del Estado —el ministro del Interior de la época, Juan José Rosón (UCD), definió lo sucedido como un “trágico error”― supuso un oprobio para las familias de las tres víctimas, el proceso judicial fue otro desplante a su dignidad. “Fue una pantomima. Solo se juzgó a tres de los 11 que participaron en los hechos y no se les condenó por asesinato, sino por homicidio”, recalca Javier Montero. Los procesados fueron el teniente coronel Carlos Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas. El primero fue condenado a 24 años de cárcel por homicidio con la eximente de cumplimiento del deber; los otros dos, a 15 y 8 años, respectivamente, también por homicidio y con la atenuante de obediencia debida. No se les condenó por torturas. Castillo Quero solo cumplió nueve años de prisión; Gomez Torres, siete; y Fernández Llamas, cuatro. Los otros ocho agentes fueron exculpados sin llegar a juicio.

“Mi madre siempre sostuvo que no importaba los gigantes que nos encontráramos en el camino, que el hecho de haber sentado en el banquillo a tres guardias civiles en plena Transición y que los hubieran condenado era un ejemplo de que, luchando, incluso los más grandes pueden caer y que la justicia hay que perseguirla”, señala Lola Liquete, sobrina de Luis Cobo.

Los privilegios de los que gozaron los condenados —pese a ser juzgados y condenados como civiles, estuvieron en cárceles militares y su pena fue rebajada por buena conducta― contribuyeron aún más a ahondar la sensación de abandono e impunidad de los familiares. “Y, para colmo, cuando salieron recibieron fondos reservados para rehacer sus vidas. Nosotros no recibimos ni un perdón, pero aún, casi parecía que algo habrían hecho”, indica Montero, en alusión a la información que adelanto EL PAÍS en 1999 que aseguraba que los tres guardias civiles, tras ser expulsados del cuerpo por el crimen, recibieron dinero de esas partidas opacas siguiendo un acuerdo que se adoptó entre el primer Gobierno socialista y la UCD.

La esperanza del arrepentimiento de los guardias absueltos

Es al arrepentimiento de alguno de los agentes que estuvieron presentes durante la detención de los tres hombres y su posterior asesinato a lo que se aferran ahora los familiares de Mañas, Montero y Cobo para intentar que se esclarezca toda la verdad 40 años después. En este tiempo, la familia Mañas ha recibido una carta anónima de alguien que aseguraba ser uno de aquellos guardias civiles y en la que narraba con todo lujo de detalles lo que sucedió esa noche; y otro testimonio, también anónimo, de un supuesto hijo de otro de los agentes que intervino, que aseguró que cuando muriera su padre contaría todo incluso ante un tribunal. “Son declaraciones anónimas, que no tienen más validez en un tribunal. No es que nos aferremos a eso, pero siempre queda esa esperanza. Hubo 11 guardias civiles y ocho quedaron totalmente impunes. Esperamos que algún día puedan hablar y pueda hacerse justicia”, afirma Mañas.

Una confesión permitiría saber qué paso, pero lo que tanto Mañas como Montero necesitan saber es por qué pasó. Ellos tienen la convicción de que la orden partió de alguien “de arriba”. “No se me ocurre otra explicación que no sea que recibieron una orden superior de arriba, y la prueba es que a posteriori han seguido tapándolo”, subraya Montero. “No hace falta darle muchas vueltas. Si antes de detenerlos ya saben que no son los etarras y aun así se los detiene, se los tortura y se los mata… Querían una reacción cuanto antes al atentado. Y, en plena Transición, la Guardia Civil debió de pensar que si calcinaban unos cuerpos y decían que eran de etarras no habría juicios y nadie haría preguntas. Pero las cosas se torcieron”, abunda Mañas.

Indolencia del Estado

El acto de reconocimiento del pasado 20 de enero, en el que la Guardia Civil pidió formalmente perdón por el crimen, es un primer paso que deja atrás un abismo de indolencia e incomprensión por parte de las administraciones. “Todo sucedió tres meses después del golpe de Estado, eran momentos difíciles, pero después se ha seguido ignorando. Hemos estado 35 años contando esta misma historia y no nos ha hecho caso prácticamente nadie”, sostiene Javier Montero. “La Transición no fue ni tan idílica ni tan pacífica como la muestran. Y este caso, aunque pueda parecer menor, es un ejemplo”, señala Liquete, quien tras la muerte de su madre —hermana de Luis Cobo, uno de los asesinados— asumió su tarea de “seguir luchando por que se reconociera la inocencia” de los tres hombres. Las familias han tratado, tanto en el Parlamento de Cantabria como en el de Andalucía —en este último en dos ocasiones―, que los tres jóvenes sean considerados víctimas de terrorismo. Sin éxito.

En el kilómetro 8,4 de la carretera de Gérgal y en la estación de Santander, un monolito y una escultura recuerdan el asesinato de Mañas, Montero y Cobo y toda la crueldad que han tenido que soportar los familiares después. Ahora es la Ley de Memoria Democrática, que amplía el reconocimiento de víctimas hasta 1983, el faro que ilumina la vía hacia una reparación que se les ha hurtado durante más de cuatro décadas. Montero lleva coleccionando recortes de prensa de lo sucedido desde que el 10 de mayo de 1981 escuchara junto a su padre la falsa noticia de un comando de ETA aniquilado. Su abuela, que entonces tenía alzhéimer, se libró de conocer el verdadero alcance de lo sucedido, pero él ha heredado la carga por esclarecer la verdad que primero llevó su madre. Igual que la de Liquete, que falleció antes de recibir la petición de disculpas de manos de la directora general de la Guardia Civil.

Mañas sigue arrastrando la pena de creerse responsable de lo sucedido, un castigo inmerecido al que se suma el dolor de ver cómo su madre se iba consumiendo sin haber logrado nunca sobreponerse. “Ella no lo ha olvidado, no lo ha superado, por eso esta reparación debería haber llegado antes, cuando estaba más activa. Tiene 87 años y está delicada de salud, pero asistió al acto del Gobierno porque era importante para nosotros”, señala su hijo.