Todos los cadáveres del caso Almería tienen impactos de bala

Viene de primera páginaCuando periodistas y familiares, desde una finca particular distante unos treinta metros de la tumba de Cobo Mier, seguían los trámites de la exhumación, un policía nacional ordenó que se marcharan, apelando a una orden que no quiso decir de quien procedía. Estas amenazas y la urgencia por evitar la actividad de los fotógrafos provocaron un enfrentamiento y algunos gritos de los familiares, que dijeron a la policía: «Os atrevéis con nosotros, pero no con los de ETA», mientras abandonaban el lugar.

Para las once de la noche estaba citado el personal del departamento de radiología del hospital Valdecilla, a Fin de iniciar su trabajo pericial sobre los restos de las dos víctimas. Antes, el forense había declarado que los cadáveres estaban embalsamados y en condiciones aceptables. De igual opinión era el abogado Darío Fernández. Ello facilitará la labor de los forenses y radiólogos y permitirá, muy probablemente, practicar nuevas pruebas anatómicas sobre las vísceras de los jóvenes que, junto con bronquios, tráquea y riñones, serán enviadas al Instituto Anatómico Forense de Madrid.

El análisis de estas partes del cuerpo pretende averiguar si Luis Cobo Mier y Luis Montero estaban muertos cuando el automóvil en que eran transportados por la Guardia Civil se despeñó e incendió. Esas pruebas no se pudieron practicar en el caso del tercero de los fallecidos, Juan Mañas, ya que éste fue enterrado sin embalsamar, y su exhumación, ya practicada, no permitió las pruebas previstas dado su estado de putrefacción.

Los restos de Cobo y Montero fueron depositados anoche en el depósito mortuorio del centro médico de Santander. Todas las actuaciones de ayer fueron seguidas por el capitán Masegosa, del acuartelamiento de Almería, vestido de paisano. Este capitán tuvo hace tiempo un enfrentamiento con el acusador particular en esta causa, cuando éste se encontraba en el cuartel almeriense para asistir como abogado en una causa interna a un miembro de la Guardia Civil y el capitán Masegosa expulsó del lugar a Darío Fernández.

Largo proceso

Con las exhumaciones llevadas ayer a efecto culmina un largo proceso en el que la acusación particular, que ostenta el letrado Darío Fernández Alvarez, ha venido sosteniendo la necesidad de esta definitiva prueba sumarial, orientada a determinar las causas y circunstancias de la muerte. Un proceso que, en su origen, y según medios jurídicos, se creía destinado al sobreseimiento, parece a punto de culminar con la definitiva aclaración de las circunstancias que originaron la muerte de los tres jóvenes mientras permanecían detenidos por la Guardia Civil de Almería.

El pasado 10 de junio, a instancias del juez instructor del sumario, magistrado Tortosa Pozuelo, los forenses que venían interviniendo en el caso realizaron un nuevo informe pericial cuyo contenido no fue revelado. No obstante, EL PAIS pudo saber que los términos que contenía dicho informe ponían de relieve la oportunidad de proceder a la exhumación de los cadáveres, lo que se esperaba de manera inminente para aquellas fechas.

Sin embargo, ha sido necesario que el acusador particular Fernández Alvarez solicitara del juez instructor, el pasado 16 de junio, las referidas exhumaciones. La petición de la acusación particular argumentaba que «por considerar que las diligencias que se interesan no son inútiles ni perjudiciales para el debido esclarecimiento de los hechos, y, a la vista de los informes de los peritos forenses y sus ampliaciones, al afirmar que pudieran existir en los cuerpos de las víctimas del sumario otros proyectiles, la carencia de medios idóneos dispuestos en el sitio aconsejan un estudio anatómico forense más completo».

Las diligencias solicitadas por Darío Fernández incorporaban estudios radiológicos de los cuerpos de las víctimas para fijar de forma concreta, la existencia de elementos metálicos extraños y se complementaban con gráficos o siluetas de las zonas o puntos de los orificios de entrada, salida y alojamiento de los proyectiles en su interior, así como indicación individualizada de su trayectoria.

Se solicitaba asimismo -y estas pruebas corresponde hacerlas ahora, tras las exhumaciones, en la primera de las cuales se encontraron cinco proyectiles en el cadáver de Juan Mañas- la extracción de los proyectiles para su identificación con el arma de la que salieron, así como el titular de la misma, con el fin de poder establecer la identidad de otras personas implicadas en los hechos, además de los tres guardias civiles ya procesados.

Las pruebas entonces solicitadas, y que en la pasada madrugada tuvieron lugar, alcanzan también al estudio de las vías respiratorias, para conocer si las víctimas respiraron o no en el foco del incendio registrado en su vehículo, así como el estudio anatomopatológico y microscópico de las fracturas óseas.

Un mes después de la solicitud de la acusación particular, el juez instructor, una vez procesados tres guardias civiles implicados en los sucesos, y oídos los informes de dos catedráticos de la universidad de Granada de Medicina Legal y Anatomía Patológica, ordenó el pasado día 16 de los corrientes la exhumación de los tres cadáveres. El primero de los cadáveres exhumados, correspondiente a Juan Mañas, que había sido inhumado en el cementerio de la localidad almeriense de Pechina, se encontraba en avanzado estado de putrefacción, lo que no obstante no impidió descubrir en su cuerpo, mutilado, cinco balas incrustadas en el corazón y los pulmones.

Los cadáveres de Luis Cobos y Luis Montero, inhumados en Santander, habían sido embalsamados, por lo que se espera que su estado de conservación permita un estudio forense más completo que el practicado en los restos de Juan Mañas. No obstante, ayer se tenía el temor en Santander de que los restos mortales de los dos jóvenes no hubieran sido embalsamados.

Por otra parte, y en relación con la noticia publicada ayer por el Ideal, de Granada, sobre la supuesta existencia de una agenda con los teléfonos de los principales dirigentes etarras en un restaurante de Mojácar, fuentes policiales en Madrid aseguraron no conocer nada al respecto, así como que el juez, al que según la referida información le habría sido entregada, no sabe nada del asunto.

Esta información policial desmiente los rumores que en los últimos días, y coincidiendo con los momentos más importantes del sumario que se sigue sobre los sucesos de Almería -tales como el procesamiento de tres guardias civiles, primero, y ahora la exhumación de los cadáveres-, trataban de relacionar la zona con la presencia de terroristas etarras. Los sucesos de Almería, precisamente, tuvieron su origen en un error de identificación por parte de la Guardia Civil, que confundió a las tres víctimas con los presuntos terroristas que atentaron contra el jefe del Cuarto Militar del Rey, teniente general Valenzuela.

Estos rumores hablaban de la existencia de tres pisos francos en la zona de Almería, que habrían sido utilizados por terroristas etarras. El tema de la supuesta agenda con teléfonos de dirigentes de ETA ha sido desvelado por uno de los abogados de los guardias civiles, Fulgencio Pérez Dobón, quien, según la información de Ideal, la habría entregado al juez de Vera después de que a él se la hubiera dado el dueño del restaurante donde, supuestamente, había sido encontrada.

El hecho de que los maridos policiales que dirigen la lucha contraterrorista desconozcan cualquier extremo sobre estos rumores es interpretado en medios jurídicos como un intento intoxicador de la opinión pública, a la que se pretendería confundir acerca de la identidad de las víctimas de los sucesos de Almería.