Los guardias del 'caso Almería' cobraron fondos reservados tras su expulsión

El principal responsable del caso Almería, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero, condenado en julio de 1982 a 24 años de cárcel por el homicidio de tres jóvenes que fueron confundidos con terroristas cuando acudían a una primera comunión, recibió varios millones de pesetas, procedentes de los fondos reservados, como ayuda para afrontar su futuro cuando fue expulsado de la Guardia Civil. Fuentes socialistas conocedoras de ese caso señalan que el pago, que incluyó a los otros dos condenados, lo efectuó el primer equipo del PSOE en Interior y aducen que lo hizo en cumplimiento de un compromiso asumido por los anteriores responsables de ese ministerio en el último Gobierno de UCD.

Las mismas fuentes indican que el Ministerio del Interior, encabezado en aquel momento por José Barrionuevo, aceptó mantener y engrosar un depósito de fondos reservados en la Dirección General de la Guardia Civil para ayudar a los agentes expulsados de esa fuerza de seguridad tras haber sido condenados por la tortura y el homicidio de tres jóvenes en Almería. El teniente coronel Carlos Castillo Quero, que cumplió 11 años de condena en prisión, fue el que más dinero recibió. Según un cargo de Interior en aquella época, los otros dos agentes condenados y expulsados de la Guardia Civil, Manuel Gómez Torres y Manuel Fernández Llamas, también ingresaron ayudas procedentes de los fondos reservados. Castillo Quero falleció en abril de 1994.Según varias fuentes socialistas, los fondos reservados asignados a Interior fueron utilizados en parte, desde finales de los años setenta y durante la década de los ochenta, para pagar sobresueldos, una práctica también utilizada en Justicia y en Asuntos Exteriores. Según ex altos cargos del Ministerio del Interior, los fondos reservados tuvieron bajo los Gobiernos del PSOE destinos tan heterogéneos como financiar la creación de la Comisión Nacional de Policía Judicial y pagar la liberación del capitán del petrolero Izarra, José Luis Peciña, condenado a muerte y encarcelado durante 25 meses en Nigeria.

El uso de los fondos reservados para pagar sobresueldos en el Ministerio del Interior fue asumido por los socialistas cuando llegaron al poder en 1982. El último responsable centrista de ese departamento, el fallecido Juan José Rosón, entregó a sus sucesores una relación escrita de las personas que recibían ese tipo de gratificaciones, según una persona que tuvo acceso a esa comunicación. Ese listado mostraba, según la misma fuente, que incluso el guardia municipal que detenía el tráfico en la calle para que entraran al ministerio los coches oficiales cobraba gratificaciones con cargo a los fondos reservados.

Problemas de Estado

Dentro de la diversidad de destinos dados a ese tipo de recursos, los Gobiernos de UCD hicieron uso de esas partidas presupuestarias para solucionar problemas de Estado, según antiguos responsables de Interior. En junio de 1978 y en enero de 1979, el Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana (OUA) se había lanzado a proclamar la africanidad de Canarias y su derecho a la independencia. En medio de las turbulencias de la transición, por las dificultades internas para implantar la democracia y sobrevivir al terrorismo, ese asunto se convirtió durante meses en una inesperada e incómoda fuente de desestabilización externa. Según fuentes conocedoras de ese conflicto diplomático, el uso de los fondos reservados ayudó a que en junio de 1981 la reunión plenaria del Consejo de Ministros de la OUA zanjase el asunto con un reconocimiento definitivo de la españolidad de Canarias.

Cinco años después, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en ese momento ya bajo mandato socialista, se encontró con otro conflicto en el que tuvo que hacer abundante uso de los fondos reservados, finalmente desembolsados por el Ministerio del Interior. El capitán del petrolero Izarra, Juan Luis Peciña, fue condenado a muerte por un tribunal militar nigeriano acusado de efectuar dos cargas ilegales de gasóleo en una localidad costera de ese país. Abandonado desde el primer momento de su cautiverio, según sus propias palabras, por el armador del buque, José María López Tapia, José Luis Peciña estuvo encarcelado en Nigeria durante 25 meses y el Gobierno gastó unos 70 millones de pesetas en gestiones para conseguir su liberación, según reconocieron ya en aquel momento autoridades del Ministerio del Interior.

En octubre de 1987, fondos reservados de ese mismo departamento ministerial sirvieron para crear y financiar la Comisión Nacional de la Policía Judicial, un organismo con el que se pretendía aumentar la dependencia funcional de la policía respecto a los jueces. La comisión se constituyó en el Tribunal Supremo, bajo la dirección del entonces presidente del alto tribunal, Antonio Hernández Gil, y la integraron además el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris; el magistrado Carlos Granados, designado por el CGPJ; el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, y los ministros del Interior y de Justicia, José Barrionuevo y Fernando Ledesma, respectivamente. En la primera reunión, según algunos de los asistentes, acordaron financiar la comisión con fondos reservados, ya que era un organismo nuevo que carecía de dotación presupuestaria. Según miembros del Ministerio del Interior que intervinieron en la gestación de la comisión, ese tipo de fondos fue utilizado también para pagar los gastos de oficina y los sueldos de los funcionarios, incluidos altos cargos, de la Fiscalía Antidroga cuando se creó.

Operación fallida

Los fondos reservados sirvieron en 1988 para paliar los destrozos causados en el chalet de Manuel Fraga en Perbes tras una fallida operación para detener a terroristas del Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe. Interior comunicó al líder popular que ese grupo preparaba un atentado contra su casa y que las fuerzas de seguridad se disponían a detener a sus integrantes cuando estuviesen a punto de entrar en acción. Pero el Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe logró colocar la carga explosiva, la hizo estallar y destrozó parte de la vivienda. Manuel Fraga fue indemnizado ese mismo año con unos 30 millones de pesetas con cargo a los fondos reservados.

Asesores jurídicos de los ex ministros socialistas acusados de malversar fondos reservados sostienen que si esa indemnización a Fraga no figura en el auto de la juez como un delito imputable, cuando sí consta en la causa, es porque rompe la teoría de que los fondos reservados tenían un fin específico y nítido. Fuentes socialistas sostienen que si no ha sido perseguido tampoco como delito el uso de los fondos reservados para dotar de medidas de seguridad el domicilio del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y de fiscales generales del Estado, tampoco debería serlo, por ejemplo, el pago al comisario Agustín Linares para que instalara medidas de seguridad en su vivienda cuando se trasladó a Madrid, una vez nombrado subdirector general operativo de la Policía.