Rocío Monasterio, condenada por la obra ilegal en el ‘loft’ del presentador Arturo Valls

La Audiencia Provincia de Madrid ha condenado a Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid y candidata de la formación a las próximas elecciones autonómicas en esta comunidad, por la “obra ilegal” que realizó en 2005 en un local del centro de Madrid para convertirlo en una vivienda sin contar con la licencia necesaria, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y ha adelantado la Cadena SER. En este caso, desvelado por EL PAÍS en 2019, el cliente y demandante es el actor y presentador Arturo Valls, que denunció a la empresa de Monasterio por un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ya consideró ilegal.

La sentencia, que confirma el fallo del juzgado de primera instancia de 2021, es contundente al considerar que la empresa de Monasterio hizo la obra siendo “consciente de su ilegalidad”: “Toda la obra se ha ejecutado y abonado sin disponer de los correspondientes permisos municipales, tratándose de una obra ilegal en su origen por carecer de la correspondiente licencia”. Por ello, el tribunal la condena, junto a la firma constructora, a pagar un total de 8.043 euros como resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es la suma de una sanción administrativa de 3.838,49 euros y el coste de la demolición para restituir la legalidad del inmueble, que asciende a 4.205 euros.

El actor, contactado por este diario, no desea hacer comentarios sobre la resolución. En realidad, él reclamaba la devolución de los 116.000 euros que pagó por el proyecto y de 129.000 más que invirtió después en legalizarlo, pero en este punto los jueces no le dan la razón, pues consideran que “aunque la obra proyectada ejecutada no es legal (...), ha redundado en beneficio de la propiedad”, pues la reforma dio mayor valor al inmueble y Valls luego obtuvo ingresos de alquilarlo.

Vox Madrid ha emitido un comunicado este mediodía en el que indica que la sentencia “solo condena al pago de unas simples tasas administrativas, mientras que niega al cliente de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) el pago de hasta 250.000 euros que él demandaba”. Añade, además, que el pago de esas tasas ha sido recurrido, “por lo que la sentencia no es firme”. La formación asegura que “RMA ejerció labores de consultoría en las que informó a su cliente de todo lo que necesitaba para legalizar su obra. Fue el cliente el que, tras ser informado, tomó sus propias decisiones”.

Al margen de esta demanda, ya quedó acreditado que en algunos de los trámites municipales de la obra, Monasterio falsificó incluso el sello del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos con un simple corta y pega. Según la Fiscalía, incluyó “una fotocopia en blanco y negro del sello (…) de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005″, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones, en 2011 y 2016.

No obstante, en junio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la querella de la Fiscalía con el argumento de que el falso visado era tan “burdo y grosero” que no podía “pasar inadvertido”, y esto privaba al fraude de tener un efecto jurídico.

Esta es solo una de las 18 obras con algún tipo de anomalía o irregularidad, desveladas por EL PAÍS desde 2019, que realizó Rocío Monasterio, en algunos casos con la intervención de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, entonces promotor inmobiliario y actual portavoz de Vox en el Congreso. Se llevaron a cabo entre 2001 y 2010. En 14 de ellas, como en este caso, se trató de locales que transformaron en vivienda sin la licencia correspondiente y en otras cuatro, aparecía el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el título de arquitecta, que obtuvo solo en 2009. De hecho, en un juicio en 2008 por otro caso, tuvo que admitir que no era arquitecta ante la juez, perpleja por el hecho de que firmara documentos sin serlo.

Ante la polémica, la entonces decana del colegio de arquitectos de Madrid, Belén Hermida, afirmó en 2020 que la práctica de Monasterio de firmar planos cuando no podía hacerlo era asimilable a “un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. No obstante, el colegio archivó una denuncia de intrusismo contra la dirigente de extrema derecha. Al menos desde 2003, seis años antes de obtener su título, Monasterio se presentaba como arquitecta en artículos de prensa —este diario localizó al menos 11 reportajes—, especializada en la construcción de lofts, que se pusieron de moda en los años del auge inmobiliario.

El patrón de conducta solía repetirse: Monasterio y Espinosa de los Monteros encontraban locales comerciales en zonas céntricas de Madrid y ella acometía las obras para convertirlos en vivienda, pero se limitaba a enviar al Ayuntamiento la solicitud inicial de licencia, que en muchos casos nunca iba a ser concedida. Luego se desentendía del procedimiento, entretanto terminaba los trabajos y vendía el local ya como residencia. Todos los casos están prescritos.

Tras las informaciones de este diario, el Ayuntamiento de Madrid fue abriendo inspecciones de cada una de las obras, y aunque en estos tres años se ha resistido a desvelar su resultado, en al menos tres casos ya confirmó que se trató de obras ilegales. Una de ellas es precisamente la del loft de Arturo Valls, por el que ahora la Audiencia Provincial ha condenado a Monasterio. En 2020, el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, lamentó “el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la Administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística”.

Las otras dos obras donde los inspectores municipales confirmaron las irregularidades de Monasterio y Espinosa de los Monteros fue en los ocho lofts construidos en la calle de Pedro Heredia, 6; y otros tres en la de Villafranca, 6, viejas fábricas donde el único uso legal era industrial. Es decir, no eran aptos para viviendas, pero el matrimonio los reformó de forma ilegal. En los dos casos varios de los afectados aseguran que les prometieron que les conseguirían cédulas de habitabilidad que en realidad nunca gestionaron y, además, eran en todo caso muy difíciles o imposibles de obtener. Los dos políticos de ultraderecha niegan haber hecho tales promesas.