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La decana de los arquitectos de Madrid, obligada a dimitir

Belén Hermida renuncia al cargo evitando un referéndum sobre su permanencia al frente del Colegio

Belén Hermida, hasta ahora decana del COAM, en la Junta de Representantes Extraordinaria en el COAM para debatir la moción de censura contra la Junta de Gobierno.
Belén Hermida, hasta ahora decana del COAM, en la Junta de Representantes Extraordinaria en el COAM para debatir la moción de censura contra la Junta de Gobierno.Alberto García Herranz

Belén Hermida reunió a todos en su contra. Ha preferido irse antes de que la echaran los cinco grupos de la oposición. El Colegio de Arquitectos de Madrid inició el miércoles el proceso para deponer a su decana, cuando la Junta de Representantes —órgano al que los colegiados delegan su poder de decisión— aprobó por 54 votos contra 20 una moción de censura; la primera en casi un siglo de historia. El siguiente paso lo constituía un plebiscito al que estaban llamados a participar los 10.000 afiliados. El equipo saliente ha querido evitar su celebración.

Según la ordenanza de la institución, el triunfo de una votación reprobatoria inhabilita a la Junta de Gobierno durante nueve años. Durante ese tiempo, sus miembros tienen prohibido ocupar cargos en el organigrama. En una carta dirigida a los colegiados, los siete miembros de la dirección han explicado que, de tener lugar, el referéndum abriría un “desconsejable” periodo de interinidad. La crisis sanitaria y la falta de apoyos entre los grupos de representantes del Colegio los empuja a renunciar a sus cargos, “por más que legítimamente estemos en disposición de solicitar el refrendo. La profesión afrontará en los próximos meses un periodo decisivo y vivirá momentos que requerirán de organizaciones fuertes y compactas que representen los intereses de sus colegiados y asociados”.

Tras la dimisión de Belén Hermida y su equipo, una Junta de Edad, pendiente de nombramiento, dirigirá la institución. El traspaso de poderes se escenificará este mismo viernes. Dicho consejo de ancianos operará hasta la celebración de nuevas elecciones, cuya fecha no podrá exceder de un plazo de cuatro meses, de acuerdo a los estatutos del Colegio. El gobierno transitorio estará conformado por los cuatro colegiados ejercientes con mayor antigüedad activa. El mayor de todos ellos actuará de decano en funciones y los siguientes ocuparán sucesivamente los cargos de vicedecano, secretario y tesorero.

Hermida sufrió un primer varapalo a finales de febrero, cuando dimitió la mitad de su equipo de gobierno. Ella vinculó las bajas en sus filas a una vieja polémica: la venta en 2013 de un inmueble de la Fundación COAM, ubicado en la calle de Piamonte. La operación ya se investigó internamente sin mayor escándalo. Pero según su criterio, se trató de un acto irregular, porque no estuvo efectuado de acuerdo al patronato de la sociedad. Ese órgano, relató entonces, fijaba la compra en un mínimo de 4 millones de euros, pero finalmente se vendió por 3,4 millones. Esas acusaciones desembocaron en una denuncia que ella misma interpuso contra el exdecano José Antonio Granero.

La oposición se manifestó en contra. Y para calmar la marejada no fue suficiente con destituir a la directora de Hermida—un cargo de confianza creado ad hoc—, quien ya formó parte del anterior equipo, vulnerando las leyes de la institución que impiden cualquier repetición de cargos gubernamentales. Ricardo Aroca, excecano del Colegio entre 2002 y 2007, censura aquella designación: “Yo colaboré activamente en la redacción de los estatutos. Incluimos una cláusula contra la reelección como un modo de impedir que alguien se atrinchere en la institución. Hermida se equivocó atentando contra ese principio, que me parece absolutamente democrático. Cuando quiso enmendarlo, el daño ya estaba hecho”.

“Me alegro de la dimisión, porque un referéndum habría resultado desastroso para nuestra imagen. Ahora el Colegio de Arquitectos necesita mirar hacia delante, que trabajemos para sembrar el respeto y la concordia. La gente a veces comete errores y el sufragio censitario está para corregirlos. Se abre una nueva etapa y nos toca a todos estar a la altura”, agrega el proyectista, quien previsiblemente ocupará la tesorería de la Junta de Edad. Por delante tiene un palmario esfuerzo procedimental: la elaboración de los censos, su publicación y la difusión y celebración de unas nuevas elecciones a la Junta de Gobierno.

Hermida, arquitecta y pintora, ha alternado la actividad docente con la labor colegial durante su año de mandato. Es profesora en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, donde imparte Proyectos Arquitectónicos. Y forma parte del grupo de investigación Re-Thinking Cities. Desde 1988 ejerce el oficio en solitario, aunque en colaboración con otros profesionales, como el reconocido Rafael Moneo (1989-2007), cuyo apoyo le ha permitido trabajar con clientes significativos del sector público y privado, en proyectos nacionales e internacionales, de equipamiento, obra y urbanización.

Precisamente por su vinculación con la obra pública, la oposición no entiende que la decana cerrara este año la Oficina de Concursos, un comité que vela por la transparencia de las licitaciones e informa a los arquitectos. Juan Mera, representante del grupo Reset y director de la Escuela de Toledo, considera que este organismo es fundamental para la actividad colegial: “Los profesionales jóvenes carecen de una cartera de contactos propia y empiezan presentándose a este tipo de procedimientos que abre la Administración. Rara vez se publicitan suficientemente y el Colegio los ha difundido entre sus socios durante años, para incentivar la participación”.

Sobre la gestión de Hermida planean las pruebas de intrusismo de la líder de Vox Rocío Monasterio, cuyo caso se archivó en el Colegio porque los hechos habían prescrito. Pero lo que terminó de desautorizar a la decana fue la crisis sanitaria. Durante estos meses, el Instituto de Formación Continua del Colegio se ha mantenido casi inoperante, lo que ha mermado en un 80% los ingresos por cursos docentes. Asimismo, el equipo de gobierno rechazó aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Sin embargo, afín de subsanar las repercusiones económicas de la pandemia —que impedían, por ejemplo, arrendar la sede— se solicitó un préstamo al Instituto de Crédito Oficial por valor de un millón de euros. La oposición denuncia que nunca se les informó de ese contrato.

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