La decana del Colegio de Arquitectos pierde en primera votación la moción de censura

En el Colegio de Arquitectos de Madrid, los jardines comienzan a acusar la ofensiva del verano. Unas persianas ocultan la sala donde se desarrolla a puerta cerrada el acto reprobatorio contra la decana, Belén Hermida, que llegó al cargo hace un año. La Junta de Representantes, el órgano al que los colegiados delegan su poder de decisión, ha aprobado este miércoles por 54 votos contra 20 una moción de censura. La primera en casi un siglo de historia de la corporación.

La escena contó con un aforo limitado a causa de la crisis sanitaria, pero se retransmitió en directo para los miembros del Colegio. La decana ya sufrió un primer varapalo a finales de febrero, cuando dimitió la mitad de su equipo de gobierno. Para calmar la marejada no fue suficiente con destituir a su directora —un cargo de confianza creado ad hoc—, quien ya formó parte del anterior equipo, incumpliendo las leyes de la institución que impiden cualquier repetición de cargos gubernamentales. La crispación continuó con el cierre de la Oficina de Concursos, un comité que vela por la transparencia de las licitaciones públicas e informa de ellas a los arquitectos.

De fondo planearon las pruebas de intrusismo de la líder de Vox Rocío Monasterio, cuyo caso se archivó en el Colegio porque los hechos habían prescrito. “Esta es una institución moribunda”, ha pontificado la decana. “El Colegio está completamente politizado y polarizado, el nivel de desafección de los colegiados es enorme y la sociedad se cuestiona, cada vez más, su utilidad y su coste”, expuso, parapetada tras la mascarilla y con la voz quebrada. Un discurso cargado de alto voltaje emocional: “¿Qué habrá hecho esta Junta para que en tan poco tiempo haya despertado reacciones tan viscerales? Os habéis instalado en una resistencia que suele ser destructiva […] Viene por delante la peor coyuntura que hayamos visto y no es momento de estar seis meses a verlas venir y sin un Gobierno sólido”.

“Ni uno solo de los 53 firmantes de la moción ha tenido la ocurrencia, o decencia, de llamarme personalmente”, aseguró Hermida. Tras su ponencia, subieron al estrado seis representantes de los colegiados. Tres lo hicieron para defender la reprobación de la decana y otros tres que le manifestaron su confianza. Entre unos discursos y otros no faltaron los encontronazos a cuenta del orden de intervención. Hizo falta hasta un receso de cinco minutos para calmar los ánimos. Incluso se cuestionó la legitimidad del moderador: “¿Puede tomar el turno de palabra uno de los ideólogos de la moción de censura?”, se preguntó desde su asiento una arquitecta. Con cada palabra, los partidarios de Hermida parecían irritar al gremio y avivar las antipatías de la oposición.

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Seis de los ocho grupos que conforman la Junta de Representantes, una suerte de Senado de la corporación, apoyaron la moción. Hermida, que lleva 28 años como colegiada, encabezó Somos COAM, la candidatura que integró a los dos sectores mayoritarios y que hasta ahora se habían alternando en el poder. De esa plataforma unitaria, hoy despedazada, formó parte Juan Mera, director de la Escuela de Toledo: “Habéis perdido toda la representación con la que contabais hace un año”, afirmó mirando al equipo de gobierno amenazado de desahucio. “No podéis gobernar en una minoría tan abrumadora. La decana ha acusado al Colegio en los medios de comunicación de auspiciar una red clientelar. Sus declaraciones han minado la credibilidad de nuestro oficio”.

Hermida se presentó en aquella rueda de prensa de marzo como víctima de una campaña en respuesta a sus esfuerzos por “limpiar la institución”. Vinculó las dimisiones en sus filas a una vieja polémica: la venta en 2013 de un inmueble de la Fundación COAM, ubicado en la calle de Piamonte. La operación ya se investigó internamente sin mayor escándalo. Pero según su criterio, se trató de un acto irregular, porque no se ejecutó de acuerdo al patronato de la sociedad. Ese órgano, relató Hermida, fijaba la compra en un mínimo de 4 millones de euros, pero finalmente se vendió por 3,4 millones. Esas acusaciones desembocaron en una denuncia que ella misma interpuso contra el exdecano José Antonio Granero.

El gesto enfadó a muchos y se citó en varias intervenciones de este miércoles. El propio Mera calificó aquello como una “judicialización” de la actividad del Colegio. “Vuestra gestión es un desastre, pero es peor el empecinamiento por manteneros en el Gobierno. Es toda una tragedia”, remató a quemarropa. Sobre el estrado cogió el testigo Juan Carlos García-Perrote, profesor de la Universidad Europea y un miembro de Reset afín a la decana: “Es obvio que aquí hay una mayoría proclive a la moción de censura. Pero sería dramático que, en la siguiente fase, los colegiados se manifestaran en contra de la misma. Eso desacreditaría a la Junta de Representantes para el resto de la legislatura”.

Los pasillos fueron testigos de una decena de jóvenes que escuchaban el debate. “Hermida se ha ganado la fama de déspota”, apuntó en el patio uno de ellos. Acudía como oyente a la votación, que como indica García-Perrote debe ser ratificada en un referéndum al que —entonces sí—estarán llamados los 10.000 miembros del Colegio. La fecha de la consulta aún no se conoce. De triunfar, Hermida y su equipo serían sustituidos por un consejo que conforman los cuatro colegiados en activo más longevos. Uno de ellos, será el exdecano Ricardo Aroca. A estos últimos se les encomendará la tarea de organizar las elecciones. Apurando los plazos que marca el estatuto, el proceso bien puede demorarse hasta octubre.

Financiación en la pandemia

La crisis sanitaria ha terminado de desautorizar a Hermida. Durante estos meses, el Instituto de Formación Continua del Colegio no ha tenido apenas actividad, lo que ha mermado en un 80% los ingresos por este concepto. En el presupuesto se preveía recaudar 819.000 euros mediante estos cursos, pero a junio se han recogido solo 202.000 euros. Enrique Manzano, portavoz de Renovación COAM, defiende que “podrían haberse organizado la actividad a distancia, como han hecho muchas universidades y organismos. Pero la decana no ha reaccionado”.

El equipo de Hermida rechazó aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Pero solicitó un préstamo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de un millón de euros, a devolver en un lustro, para hacer frente a la pandemia, que impedía se alquilara la sede del Colegio para la celebración de eventos. La oposición denuncia que nunca se les informó de ese contrato.

A día de hoy, la principal fuente de financiación proviene de los visados (50%), seguido por las cuotas ordinarias (21%) y el arrendamiento de espacios (10%). La deuda pendiente a cierre del ejercicio pasado asciende a casi cinco millones de euros.