Castilla y León suspende en la prevención de incendios y en el reparto de ayudas tras los fuegos de verano

Los devastadores fuegos veraniegos en la sierra de la Culebra (Zamora) causaron cuatro muertes, arrasaron más de 60.000 hectáreas y propiciaron un mantra: “Los incendios se apagan en invierno”. Pero ha llegado el frío a Castilla y León, y no la prevención. Los bomberos de la comunidad denuncian que la Junta, en manos de PP y Vox, no ha preparado ningún plan de anticipación y que las inversiones y contratos prometidos no llegan. La falta de reacción también molesta a asociaciones vecinales, ganaderos o alcaldes de la zona, críticos con que apenas reciben fondos previstos para compensar las pérdidas. La resignación ha invadido estas localidades, que han perdido un singular patrimonio natural y motor económico.

La indignación de los bomberos, latente desde las primeras llamas de junio, se recrudeció el 21 de diciembre. Una carta del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), les agradecía su compromiso en la extinción de los fuegos. Sin embargo, el texto incluía varios de los pretextos dados por el Gobierno regional, que indigna a estos profesionales por la precariedad con la que han trabajado estos meses. “Ha sido una campaña especialmente difícil por las singulares condiciones meteorológicas, la situación de los combustibles y por el violento comportamiento de los incendios”, reza la misiva, que añade que estos focos “se han situado más allá de su capacidad de extinción” y que las “excepcionales condiciones meteorológicas volverán a repetirse”. En esta comunidad ardieron casi 100.000 hectáreas, un tercio del total español en 2022. España acumuló el 40% de la superficie quemada en Europa, mientras que se carbonizó el 6% de la provincia zamorana.

Fuentes de la asociación Bomberos forestales en lucha, que reúne las reivindicaciones del gremio, censuran que “es una vergüenza, nadie ha asumido responsabilidades con cuatro muertes, ni ha habido dimisiones”. Uno de los fallecidos era el bombero Daniel Gullón. “Aquí todo se hizo bien y era inevitable”, ironizan.

Las “singulares condiciones meteorológicas” —en forma de ola de calor en junio— las previó la Aemet (Agencia Española de Meteorología), que alertó de este aumento de temperaturas. Pero la Junta mantuvo el nivel “medio” de riesgo, que reduce los recursos humanos y materiales disponibles. El pasado año fue el más caluroso desde que la Aemet analiza estos parámetros. El primer fuego saltó a mediados de junio. El riesgo “alto” se activa el 1 de julio, según recoge un plan de 1999.

En cuanto a los “combustibles”, los bomberos han expuesto que la carencia de personal suficiente se suma a la despoblación y la falta de rebaños que limpien los terrenos. Así, las chispas pronto se extienden y aumenta la peligrosidad. Uno de los bomberos de Castilla y León explica que el dispositivo se encuentra ahora a un tercio de su capacidad, “pero no están haciendo nada, deberían tener tareas preventivas asignadas”. “Es un derroche, están improvisando o arrancando los camiones porque las baterías están muertas”, señala, destacando deficiencias de algunas bases en Salamanca, “sin baño ni agua potable o luz”. Los compañeros inactivos, de disponer de un plan de actuación, podrían acometer los desbroces o limpiezas de los montes.

Sobre esos frentes “situados más allá de su capacidad de extinción”, los informes de Medio Ambiente revelan que, en los primeros compases de los incendios, su crecimiento iba a un ritmo de apagado factible. Según los brigadistas, de nuevo, carecer de medios impidió acometerlos cuando había margen de limitar su impacto.

Castilla y León, el territorio más grande de España, dedicaba este verano 65 millones de euros anuales a la política de incendios, equivalentes a 13,65 euros por hectárea. Galicia invierte 88,2 y Andalucía otros 39,2 euros por hectárea. La Junta pactó en septiembre con los sindicatos y la patronal un aumento presupuestario hasta 88 millones en 2023, que serán 126 millones anuales en 2025. Quiñones, que en 2018 veía “absurdo y un despilfarro” mantener las cuadrillas completas los 12 meses, aceptó prolongar los contratos. La autonomía cuenta con unos 4.500 bomberos, la mayoría de entidades subcontratadas, aunque sus convenios los definen como “peones forestales”, lo cual acarrea peores condiciones. Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón también han elevado sus presupuestos contra incendios aunque la tendencia nacional es no aumentar las contrataciones. El sector ha reclamado un estatuto del bombero a escala española que garantice adecuadas condiciones laborales.

Estos proyectos, lamentan las brigadas de Castilla y León, aún no se notan. No hay más contratos tras los despidos de octubre, no hay estrategia invernal y no hay nuevos medios. La única prevención la aportan las lluvias. La Junta, consultada a principios de la semana pasada, ha alegado que las vacaciones de la plantilla han impedido recabar estos datos sobre los recursos destinados, la gestión de ayudas o las contrataciones.

Ayudas que no llegan

Al hastío de las cuadrillas se une el enfado de los grandes afectados por los incendios: quienes vivían de la sierra de la Culebra. Un ganadero consultado, que pide que no se le identique, asegura no haber recibido “ni un duro” de la Junta, que comprometió 35 millones de euros en compensaciones. “No han explicado nada, la organización ha sido nefasta aunque hay funcionarios que ganan un dinero considerable para que, pasado el fuego y con la cabeza fría, piensen en estos repartos. ¿Se piensan que con eso pasamos el invierno?”, reflexiona el ganadero, que ha obtenido más ayuda de otros ganaderos solidarios de Zamora o Palencia que de las instituciones públicas.

Solo algunos afortunados han recibido dinero de la Junta, indica Lucas Ferrero, representante de la asociación La Culebra no se calla. Una ayuda de 5.000 euros ha llegado a algunos empresarios con el requisito de tener empleados, de modo que “pequeños autónomos” han quedado fuera. “No han aclarado cómo serán las inversiones ni han dicho cómo van a actuar”, destaca Ferrero, molesto con que el silencio de la Junta, a la que pidió hace un mes una reunión, pero de la que no ha obtenido respuesta.

La desazón se adueña de los vecinos. El alcalde de Tábara (700 habitantes), Antonio Juárez (PSOE), vio en julio cómo las llamas cercaron su pueblo y acabaron causando la muerte de un hombre que trató de contener el avance del fuego. “No vemos nada diferente a otros años en prevención, ni las ayudas de 5.000 euros sirven para nada, el perjuicio en esta tierra va a durar 60 años”, observa el regidor, triste con que se vaya “diluyendo el enfado” veraniego, pues algunos zamoranos “ni olvidan ni perdonan” pero otros se van resignando: “En esta tierra nos vale todo lo que nos den. Es desilusionante”.