La Fiscalía pide casi nueve años de cárcel para los cabecillas de otra presunta trama corrupta institucional de la era de Convergència

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de ocho años y nueve meses de cárcel para los cuatro supuestos cabecillas de una trama de corrupción institucional que anidó en época de la extinta CDC (Convergència Democrática de Cataluña) en la empresa pública Gestió d’Infraestructures (GISA), que después se rebautizó como Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Esta línea de investigación se encuentra vinculada al caso 3%, la presunta trama de financiación irregular de la formación nacionalista, y apunta al amaño de “al menos” una docena de contratos para la concesión de adjudicaciones a un “cartel” de compañías “de confianza” que previamente habían “pactado” los precios de sus ofertas, provocando un “perjuicio para los intereses patrimoniales públicos”, según el sumario.

En el escrito de acusación del ministerio público, fechado el 28 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, se sitúa en la cúspide de la trama a Joan Lluís Quer, expresidente de GISA y condenado este mismo año a dos años de cárcel por la Audiencia de Barcelona por la concesión irregular de proyectos cuando se encontraba al frente de la Agencia Catalana del Agua (ACA); y a Josep Antoni Rosell, ex director general de la compañía autonómica. El duro relato de Anticorrupción señala que ambos “manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos”; “abusaban de su jerarquía”; “presionaban y daban indicaciones para modificar las valoraciones de las ofertas efectuadas por los técnicos”; “influían decisivamente” en las mesas de contratación, e, incluso, crearon “un paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas en los concursos públicos que solo dependía de ellos”.

Por ello, la Fiscalía pide ocho años y nueve meses de cárcel para Quer y Rosell, a los que acusa de pertenencia a organización criminal, fraude a las administraciones públicas y prevaricación. La misma pena plantea para otros dos procesados, Josep Narcís y Tamás Blay, a los que sitúa al mismo nivel y a los que atribuye los mismos delitos. Estos eran, respectivamente, el presidente y secretario general de Asinca (Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña), a través de la cual las empresas de ingeniería bajo sospecha configuraron el “cartel colusorio” —al que denominaron “Nuria Bofill”— que pactaba los precios y que funcionaba supuestamente en consonancia con los máximos responsables de GISA.

Anticorrupción solicita una condena de seis años y tres meses de prisión para otros 13 procesados, directivos de empresas de ingeniería y licitadores en concursos públicos, principalmente.

“Excluir a competidores”

El escrito de la Fiscalía, firmado por José Grinda, resulta contundente. Según expone, desde al menos 2008 los acusados “ejecutaron un pacto para conseguir la adjudicación de concursos de administraciones públicas en el ámbito catalán”, para lo que las empresas acordaban previamente los precios que ofertaban a los concursos. Esta maniobra, que permitía “excluir a otros competidores”, incluía “reuniones de “coordinación” y comunicaciones habituales “mediante cuentas de correo electrónico titularizadas por el nombre del grupo, Nuria Bofill”.

“Acordaron durante años las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y, así, obtener un contrato más beneficioso que aquel que habrían obtenido en condiciones de igualdad”, prosigue Anticorrupción. Dicho pacto, remacha, “se fue extendiendo” a otros organismos públicos, como Regs de Catalunya S. A. (Regsa), la Agencia Catalana del Agua, Aigües del Ter Llobregat, el Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Aigües de Tarragona, Túnels i Accessos de Barcelona (Tabasa), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) y al Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

Esta línea de investigación (llamada Pieza Infraestructuras) se encuentra vinculada al caso 3% —por el que ya se envió al banquillo a 30 personas, además de a CDC y al PDeCAT como personas jurídicas— y se empezó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Vendrell (Tarragona), que seguía la pista a la adjudicación por parte de Infraestructures de determinados contratos a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015. Estas pesquisas aterrizaron en la Audiencia Nacional en 2018, que asumió la causa. Dos años después, en el verano de 2020, el juez instructor José de la Mata ordenó procesar a los 17 implicados. Ahora, una vez que se presenten los escritos de acusación, el tribunal debe decidir si abre juicio oral.