El retorno definitivo del rey emérito no será con este Gobierno

Salvo cambio de última hora, el rey emérito tampoco vendrá a España esta Navidad, según fuentes de su entorno. Será la tercera vez que despida el año lejos de su país desde que el 3 de agosto de 2020 salió de La Zarzuela tras comunicar por carta a Felipe VI su decisión de “trasladarse, en estos momentos, fuera de España” para evitar que los escándalos que protagonizaba dañasen más a la Corona. Como en otras fechas señaladas, Juan Carlos I recibirá la visita de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, de algunos de sus nietos y de sus amigos más fieles en su retiro dorado en una lujosa villa en Emiratos Árabes Unidos (EUA), como huésped personal del jeque Mohamed bin Zayed.

A diferencia de los dos años anteriores, Juan Carlos I no tiene ya ninguna cuenta pendiente en España. La Agencia Tributaria cerró en noviembre pasado la inspección que mantenía abierta por las cacerías a las que fue invitado entre junio de 2014, cuando abdicó del trono, y 2018. El representante legal del anterior jefe del Estado firmó un acta de conformidad y abonó la correspondiente sanción. Aunque no se ha difundido su importe, algunas fuentes la cifran en unos 60.000 euros; muy lejos de los 120.000 anuales en los que se sitúa el listón del delito fiscal.

Ya en diciembre de 2020, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, efectuó una regularización fiscal de 678.393 euros para neutralizar una posible querella por los fondos opacos que le facilitó el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y utilizó para comprar regalos y financiar gastos familiares. En febrero de 2021 hizo una segunda regularización por una cantidad aún mayor: 4,4 millones. Esta deuda tributaria se refería a los vuelos en avión privado que, de 2014 a 2018, le abonó la Fundación Zagatka, que gestionaba su primo lejano Álvaro de Orleans, y que para Hacienda tenían la consideración de renta en especie.

La inspección cerrada este otoño era el último fleco de sus problemas con el fisco y se refería a un asunto en apariencia menor, pero con un potencial demoledor, pues podía reabrir todas las vías de agua laboriosamente taponadas durante los dos últimos años: si se concluía que las dos regularizaciones anteriores no fueron “veraces y completas” quedarían invalidadas y la vía del delito fiscal, reabierta.

Fueron estas regularizaciones —más la inmunidad de que disfrutaba hasta su abdicación, la falta de pruebas en algún caso y la prescripción en otros— las que llevaron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a decretar en marzo el archivo de las tres investigaciones sobre el patrimonio en el extranjero del rey emérito y descartar una querella.

Causa abierta

Si a ello se suma que la Fiscalía de Ginebra también había archivado tres meses antes la investigación por los 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudí, la única causa abierta que se conoce contra Juan Carlos I en una sala de justicia es la demanda por acoso que le interpuso su antigua amante Corinna Larsen. Es un pleito civil en el que Juan Carlos I no se enfrenta a una pena de cárcel, pero sí al pago de una indemnización. Fuentes conocedoras del caso creen que los litigantes han entrado en una espiral en la que ambos están incurriendo en minutas multimillonarias de carísimos despachos de abogados a las que tendrá que hacer frente quien salga condenado en costas.

De momento, Juan Carlos I ha ganado la primera batalla: el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales reconoció el pasado día 6 que el demandado gozaba de inmunidad soberana hasta su abdicación. Aún hay causa por delante, pero han quedado fuera del proceso los puntos más conflictivos: la reunión que el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, mantuvo con Larsen en un hotel de Londres en mayo de 2012, en la que ella asegura haber sido amenazada; y la supuesta entrada de agentes secretos en su apartamento de Mónaco en junio de ese año.

El rey emérito está “crecido” tras estos triunfos judiciales, según quienes han hablado con él. Aunque las decisiones de jueces y fiscales responden en gran medida a los privilegios de que gozaba como jefe del Estado, parecen dar la razón a quienes desde el principio le decían que no había base para actuar contra él y que las investigaciones abiertas respondían a una persecución injusta. Más que nunca, cobraría sentido la frase que espetó a los periodistas que le preguntaron si pensaba dar explicaciones, como le pedía el Gobierno, cuando acudió a Sanxenxo (Pontevedra) en mayo pasado: “Explicaciones ¿de qué?”.

Aunque, tras archivarse las investigaciones de la Fiscalía, el rey emérito comunicó, de nuevo mediante una carta a Felipe VI, su intención de “continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi”, pero viajar “con frecuencia” a España, no ha vuelto a hacerlo desde su polémica visita a Sanxenxo. El espectáculo mediático en torno a su estancia en el puerto deportivo alarmó a la Casa Real y, antes de que abandonara de nuevo España, padre e hijo mantuvieron una larga charla en la que el último le pidió prudencia y discreción.

Fuentes del entorno de Juan Carlos I aseguran que este se limitó a seguir las directrices de La Zarzuela, pero reconocen que, tras aquella malograda experiencia, es difícil que visite España, salvo por causa justificada. Por ejemplo, una circunstancia como el funeral de Isabel II, que llevó a los reyes de España y a los reyes eméritos a compartir banco en la abadía londinense de Westminster en septiembre pasado.

Más lejos está su retorno definitivo. Las mismas fuentes creen que Juan Carlos I no volverá a residir en España hasta que cambie el actual Gobierno, al que atribuye (al menos a parte del mismo) hostilidad hacia su persona. Eso explicaría la prolongación durante meses de las pesquisas fiscales o las críticas públicas de altos cargos. El año próximo estará marcado por el ciclo electoral y ese entorno no es el más favorable para resolver los problemas que suscita su regreso: desde una residencia (que no podría ser La Zarzuela) hasta una asignación económica, de la que carece desde que se la retiró Felipe VI.

El rey emérito no oculta su deseo de estar presente cuando su nieta Leonor jure la Constitución como heredera del trono. La fecha inicialmente señalada era el 31 de octubre de 2023, cuando la Princesa de Asturias cumpla 18 años, pero es probable que el acto solemne se posponga hasta que se constituyan las nuevas Cortes, ya pasadas las próximas elecciones generales.