El texto de la reforma penal supera la oposición cruzada de la derecha y el independentismo duro

La reforma exprés del Código Penal quema etapas a toda velocidad. La comisión de Justicia del Congreso dejó listo el texto este martes, tras un debate de apenas una hora, al tiempo que la Junta de Portavoces convocaba para el jueves el pleno extraordinario que deberá aprobarlo para su remisión al Senado. El texto, que reemplaza el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados y rebaja las penas en algunos de los tipos de malversación, superó el trámite frente a la oposición cruzada de los grupos de derecha y de las formaciones más combativas del independentismo catalán.

El texto aprobado incorpora la enmienda pactada el lunes entre las formaciones del Gobierno y ERC, que deja en cuatro años la pena para los delitos de malversación que no comporten lucro personal, como es el caso de los condenados por la organización del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. La reforma ha servido de cajón de sastre para introducir cuestiones que no figuraban en la propuesta inicial presentada por PSOE y Unidas Podemos, como la fórmula para evitar que el Consejo General del Poder Judicial bloquee la renovación del Tribunal Constitucional. E incluso una sorpresa de última hora: una enmienda para introducir en la exposición de motivos un nuevo párrafo con el propósito —estéril, según los expertos e incluso algunos de los que la apoyaron— de que la aplicación de la ley del solo sí es sí no derive en rebajas de penas para agresores sexuales.

El frenético calendario impuesto por las formaciones del Gobierno y la heterogeneidad de temas que abarca la reforma provocaron nuevas protestas tanto de la oposición de derechas, que reiteró que la recurrirá al Tribunal Constitucional, como de los independentistas contrarios a la nueva norma, e incluso algún leve reproche de Unidas Podemos. Los servicios jurídicos de la Cámara también advirtieron el lunes, durante el debate a puerta cerrada sobre las enmiendas de los grupos, de que la inclusión de las cláusulas que afectan al CGPJ y al TC, tan ajenas al objetivo de la propuesta inicial, podrían contravenir la ley.

La reforma cosechó en la comisión 19 votos a favor —PSOE, UP, ERC y PNV—, 17 en contra —PP, Vox, Ciudadanos, Junts y CUP— y la abstención de EH Bildu. Antes, el debate había dejado una nueva ristra de afirmaciones del calibre más grueso, con la palabra “golpe” reverberando en varias intervenciones. Por parte de la derecha se escucharon cosas así: “Esta es la etapa más negra de nuestra historia reciente”, “la demolición de todo lo que los españoles lograron con la Constitución” (Luis Santamaría, del PP); “un golpe de Estado institucional” (Javier Ortega Smith, de Vox) o “uno de los más graves atentados que ha visto la democracia contra el Estado de derecho” (Edmundo Bal, de Ciudadanos). En el bando izquierdo, Jaume Asens, de UP, también habló de “golpe”, en concreto del “más grave desde el 23-F”, en este caso para referirse al bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial.

Los grupos del Ejecutivo y sus socios defendieron la reforma como un instrumento político para sofocar el conflicto independentista en Cataluña. “Se rectifica la política de Estado que se siguió con la represión de la crisis constitucional de 2017″, aseveró Mikel Legarda, del PNV. “Es un paso para la desjudicialización del conflicto”, convino Jon Iñarritu, de EH Bildu, que, pese a todo, se abstuvo por discrepar de algunas de las calificaciones del nuevo delito de desórdenes públicos.

Sobre uno de los aspectos más controvertidos, la rebaja de las penas en algunos casos de malversación, varios portavoces recordaron que la tipificación actual, que no distingue entre si hay o no lucro personal, fue aprobada en solitario por el PP en 2015. Entonces, según la interpretación que expusieron estos grupos, se trataba de castigar al que era presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la convocatoria de una primera consulta independentista. Carolina Telechea, de ERC, negó que la reforma abra la puerta a la impunidad de algunas actuaciones corruptas y levantó las protestas del PP cuando afirmó: “Si fuese así, la derecha tendría que estar contenta”. UP, que había mostrado algunas reticencias ante ese cambio en la malversación, la apoyó finalmente sin reservas.

A las críticas de la derecha, que persistió en su conocida denuncia de un presidente entregado al “chantaje de los golpistas”, se unió el rechazo de dos de los grupos del independentismo catalán. Tanto Josep Pagès, de Junts, como Mireia Vehì, de la CUP, argumentaron que con la nueva norma seguirían siendo delictivos los comportamientos de los promotores del procés en 2017. “Y Europa ya ha dicho que convocar un referéndum no es un delito”, insistió Pagès.

Por los motivos opuestos, los socialistas también defienden que la nueva norma no deja al Estado inerme frente a un hipotético desafío independentista, como sostiene la derecha. Su portavoz de Justicia, Francisco Aranda, se afanó en no atizar más el fuego con la oposición, aunque le reprochó que tache al Gobierno de “ilegítimo”.