Los vocales conservadores del Poder Judicial exigen un pleno urgente para esquivar la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado este mismo viernes tras la reforma legislativa impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Nueve vocales han firmado un escrito donde piden al presidente del órgano que convoque un pleno extraordinario con un único punto del día: el nombramiento de los dos magistrados del alto tribunal que le corresponde al CGPG, cuya negociación estaba totalmente paralizada. Es más, esta institución tenía previsto celebrar un pleno el 22 de diciembre, pero los conservadores habían descartado alcanzar un acuerdo con los progresistas —que ya anunciaron su candidato, José Manuel Bandrés— en esa fecha.

Este movimiento se produce solo unas horas después de que los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaran una propuesta para cambiar el sistema de elección de los magistrados del Constitucional por parte del CGPJ. Según han explicado las formaciones, su reforma elimina la obligatoriedad de que los candidatos obtengan los tres quintos de los votos del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo un nuevo sistema donde se llega a proclamar a los dos que obtengan más apoyos. Las fuerzas políticas introducen, además, la posibilidad de que se puedan imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva a los vocales o al presidente del órgano si, tras la reforma, persisten en el bloqueo. Y, a su vez, el texto elimina el requisito de la elección simultánea de los dos candidatos del Ejecutivo y los dos del Poder Judicial.

Esta reforma impulsada por los partidos del Ejecutivo no ha sentado nada bien en el bloque conservador del CGPJ. Fuentes de ese grupo se mostraron “alucinadas” y “preocupadas”, y calificaron la propuesta como una “injerencia demoledora” y un “chantaje”. Sin embargo, en el sector progresista consideran que puede ser una solución legítima a la actual situación de bloqueo, según la agencia de noticias Europa Press.

Las nueve firmas

La petición de este viernes de convocar un pleno extraordinario, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, lleva las firmas de nueve vocales: Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Carmen Llombart Pérez, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías Castaño, Francisco Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona Vergara y Wenceslao Olea Godoy. Este último se opuso al nombramiento de Rafael Mozo —en su condición de vocal de más edad— como presidente “suplente” del CGPJ, tras la dimisión de Carlos Lesmes en octubre. El recurso de Olea, que pedía suspender su designación de forma cautelar, fue rechazado por el Tribunal Supremo.

Los solicitantes invocan el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que deberá celebrarse “una sesión extraordinaria si lo solicitan cinco vocales”. Entonces, el reglamento del CGPJ prevé que el presidente tiene que convocar el pleno “dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, e incluirá el tema propuesto en el orden del día”. Este extremo implica un adelanto en el calendario, ya que el órgano de gobierno no tenía previsto reunirse hasta el próximo 22 de diciembre para votar por primera vez los dos candidatos al Constitucional, aunque sin la esperanza de que prosperase ninguna candidatura debido al bloqueo del sector conservador.

El CGPJ vuelve a situarse así en el ojo del huracán. Este órgano debería haberse renovado hace cuatro años —por lo que hay vocales que acumulan nueve años en el cargo, desde 2013 (mucho más de lo que prevé la Constitución)— y el bloque conservador se encuentra abiertamente enfrentado con el Ejecutivo, como ha evidenciado el bloqueo para nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional.

El último intento de negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial acabó, además, con un portazo de los populares a finales de octubre, cuando las conversaciones estaban muy avanzadas y las partes daban casi por cerrado el acuerdo. En ese momento, la formación conservadora explicó que lo hacía porque los socialistas habían incluido en su agenda legislativa la modificación penal de la sedición. Este miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, añadió otro argumento: aseguró que su partido estaba intentando “proteger el Poder Judicial” porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”. Por su parte, en las filas del PSOE señalan a la principal fuerza de la oposición: “Tenemos una justicia secuestrada y unos órganos judiciales cuyo mandato ha caducado hace cuatro años debido a que tenemos un PP fuera de toda realidad democrática”, ha arremetido este viernes Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso.