Final de año de alto riesgo

España se ha colocado esta semana como el país de la zona euro con la inflación más baja. Pero este hito, que se suma al buen dato de paro y a la confirmación tanto por parte del Banco de España como por el BBVA de que se aleja el riesgo de recesión, ha pasado casi desapercibido en el fragor de la batalla política española. El día que Eurostat hizo públicos estos datos de inflación, el miércoles, la atención pública estaba centrada en otro asunto: la tensión en el Congreso por la frase de Irene Montero, que acusó al PP de “fomentar la cultura de la violación”, algo que sentó mal incluso en el PSOE.

En una sola semana, el Gobierno ha multiplicado reuniones internas discretas y choques públicos por distintas leyes: la de familias, la trans, la reforma de la mordaza, la de vivienda, la de protección de animales, y sobre todo la del solo sí es sí, la más problemática. La primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de esta última inquieta mucho al Gobierno, y la posibilidad de tener que hacer ajustes en la norma, que reclaman insistentemente distintos sectores del PSOE, está cada vez con más fuerza encima de la mesa.

Todo está abierto en una especie de negociación masiva a plena luz que está generando una tensión muy alta incluso para un Gobierno acostumbrado a vivir en una permanente tormenta. La sensación de euforia y calma que vivía el Ejecutivo tras la aprobación de los Presupuestos la semana anterior no duró más allá de 72 horas. A este ambiente de vértigo en el cierre del año se suma la crisis constitucional que se está fraguando por la resistencia —de momento— del Tribunal Constitucional, o al menos de su mayoría conservadora, a aceptar la renovación que ha aprobado el Consejo de Ministros de los dos miembros que corresponden al Gobierno.

Pedro Sánchez ha elegido al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de La Moncloa, ambos ex miembros del Gobierno, y el PP y buena parte del mundo judicial conservador han estallado. El bloque conservador del CGPJ, que actúa en clara sintonía con el PP, ha decidido mantener el bloqueo de forma indefinida y no acepta ningún acuerdo con los progresistas para renovar el Constitucional. Y el bloque conservador en este tribunal, que disponde de mayoría, tampoco quiere renovar al menos de momento hasta ver qué pasa en el CGPJ, que tiene convocada una reunión el 22 para buscar una salida.

Y aún queda lo más delicado. Esta semana, en pleno puente, se cierran las enmiendas a la reforma de la sedición. Ahí debería entrar la polémica reforma de la malversación, que ERC quiere promover porque varios de sus dirigentes de segundo nivel están procesados por este delito. ERC desea plantear una rebaja de penas para los delitos de malversación cuando no haya lucro personal, que es lo que sucedió en el procés. Pero el riesgo es que eso beneficie a algunos de los condenados por diferentes casos de corrupción. Y ahí se está creando una línea roja para muchos sectores del PSOE y también en otros partidos de la mayoría de la investidura.

A pesar de este enorme ruido, varios barones socialistas consultados señalan que el PSOE está tranquilo. Lo de Javier Lambán, el presidente aragonés, que esta semana dijo que a España le habría ido mejor si el expresidente asturiano Javier Fernández hubiera seguido al frente del PSOE en vez de Sánchez, se ha quedado en algo aislado. De hecho Lambán lleva varios días pidiendo perdón por sus palabras, que incluso los más amigos consideran un error de libro.

Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, le llamó para que rectificara y Lambán reconoció rápidamente su error.

—Son cosas de los titulares de la prensa —le dijo Lambán, tratando de minimizar esas declaraciones tan duras.

—Mírate bien lo que has dicho. Hay muchas comillas exactas ahí. Revísalo y luego hablamos— le contestó Cerdán, el hombre encargado de hablar con los barones y de tratar de resolver estas tensiones recurrentes.

Lambán escuchó de nuevo sus propias palabras y tuvo que reconocer que había metido la pata.

“Esto ya pasó, ya hicimos esa batalla contra Sánchez y la perdimos en 201″, resume un barón de los que se opusieron al actual líder en 2017, que son la mayoría. " Nos ganó las primarias. Fue hace más de cinco años. Se acabó. Y además Sánchez está gestionando muy bien, tenemos mucho que reivindicar de este Gobierno progresista, que ha salvado a las autonomías en un momento crítico con una enorme inyección de dinero para sanidad y educación”.

Las cosas han cambiado bastante en los últimos meses. El PSOE y el Gobierno están recuperando fuerza en las encuestas y el PP ha frenado su crecimiento. Alberto Núñez Feijóo se está desgastando después del verano, y especialmente tras su polémica decisión de romper las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Y la mayoría de los barones socialistas —Lambán y el castellano manchego Emiliano García Page son las excepciones más evidentes— ya no están pensando tan claramente en alejarse de Sánchez para sus elecciones autonómicas.

Pero a todos les precupa el ruido que llega del Congreso, de la política nacional. Las dinámicas de las agendas autonómicas son muy diferentes, más tranquilas, mientras que el choque permanente, sobre todo con Podemos, unido a la reaparición de Pablo Iglesias como referente en ese espacio, inquieta mucho a los barones socialistas.

Las encuestas no detectan ningún ambiente de cambio. Ni en los territorios gobernados por la izquierda ni en los que están en manos de la derecha. Todos los barones esperan poder renovar mandato. Pero una ola tóxica de la política nacional podría cambiar el panorama.

Los barones están más tranquilos de lo que se podría pensar con la reforma de la sedición. En general creen que es positiva para resolver el conflicto en Cataluña, y que la estrategia de Sánchez está debilitando al independentismo más que nunca. Pero sobre todo, incluso los que no ven clara la reforma, creen que eso ya no tiene coste electoral. “La gente no va a votar en junio por la sedición. Cataluña ha dejado de ser un problema con Sánchez en La Moncloa. Y eso lo percibe la gente en todas las comunidades le guste o no le guste lo que hace. No va a mover un solo voto. La inflación sí, y por eso es tan importante lo de esta semana, se está empezando a controlar”, resume un barón.

Por mucho que el PP o Vox intenten llevar este asunto y los pactos con ERC o Bildu a los Parlamentos autonómicos, que lo hacen, no cuaja, insisten varios de los consultados. Pero estos mismos barones creen que tocar la malversación es una línea roja. Y están inquietos porque La Moncloa no acaba de descartar la idea. “Esto afecta a los delitos de corrupción, creo que visto lo visto también con la ley del solo sí es sí lo mejor es dejar la malversación como está, no creo conveniente tocarla”, dijo el valenciano Ximo Puig en la SER el viernes. Sánchez y su equipo insisten: esperarán a las enmiendas de ERC. Esto es, no descartan el cambio.

El presidente ha dado una orden muy clara que está en el origen de este gran incendio con múltiples focos simultáneos: hay que resolver todos los conflictos ya, antes de final de año, para arrancar 2023 sin tensiones. “La legislatura está agotándose desde el punto de vista legislativo. Enero es inhábil y a partir de febrero o marzo, con las elecciones autonómicas y municipales a la vista, va a ser muy complicado negociar nada. Es ahora o nunca. El mensaje a Unidas Podemos ha sido muy claro. Tenemos que cerrar ya”, resume un ministro.

El PSOE no le está diciendo solo eso a su socio. También le está explicando que, como fuerza mayoritaria, tienen capacidad para dirigir algunas políticas importantes. Y UP debe aceptar algunas líneas rojas que están planteando los socialistas o las leyes, algunas de ellas iniciativas de los ministerios en manos del socio minoritario, correrán el riesgo de quedar aparcadas.

Después de la aprobación de los Presupuestos, que garantiza a Sánchez la estabilidad política —aunque todavía faltan las votaciones en el Senado y de nuevo en el Congreso si hay cambios— los mensajes que llegan desde La Moncloa son mucho más rotundos. Y por eso también la reacción del socio minoritario, en especial del núcleo de Podemos, está siendo más dura, porque ve peligrar sus normas si no cede ante el PSOE.

Desde Podemos culpan al PSOE de enrocarse en varias leyes clave. En la de vivienda, en la reforma de la mordaza, en la ley trans, en la de bienestar animal o en la de familias. Esta última se retrasará de nuevo al menos una semana, sobre todo por una discusión acerca de la definición de los tipos de familias que a los socialistas no les cuadra porque creen que abre paso a una polémica innecesaria en una norma que reparte mucho dinero en ayudas. En la de bienestar animal los socialistas han marcado una línea roja clarísima: los animales de caza tienen que tener un trato distinto. La presión del mundo rural es fortísima. En España hay 800.000 licencias de caza. No es un asunto que afecte a la clase alta, como algunos piensan, sino una afición muy popular en miles de pueblos.. Los socialistas están dispuestos a sacar su enmienda con el PP si UP no la acepta. Así que la ley o sale con esa modificación o quedará aparcada.

Hay mucha discusión de contenido, y esta misma semana ha habido reuniones discretas sobre casi todas las leyes. Vivienda también está atascada por los límites a los precios del alquiler, la limitación de los desahucios o la decisión de pasar los pisos de la Sareb (el banco malo) a un parque público de vivienda y cómo hacerlo. En la ley trans la situación es diferente. El PSOE está más débil porque no tiene el apoyo del PP para su enmienda sobre el control judicial de los menores de 14 a 16 años que quieran cambiar de sexo, y cabe la posibilidad de que la norma siga adelante tal como está.. Ahí los socialistas tendrán que tomar la decisión difícil de aprobarla sin esa enmienda o dejarla caer.

Intensas discusiones

Pero más allá de las discusiones de contenido, muy intensas en estos días porque la decisión es cerrar todo cuanto antes, hay un debate de fondo que inquieta mucho en el PSOE. Mientras en Podemos creen que son los socialistas los que frenan el avance de estas normas, en el PSOE ven al grupo de Ione Belarra e Irene Montero, con una fuerte presencia de Iglesias —que ya incluso anuncia en la SER los problemas de la ley de familias— decidido a forzar la máquina para ganar espacio político pensando ya en municipales y autonómicas. “No tienen ni idea”, replica un dirigente socialista. “Les irá bien si al Gobierno le va bien y sacamos todas las leyes pendientes. La tensión no beneficia a nadie.

En UP hay muchos dirigentes preocupados, tanto o más que los socialistas. Creen que Podemos está forzando al máximo la máquina porque teme que las municipales acaben de debilitar el proyecto que fundó Iglesias en 2014 y que ahora vive una gran tensión con el resto de grupos —con los comunes, con IU— y en especial con Yolanda Díaz, que ha decidido concentrarse en las elecciones generales y dejar las municipales y autonómicas para los partidos.

En Podemos creen que la estrategia de los demás grupos que están reunificándose alrededor de Sumar, el proyecto de Díaz, es esperar que ellos se debiliten en las municipales y autonómicas para que tengan mucha menos fuerza negociadora para las listas de las generales. En los próximos meses se decide el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE. Y ahí se puede estar jugando también el destino del Gobierno y las elecciones generales.

La incertidumbre es total. Pero, de nuevo, Sánchez y los suyos parecen tranquilos. Sobre todo al ver que el PP ha dejado de poner el foco en la economía —esta semana fue muy evidente en el Congreso— porque los datos empiezan a mejorar. Diciembre será un mes de vorágine. Pero 2023 debería arrancar más tranquilo. O no.