La directora del CNI se ampara en la ley de Secretos Oficiales para no responder en la Eurocámara sobre el caso Pegasus

“El CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria [en el Congreso de los Diputados] para dar cuenta de sus actividades y solo ante ella puedo hacerlo. [...] ”. Esta ha sido la respuesta conjunta que Esperanza Casteleiro, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha dado este martes a las 28 preguntas que le han formulado los eurodiputados —entre ellos el expresidente catalán huido de la justicia española, Carles Puigdemont— en la comisión de investigación de la Eurocámara sobre el caso de espionaje con el programa Pegasus. Casteleiro no ha cerrado la puerta a repasar las cuestiones que se le han formulado para ver si legalmente puede contestar a alguna y hacerlo “por escrito”.

La primera intervención de Casteleiro ante los eurodiputados ha consistido en la descripción genérica, sin bajar al caso, de las obligaciones legales que tiene el CNI a la hora de intervenir teléfonos. Ha definido el sistema español como “uno de los más garantistas” y ha apuntado que sus actuaciones se guían “por el principio de legalidad”. Tras el turno de palabra de los eurodiputados, la mayoría han sido españoles, la directora de los servicios secretos españoles, ha esgrimido la ley de Secretos Oficiales para no contestar a las cuestiones formuladas. “Por coherencia y obligación legal, solo puedo responder insistiendo en que la ley reguladora del CNI recoge que las actividades, medios, instalaciones, personal, fuentes de información y datos constituyen información clasificada. [...] No lo puedo hacer en ningún otro lugar que sea la Comisión de Secretos Oficiales.”, ha zanjado.

Casi todas las preguntas y buena parte de las comparecencias, se han centrado en el caso del espionaje a 63 dirigentes dirigentes independentistas a los que según Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá). La predecesora de Casteleiro, Paz Esteban, admitió en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en mayo que el CNI había intervenido los teléfonos de 18 dirigente con autorización judicial. Lo hizo, en teoría, a puerta cerrada, pero la información se filtró. Esos datos han sido utilizados en las preguntas formuladas este martes, pero la nueva responsable de los servicios secretos españoles tampoco ha accedido a confirmar esto.

Probablemente la pregunta más formulada por los europarlamentarios ha sido si el CNI cuenta con Pegasus entre sus herramientas de espionaje. La han formulado tanto Puigdemont como unos de sus adversarios políticos más duros en el Parlamento, Jordi Cañas, de Ciudadanos. Otras cuestiones han versado sobre cómo se destruye el material recogido durante las investigaciones que no tiene relación con ellas, formulada por el socialista Juan Fernando López Aguilar, o si el CNI puede espiar en el extranjero o lo ha hecho en Alemania o Suiza, como ha cuestionado una parlamentaria alemana.

El representante del PP español, Juan Ignacio Zoido, antiguo juez y ministro de Interior durante los sucesos del 1 de octubre de 2017, ha optado por centrarse en los aspectos de Pegasus vinculados al uso del Pegasus para investigar al Gobierno español. “El señor Sánchez ha sido el único presidente del Gobierno que ha reconocido ser espiado. ¿Cómo ha afectado esto a las relaciones y colaboración del CNI con otros servicios extranjeros?”. Tampoco él ha tenido respuesta.

La Comisión el caso Pegasus ya cuenta con un informe preliminar que sostiene que España fue “probablemente” el “primer cliente” en la UE de la compañía israelí que vende el programa informático espía Pegasus. La ponente del texto, la eurodiputada neerlandesa, Sophie in’t Veld (del grupo Renew, en el que también está Ciudadanos) sostiene que las autoridades españolas espiaron a los “objetivos catalanes” vinculados al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los disturbios posteriores. Esos “objetivos” serían “parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas”. Veld subraya que “el Gobierno español] no da ninguna información” en un informe que no expone pruebas propias y sigue lo publicado en prensa.

Al acabar la comparecencia, el eurodiputado Toni Comín, también huido de la justicia, ha subrayado que la intervención de Casteleiro viene a incidir en la falta de colaboración del Gobierno español. Cañas, por su parte, ha atacado el informe de Citizen Lab porque utiliza una metodología “que no es repetible” y, por tanto, no puede ser aceptado como prueba por ser incontrastrable.

Desde el PSOE, López Aguilar destacaba que la directora del CNI española ha sido la única autoridad homologable que ha comparecido en una comisión en la que también se investiga a otros Estados como Hungría y Polonia por el uso de Pegasus. El eurodiputado canario ha defendido que Casteleiro ha llegado hasta donde le permite la ley.