Ayuso carga contra la nueva ley de secretos oficiales por dar competencias a País Vasco, Navarra y Cataluña

El anteproyecto de ley de información clasificada, que establece que los altos secretos del Estado permanecerán inaccesibles durante 50 años prorrogables, o que las autoridades con competencias en materia policial en Cataluña, Navarra y País Vasco podrán decidir qué información es confidencial y restringida, protagoniza el nuevo capítulo del choque constante del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el de España. Todo arranca el pasado miércoles, durante la reunión semanal de los consejeros que integran el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Allí, la presidenta escucha de boca del exmagistrado del Constitucional Enrique López un informe titulado Observaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, al que ha accedido EL PAÍS. Una semana después, los argumentos del documento sustentan este lunes las críticas que la líder conservadora ha hecho a una norma que también ha provocado protestas entre periodistas, historiadores, y partidos cercanos al Gobierno, como el PNV y Bildu.

“La ley va a desenterrar cuestiones de hace 50 años y tapar todos los desmanes del Gobierno en la actualidad”, ha dicho Ayuso durante una entrevista en EsRadio. “Le va a dar total autonomía a las comunidades independentistas”, ha seguido, en referencia a Cataluña, País Vasco y Navarra, que al contrario que el resto de regiones tienen su propia policía autonómica. “Y pueden acogerse a ella incluso subsecretarios de Estado [en las categorías de confidencial y restringida]”, ha continuado la presidenta de Madrid. “De manera aleatoria van a poder tapar todo lo que quiera el Gobierno”, ha añadido. “Nunca se va a poder saber nada de lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez, hasta dentro 50 años, que a saber dónde estamos cada uno”, ha criticado. “¿No se ha reformado [la ley] en más de 40 años y ahora hay urgencia por hacerlo?”.

La pregunta que Ayuso deja en el aire muestra que el PP considera que en esta iniciativa del Gobierno ha encontrado munición para un nuevo enfrentamiento entre Madrid y La Moncloa. Queda menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, y el anteproyecto de ley reúne algunos de los temas favoritos de Ayuso en su estrategia política de confrontación: Sánchez y los independentistas.

Así, el Gobierno de la Nación le remitió al de Madrid el anteproyecto, con carácter de urgencia y a través del Ministerio de Presidencia, dentro del trámite de audiencia habitual. El consejero Enrique López, como titular de Presidencia, fue el encargado de analizarlo, subrayando, de nuevo, la importancia que tiene en el Ejecutivo regional: como es exmagistrado del Constitucional, todas las cuestiones legales complejas pasan por sus manos, desde los tiempos de la pandemia y hasta ahora, cuando ha perdido peso interno por no significarse en la batalla del PP que enfrentó a Ayuso con Pablo Casado.

“No se considera acertada la tramitación de la norma por el procedimiento de urgencia”, critica López en el documento, argumentando que el objetivo de esta es derogar la ley de secretos oficiales, aprobada por el franquismo en 1968, y reformada en 1978. “La norma propuesta amplía excesivamente el tipo de información clasificable a otros ámbitos distintos de la seguridad y defensa del Estado (...) [usando] expresiones que permiten clasificar cualquier información libremente considerada por el Gobierno”, añade. “Tratándose de cuestiones como la Defensa Nacional, la Seguridad del Estado, y otras materias de interés nacional, es cuestionable que se incluya a las autoridades autonómicas competentes en materia policial [entre quienes pueden decidir la clasificación de derechos]. Ello supone una discriminación frente al resto de comunidades autónomas y desvirtúa el sentido nacional y estatal que se pretende con la norma”, subraya. Y destaca: “(...) Lo anterior es tanto más relevante cuanto que dichas Comunidades Autónomas asumirán la competencia para desclasificar información clasificada por el Estado con anterioridad y que verse sobre materias sobre las que actualmente ostenten competencias”.

Frente a las dos categorías de confidencialidad previstas en la ley vigente (secreto y reservado), el anteproyecto distingue cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), en función de en qué grado afectaría a los intereses de España su difusión no autorizada. El primero se refiere a aquella información que causaría un daño extraordinariamente grave; el segundo, grave; el tercero los perjudicaría; y el último les sería desfavorable. En las dos últimas categorías, se puede delegar la facultad de declarar clasificada la información, lo que “debe revisarse, dado el carácter sensible y de especial interés de las materias objeto de regulación”, según opina López, que también considera que “se restringen indebidamente las facultades de acceso a la información por parte de las Cámaras parlamentarias, en especial del Senado”.

Unos argumentos que el Gobierno de Madrid ya emplea en el pulso político que mantiene con La Moncloa desde que Ayuso llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019. Así será el esprint hacia las urnas de mayo: anuncios de medidas contra la crisis que viene; reformas legales en la Asamblea; y choque constante con Sánchez para dotar a Ayuso de una trascendencia nacional que le separe de sus rivales en los comicios autonómicos.

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