“No podemos seguir protegiendo secretos de la dictadura. No es serio”

De la expectación a la frustración. Así ha evolucionado el estado de ánimo de historiadores, archiveros y ONG al conocer primero que el Gobierno aprobaba por fin una nueva ley de Protección de la Información Clasificada y acceder luego a su contenido. Después de reclamar durante años una reforma de la ley de Secretos Oficiales franquista, que clasificaba indefinidamente los documentos y obligaba a los investigadores a peregrinar por archivos extranjeros para conocer la reciente historia de España, el anuncio de la nueva ley abrió la expectativa de una homologación con las democracias más avanzadas.

Aunque todos los consultados admiten que se trata de un paso adelante, critican sus “agujeros negros”; entre otros, que no se aplique retroactivamente la desclasificación automática transcurrido determinado plazo temporal a los secretos de los últimos 53 años; los referidos al final de la dictadura, la transición y los primeros pasos de la recuperada democracia.

Carlos Sanz Díaz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, destaca, como aspectos positivos del proyecto, “que finalmente haya una ley que se adapte al marco constitucional, defina las materias que pueden ser clasificadas y establezca plazos de desclasificación”. También ve “cierto avance” en el hecho de que la Sala Tercera del Supremo tenga la última palabra a la hora de decidir sobre la desclasificación de un documento. No obstante, aprecia “un desequilibrio a favor de la seguridad del Estado y en contra de la transparencia”, con “plazos excesivos e innecesariamente largos” de clasificación (hasta 50 años ampliables a 65 en los altos secretos).

Pero donde ve un auténtico “agujero negro” es en la “no retroactividad de la ley”; la no aplicación de los plazos de caducidad a los secretos anteriores a la entrada en vigor de la misma. En su opinión, estos documentos secretos, acumulados desde 1968, quedan blindados por un “triple candado”: solo puede solicitar su desclasificación una “persona afectada”, lo que parece descartar a historiadores, investigadores o periodistas; el solicitante debe exponer “las razones que justifican la desclasificación e identificar pormenorizadamente la información que se solicita”; y la autoridad puede negarla si considera que se pone en riesgo la seguridad o defensa nacional.

Para Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea, este es uno de los puntos más incomprensibles de la ley: “¿Cómo vas a pedir un documento si no sabes que existe?”. En el archivo del Foreign Office, el Ministerio de Exteriores británico, explica, hay un índice de documentos y los que están clasificados llevan un sello que indica cuándo estarán accesibles al público. El 1 de enero de cada año se abren todos aquellos que han cumplido ya su periodo de clasificación. Pero en España no existe un registro público de documentos clasificados, por lo que el ciudadano no puede hacer esa “identificación pormenorizada” que exige la ley para solicitarlo. Como Sanz, Pereira cree que el plazo de 50 años para los altos secretos es “una exageración” y que la multiplicación de las autoridades con capacidad para clasificar lleva a la “discrecionalidad”. “Recibimos el anteproyecto con esperanza” resume, “pero nos hemos quedado muy frustrados. No podemos seguir protegiendo secretos de la dictadura. No es serio”, concluye.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, cree que el anteproyecto de ley “tal como está redactado, no va a dar pasos sustanciales en relación con [el conocimiento de] la verdad oficial ni va a ilustrar nuestro pasado más reciente”.

Esteban Beltrán lamenta que el texto “no haga referencia a ningún marco sobre derechos humanos ni a los principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la información de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa” o a importantes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es una cuestión baladí, explica, ya que eso se traduce en que no hay una prohibición expresa de clasificar informaciones sobre vulneración de derechos humanos ni establece medidas de protección para los denunciantes (whistleblowers en inglés) que revelen el ocultamiento de estas prácticas. “Algo ilegal no puede ser clasificado”, advierte.

Para Beltrán, es fundamental que los plazos de desclasificación sean automáticos y no se dejen puertas abiertas como la del artículo 19 del texto, que permite “de forma excepcional” volver a clasificar una información que ya ha sido desclasificada; es decir, prolongar el secreto sin límite temporal alguno. En resumen, la nueva ley “tiene una orientación expansiva de las materias secretas, con un limitadísimo control judicial, se basa en categorías tan ambiguas y amplias [de lo que puede ser clasificado y quién puede clasificar] que se presta a las arbitrariedades y sin un marco claro de referencia al derecho los ciudadanos a conocer”. Eso permite, apostilla, aplicar multas de hasta tres millones de euros a quienes difundan una información secreta, incluidos medios de comunicación.

Amnistía Internacional está preparando sus alegaciones al anteproyecto de ley, que se ha sometido a consulta pública entre el 3 y el 12 de agosto, en plenas vacaciones estivales, “un plazo un poco corto y a desmano para que pueda participar la sociedad civil”, se queja Beltrán, que no renuncia a hacer oír la voz de su organización.

Para Henar Alonso, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, lo que hace el anteproyecto es “elevar al rango de ley las normas de protección de la información clasificada del CNI que ya se venían aplicando”. En su opinión, el punto clave es que “no se trata de una ley de documentos clasificados sino de información clasificada, un concepto mucho más difuso y difícil de controlar”.

Las consecuencias prácticas de este aparente matiz son muy importantes, explica, pues toda la legislación sobre archivos está orientada a facilitar el acceso público a la información, mientras que esta ley busca restringir el acceso a la misma. Es llamativo, en su opinión, que ordene destruir los borradores y materiales previos de los informes clasificados, cuando el Código Penal castiga con pena de cárcel al funcionario que destruya un documento bajo su custodia.

Esta experta archivera advierte de que toda la gestión documental se basa en que la información esté identificada, descrita y localizada en un registro. “Si no está clara la obligación de documentar, los plazos [de desclasificación] no van a funcionar y se va a producir el síndrome de archivos vacíos [la falta de documentación de una etapa histórica]”. En su opinión, no aplicar a los secretos anteriores a la nueva ley los plazos de desclasificación supone en la práctica “mantener en vigor la ley de 1968″.