La presidenta del Consejo de Estado discrepa de la “descalificación global” por parte de la ministra Montero del “machismo” de algunos jueces

La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, ha manifestado este lunes su discrepancia con las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en cuanto al “machismo” de algunos jueces por “incumplir” la ley del solo es sí y rebajar las penas a autores de delitos contra la libertad sexual. “No me gustan las descalificaciones globales”, dijo Valerio en la presentación de la memoria de la institución de 2021, para añadir que “a mí no se me ocurriría calificar de manera general las características de ningún colectivo”.

A su vez, el exministro de Justicia y miembro de la permanente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma admitió que este órgano consultivo del Gobierno no hizo advertencia alguna al Ejecutivo sobre la posibilidad de que la ley del solo sí es sí pudiera traer como consecuencia la excarcelación o la reducción de penas a condenados por tales delitos, como está ocurriendo. Ledesma subrayó que dicho proyecto legislativo “también fue objeto de análisis” por parte de instituciones estrechamente vinculadas al derecho penal y su aplicación, como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía (que tampoco formularon dicho aviso).

Valerio y Ledesma pronunciaron estas manifestaciones en el curso de una comparecencia convocada para dar cuenta de la memoria del Consejo de Estado correspondiente a 2021. De hecho, las valoraciones sobre la citada ley del solo sí es sí y la conocida como ley trans —en tramitación— constituyeron el eje de la rueda de prensa. Valerio, nombrada presidenta del Consejo el pasado 31 de octubre, y Ledesma evitaron mostrar queja alguna por las técnicas legislativas que permiten al Gobierno prescindir de los dictámenes consultivos de esta u otras instituciones. Valerio justificó que el Ejecutivo haya recurrido con frecuencia a la aprobación de normas por decreto o por decreto ley, y afirmó que los problemas y emergencias surgidos durante la presente legislatura lo han exigido. “Si ahora no está justificado utilizar estas vías, ¿cuándo podría estarlo?”, se preguntó.

Tanto Valerio como Ledesma destacaron que sí han sido objeto de dictámenes previos del Consejo de Estado algunas iniciativas legislativas especialmente polémicas, en referencia a la ley del solo sí es sí o el proyecto de la ley trans. Preguntada sobre si el Consejo de Estado ha hecho una revisión crítica de su informe sobre la primera de ellas —por haber omitido el riesgo de excarcelaciones o reducciones de pena a autores de abusos o agresiones sexuales—, Valerio afirmó que “el dictamen está emitido y no se ha hecho ninguna revisión (de su contenido), y no sé qué sentido podría tener que hiciésemos una revisión crítica del mismo”.

En cuanto a la controversia por los efectos de la nueva ley y las imputaciones de “machismo” a algunos jueces, hechas por la ministra Montero, Magdalena Valerio afirmó: “No tengo mucho que añadir a lo que están diciendo los tribunales de justicia, las audiencias provinciales, y a lo que diga el Supremo, y no se me ocurriría calificar de manera general las características, el machismo o el feminismo, de ningún colectivo”. Valerio añadió que “en un momento determinado puedo tener una opinión positiva o negativa de una persona o de una acción, pero no me gustan las descalificaciones globales”. Los tribunales de justicia, prosiguió, “están actuando, algún asunto [sobre la ley del solo sí es sí] está próximo a llegar al Supremo, y como en tantas leyes sobre las que a veces se suscitan discrepancias en cuanto a su interpretación, son los tribunales los competentes para resolverlas”, porque “lo importante es respetar la acción del poder judicial”.

Por su parte, el consejero Fernando Ledesma —exministro de Justicia y magistrado del Supremo— subrayó que “el dictamen sobre la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual —la ley del solo sí es sí— tiene 128 páginas, fue aprobado por unanimidad, lo que significa que todos los miembros del Consejo de Estado estuvieron de acuerdo”. Y admitió que no hubo en el dictamen ninguna referencia específica sobre las penas.

Ledesma mencionó asimismo que “el Consejo de Estado sabía que el anteproyecto era informado también por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal” y subrayó que ambas instancias “tienen una competencia específica en relación con esas materias”. Teniendo en cuenta estos factores, el dictamen del Consejo de Estado “se centró sobre todo y fundamentalmente en los problemas relacionados con lo que era o no era el consentimiento, esta es la respuesta que puedo dar”.

La memoria del Consejo de Estado recoge que, a lo largo de 2021 se recibieron 1.303 consultas, de la cuales 1.152 procedieron del Gobierno, 84 de las comunidades autónomas y 65 del Banco de España. Valerio subrayó la rapidez con que la institución formula sus dictámenes y subrayó que el Ejecutivo recurre con frecuencia a las peticiones con carácter de urgencia. También destacó que el 97,27% de los dictámenes fueron aplicados, ”al menos en sus consideraciones esenciales”, lo que da idea —añadió— de “la incidencia que, a pesar de no ser vinculantes, tienen en el día a día de la actividad ejecutiva y legislativa”.