La exministra de Trabajo Magdalena Valerio, nueva presidenta del Consejo de Estado

La exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) será la nueva presidenta del Consejo de Estado, tras la renuncia de su actual titular, María Teresa Fernández de la Vega, que ha permanecido cuatro años al frente del órgano asesor del Gobierno. De la Vega volverá a hacerse cargo ahora de la sección séptima del Consejo de Estado, que fue el puesto que ocupó antes de ejercer la presidencia y que está encargada de los informes sobre Sanidad y Educación.

Magdalena Valerio es en la actualidad diputada socialista por Guadalajara y desde febrero de 2020 preside la comisión de seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo. De hecho, su nombramiento, que se llevará a cabo en el Consejo de Ministros del martes, se debe a una triple condición, la de ser una jurista de prestigio, feminista y con un profundo compromiso social a lo largo de su trayectoria. Lo puso de manifiesto en esta última etapa de su labor parlamentaria con el amplio consenso con que se cerró en noviembre de dicho año la tercera renovación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo.

Antes de acceder al primer Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, Valerio desempeñó diversos cargos en la Administración local y autonómica de Castilla-La Mancha. Entre 1999 y 2005 fue concejal del Ayuntamiento de Guadalajara y más tarde segunda teniente de alcalde, encargada de las áreas de Economía, Hacienda, Patrimonio y Participación Ciudadana, al tiempo que portavoz del grupo municipal del PSOE, para acceder luego al Gobierno autonómico como consejera de Trabajo y Empleo. Tras desempeñar este cargo hasta 2007, pasó a la Consejería de Turismo, que ejerció durante dos años. Luego pasó a la cartera de Administraciones Públicas y Justicia, al frente de la cual permaneció hasta 2010.

A estas experiencias de gestión en diversos puestos de la Administración, Valerio suma una ya dilatada tarea parlamentaria, tanto en la Asamblea castellano-manchega como en las Cortes, donde ha sido diputada durante tres legislaturas. En el Parlamento de Castilla-La Mancha permaneció entre 2007 y 2010, y luego fue secretaria general adjunta y portavoz adjunta en la dirección del grupo socialista del Congreso entre 2014 y 2016.

En etapas sucesivas fue integrante de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones (actualmente también de Inclusión), vocal de la Comisión de Justicia, de la Comisión para las Políticas integrales de la Discapacidad, de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, así como miembro de la Diputación Permanente del Congreso.

Un perfil social

El perfil de Magdalena Valerio es, por tanto, de marcado carácter social, un rasgo que el Gobierno ha elegido en estos momentos precisamente por su afán de proyectar una prioritaria sensibilidad y atención a este aspecto de su gestión. Fueron estas características las que ya la llevaron a hacerse cargo de la cartera de Trabajo en 2018, en reconocimiento a la tarea que había desarrollado a lo largo de su trayectoria hasta aquel momento en responsabilidades vinculadas al mundo del trabajo, la Seguridad Social y las políticas sociales, con experiencia en organismos del Insalud y el Imserso, entre otros. Todo ello ha determinado también que su labor parlamentaria se haya centrado en los mismos ámbitos, donde se ha puesto de manifiesto su capacidad para obtener acuerdos.

En paralelo, María Teresa Fernández de la Vega va a ocupar la plaza de consejera permanente del Consejo de Estado que ha dejado vacante con su renuncia por motivos personales la catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona Victoria Camps.

A De la Vega le quedaba un año de mandato en la presidencia del Consejo de Estado, en el que hubiera podido seguir tras las próximas elecciones en el caso de que el PSOE se mantenga en el Gobierno. La renuncia de Camps, a su vez, ofrecía la oportunidad de que pudiera asegurarse la permanencia por tiempo indefinido en el órgano asesor del Gobierno, ya que el cargo de consejero/a permanente tiene carácter vitalicio.

Los informes del Consejo de Estado no son vinculantes para el Gobierno, pero tienen mucho peso, como se pone de manifiesto cada vez que muestran alguna discrepancia con los proyectos del Ejecutivo. El órgano rector es la comisión permanente, compuesta por nueve miembros, al frente de otras tantas secciones. La sensibilidad jurídica progresista tiene ahora una clara mayoría en esta instancia, que con la presidencia de Valerio y la continuidad de María Teresa Fernández de la Vega se refuerza.