Una manifestación policial por demandas salariales concluye con críticas a la reforma de la sedición

Lo que se anunció como una movilización policial en Madrid para mejorar las condiciones profesionales y laborales de policías y guardias civiles ha concluido este sábado con discursos críticos a la propuesta del Gobierno de reformar el delito de sedición en el Código Penal. La protesta, que ha recorrido las calles del centro de la capital, ha congregado a 6.000 personas, según la delegación del Gobierno ―20.000 según los organizadores―, y ha contado con la presencia de los diputados Ana Belén Vázquez (PP), Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) y Javier Ortega Smith (Vox). Este último ha aprovechado su participación para insistir en el discurso antimigración de su partido y calificar la polémica en torno a la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron, al menos, 23 migrantes y refugiados como “una manipulación de la izquierda”.

La marcha, que partió de la Puerta del Sol y concluyó junto al Congreso de los Diputados, había sido convocada por el Sindicato Unificado Policial (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), las dos organizaciones de agentes mayoritarias en ambos cuerpos hasta que la reciente irrupción de Justicia Policial (Jupol) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil) con un discurso duro contra el gobierno, les relegó a un segundo lugar en las últimas elecciones sindicales. La manifestación de este sábado iba encabezada con una pancarta con el lema Este Gobierno discrimina a policías y guardias civiles para reclamar la jubilación anticipada de los agentes, la jornada laboral de 35 horas semanales y el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial con las policías autonómicas, que firmó con las organizaciones policiales en 2018 el entonces ministro Juan Ignacio Zoido, del PP.

Las organizaciones policiales consideran que las subidas salariales que en los últimos tres años les ha reportado aquel acuerdo ―561 euros brutos más al mes para un policía nacional y 720 para un guardia civil― son insuficientes. De hecho, los eslóganes lanzados durante gran parte de la protesta han girado en torno a estas reivindicaciones laborales, alternados con gritos en los que se pedía la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska o se cargaba contra el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, al término de la protesta la reivindicación profesional y económica se ha visto en parte eclipsada por las críticas a la reforma del delito de sedición que, desde un escenario instalado junto al Congreso, lanzaron los líderes de SUP y AUGC.

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, acusó al Gobierno de “darles la espalda” al afirmar que este había “eliminado” (en realidad, la reforma propuesta plantea reemplazarlo por uno nuevo de desórdenes públicos con una reducción de penas, no una derogación) esta figura penal con la que fueron condenados los líderes del procés: “Cuida más a los delincuentes que a nosotros [los policías y guardias civiles]”. Gracia ha justificado la posición contraria de su organización a este reforma en que, durante los graves altercados ocurridos en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 “todas las piedras nos las tiraron a nosotros”.

En la misma línea, Juan Fernández, secretario general de la AUGC, ha criticado al Ejecutivo por una reforma que, en su opinión, “ningunea todo el trabajo que hicimos [policías y guardias civiles] en Cataluña” aquellos días. Fernández también ha aprovechado su discurso para denunciar lo que ha tildado de “expulsión” de la Guardia Civil de Navarra, por la reciente decisión del Gobierno de transferir la competencia en tráfico, que ahora ejerce el instituto armado, a la Policía Foral. Esta cesión fue negociada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, pero no se había ejecutado hasta ahora. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó este miércoles en el Congreso que hay 100 guardias civiles más en Navarra desde que gobierna Sánchez. “Es falso que se les haya expulsado”, incidió Bolaños.

Las dos organizaciones convocantes ya habían anticipado en parte sus críticas a la reforma del delito de sedición en un comunicado que hicieron público este viernes para animar a la participación en la manifestación. En este documento, aseguraban que la iniciativa del Gobierno provocaba una “sensación de desamparo institucional de guardias civiles y policías, quienes sufrieron pedradas físicas para hacer cumplir la ley que ahora se pretende reformar, una nueva pedrada y más dura de encajar”. En aquel texto, SUP y AUGC aludían a “las imágenes del Piolín” (en referencia a los barcos en los que el Gobierno de Mariano Rajoy alojó a los policías y guardias civiles enviados a Cataluña a hacer frente al desafío independentista) y se preguntaban si “el esfuerzo personal y familiar de cientos de compañeros alejados de sus familias durante dos meses” había servido para algo.

El documento también hacía una crítica a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que en opinión de SUP y AUGC, hace que “la palabra de un agente es tachada de mentira”. En realidad, la reforma que negocia el PSOE con sus socios de investidura no elimina la presunción de veracidad de los agentes, sino que la mantiene. Únicamente incide en que la exposición de los hechos que este haga en el acta que debe rellenar para imponer la sanción administrativa debe consignar un relato de los hechos que resulte “coherente, lógico y razonable”. Este proyecto de reforma, que se encuentra atascado en el Congreso, ya llevó a los policías y guardias a la calle hace ahora un año, en unas movilizaciones que concluyeron con una manifestación mucho más concurridas que la de este sábado. En aquella ocasión, la protesta había sido convocada por las mayoritarias Jupol y Jucil.