El último gran riesgo para la seguridad de las cárceles viene por el aire y tiene forma de vehículos aéreos no tripulados: los drones. Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior constatan un incremento exponencial en el último año del número de alertas en las prisiones provocadas por la presencia de estas aeronaves, utilizadas para introducir droga y otros objetos prohibidos, como teléfonos móviles. Así, en los primeros nueve meses de 2022 se han contabilizado 41 incidentes entre “avistamientos” e interceptaciones de estos aparatos, según una respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta cifra iguala, prácticamente, la suma de los incidentes que estos ingenios habían provocado en los cinco años anteriores, cuando fueron 42 en todo el periodo. El secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, ya admitió en febrero que la “aparición de este tipo de aparatos sobrevolando los centros penitenciarios en toda España” se había convertido en “un problema de seguridad”.

Interior ha impartido en los últimos años instrucciones a los directores de las cárceles para reforzar las medidas de seguridad con las que hacer frente a los drones, a los que la normativa aérea prohíbe expresamente sobrevolar los centros penitenciarios sin autorización. Instituciones Penitenciarias reconoce en documentos internos haber iniciado “evaluaciones y análisis” para instalar sistemas electrónicos para “la detección, la inhibición o inutilización” de estos dispositivos, según recoge su último Informe Balance en Materia de Seguridad, del pasado abril. Un mes después, el Gobierno reconocía en una respuesta parlamentaria a Vox que tiene previsto comenzar a instalar en las prisiones el Sistema de Información Global Contra Dron (Siglo-CD), desarrollado por el ministerio para localizar e identificar a las personas que vuelan estas aeronaves y que ya utiliza la Policía Nacional en núcleos urbanos.

Desde 2017, año en el que se empezaron a registrar en el sistema estadístico de Interior estos incidentes, se han contabilizado 69 avistamientos y la interceptación de 14 de estas aeronaves, según la respuesta remitida por Interior al Portal de Transparencia. En total, 83 alertas, en 46 de las cuales se han intervenido objetos que habían dejado caer o iban a soltar en los patios para que los recogieran los reclusos. Se trataba, en la mayoría de los casos, de teléfonos móviles (22), pequeños paquetes de droga (15) y cargadores para los primeros (13), cuya posesión dentro de la cárcel está prohibida y, por tanto, son muy cotizados entre los internos.

Sin embargo, el dato más llamativo de la estadística es el crecimiento vertiginoso del número de episodios durante 2022. Así, de los seis avistamientos que hubo en 2017 se pasó a uno al año siguiente; cinco en 2019, e igual número en los 12 meses siguientes, para ascender a 15 en 2021. Esta cifra récord ya ha sido ampliamente superada en los nueve primeros meses de este año, cuando se han contabilizado 37 drones sobrevolando cárceles españolas. Respecto a la interceptación de aparatos, la primera no se produjo hasta 2019. Al año siguiente hubo otra y se subió a ocho en 2021. Esta última cifra sigue siendo la máxima, ya que en los nueve primeros meses de este año las aeronaves aprehendidas se había reducido a cuatro.

El análisis de los datos arroja un segundo dato llamativo: la concentración de avistamientos e intervenciones en tan solo 19 de las 81 instalaciones penitenciarias dependientes del Ministerio del Interior (Cataluña y País Vasco tienen transferidas la gestión de los centros ubicados en sus comunidades) y, sobre todo, en tres. Se trata de los penales de Ceuta (con un total de 26 avistamientos —la mitad en el último año— y ocho aprehensiones); Ocaña I, en Toledo (con 13 avistamientos —11 de ellos en 2022—) y Alhaurín de la Torre, en Málaga (con 11 avistamientos —ocho en 2022— y una interceptación). Fuentes penitenciarias achacan el elevado número de episodios registrados en la ciudad norteafricana a la cercanía de las instalaciones con la frontera con Marruecos.

Años de preocupación

Interior lleva años recogiendo en documentos internos su preocupación por este fenómeno. En 2019, un informe de la Guardia Civil advertía de la existencia en el mercado de drones capaces de cargar hasta 100 kilos y, por tanto, de poder utilizarse para la fuga de un recluso. En diciembre del año siguiente, días después de que dos presos escaparan de la prisión de Valdemoro (Madrid), Instituciones Penitenciarias difundía a todos los centros una instrucción en la que advertía de “la utilización de drones para la introducción de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos en el interior de los centros penitenciarios” dejándolos caer en las zonas al aire libre donde acceden los presos. Por ello, reclamaba a los directores de las cárceles que se hiciera “una revisión exhaustiva de los patios” dos veces al día, justo antes de las salidas de la mañana y de la tarde de los reclusos, para evitar que pudieran hacerse con esos objetos si habían sido lanzados desde alguno de estos ingenios que no hubiera sido detectado.

En el informe sobre seguridad del pasado abril, Interior volvía a incidir en estas medidas y pedía reforzarlas cuando se produjera el avistamiento de una de estas aeronaves “con población reclusa fuera de las celdas”. En ese caso, Interior ordenaba que se evitase que los presos deambulasen por “el lugar o lugares donde se mueve el dron, derivando a los internos a las zonas cubiertas y cerradas, ordenando cacheos y revisiones de las zonas de riesgo”. El documento también reclamaba aumentar la coordinación con las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil que cuentan con “elementos técnicos” para interceptar estas aeronaves, en referencia a los rifles antidrones Jammer que ya utilizan agentes especializados en determinados eventos, además de incidir en la necesidad de recabar la mayor información posible en las aprehensiones de estas aeronaves para “facilitar las pertinentes investigaciones policiales”.